Este jueves, el tránsito por el puente Rosario-Victoria estará interrumpido pero no por colectivos ambientalistas, sino por una convoctoria de la que participan la Sociedad Rural de Rosario, productores agropecuarios en las islas, ingenieros agrónomos y asociaciones patronales entrerrianas de Entre Ríos. Y el motivo es inverso: no quieren ley de humedales, rechazan normativas de regulación de uso del suelo y priorizan las actividades lucrativas privadas y la propiedad privada. Será el mismo día que un plenario de tres comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación continúe con el tratamiento de varios proyectos de preservación, tras un cuarto intermedio de una semana.
Los que adhieren o convocan al corte que, aclararon, será intermitente para “no complicar” a quienes necesiten transitar por el paso interprovincial, son la Sociedad Rural de Rosario, la Comunidad Islera Asociación Civil (Ciac), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (Fadia) y otras organizaciones. Será a partir de las 10, y la cita es en la estación de peaje de Entre Ríos.
“El proyecto se remite a las leyes existentes, que son muy buenas, pero nunca se han aplicado. Se ha acusado a los productores de generar los incendios y eso nada tiene que ver con la realidad. Esa ley atenta contra la propiedad privada y contra la producción, porque si para cada cosa que uno quiera producir deberá pedirse autorización a personas que nada entienden de esto, los pequeños y medianos productores se perjudicarán mucho”, argumentó el productor Enrique Goset.
Las consignas de la movida van en el mismo sentido: “No queremos leyes nuevas, habrá más gasto público y mayor ineficiencia del Estado”. Y, además, con el mismo discurso, una de las convocantes, Ciac, expande la idea al rechazar lo que considera embestidas contra el sector al mencionar “aumentos de retenciones, (intento con marcgha atrás de) expropiación de Vicentín (la corporación que defraudó a bancos, productores y el fisco por unos 1.500 millones de dólares), quema de islas, rotura de silobolsas, pedido de ley de humedales”.
“Este es un país en donde se ataca permanentemente a la producción. Toda persona que quiera producir fuera del estado es mal vista”, agregó el productor Goset.
Con idénticas palabaras que la del diputado nacional formoseño de Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile (ex ministro de Agricultura en la gestión Cambiemos), que dirige la Comisión de Agricultura de la Cámara baja y forzó la postergación de un dictamen el jueves pasado, los ingenieros agrónomos agrupados en Fadia rechazaron que “una ley de presupuestos mínimos deba lograrse con apuro”. Los colectivos que respaldan el proyecto consensuado en 2020, reingresado por el legislador Leonardo Groso (presidente de la Comisión de Recursos Naturales), respondieron que la necesidad de una normativa integral sobre humedales se viene discutiendo desde 2012, año en que comenzaron a perder estado parlamentario sucesivos proyectos presentados.
Fadia, en la comisión que dirige Buryaile, planteó que “la sociedad necesita leyes que sirvan para los propósitos que se pretenden alcanzar, que tengan acuerdos básicos, con consulta previa con los actores involucrados, con un enfoque de gestión territorial integral, que equilibre factores productivos, desarrollo social y sostenibilidad ambiental, respeto al federalismo y al conocimiento científico aplicado”. De nuevo, los ambientalistas explicaron que la normativa que impulsan no va en el sentido de prohibir toda intervención humana, sino regularla para que no destruya ecosistemas en una dinámica que, en última instancia, a mediano plazo, atentará contra las mismas producciones que se exponen en peligro por la ley.
“Es proyecto es altamente prohibitivo en todos los sentidos, en la producción y la infraestructura”, reforzó el rechazo la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi. “Necesitamos que se cumplan las leyes vigentes, pero si fuerzan una ley, eso no generará que se apaguen los fuegos. Debería sancionarse una norma en todo caso donde se promueva el desarrollo social, económico y se cuide el ambiente”, completó la referente de la entidad. Lo mismo señalan los ambientalistas: el proyecto por sí mismo no soluciona el problema, pero fija un marco nacional al que las provincias, que detentan los recursos naturales en sus jurisdicciones, deben adherir.
La protesta de este jueves es organizada por uno de los sectores que rechazan la ley, que además de humedales como los del delta del Paraná contempla otros, como los salares. Los lobbyes que este año, como en los anteriores intentos de aprobar una regulación, buscan frenarla, incluyen a los intereses de la minería y los negocios inmobiliarios.
El productor Goset agregó argumentos en contra de la ley que, en otro sentido, comparten los ambientalistas: e Estado, en todos los niveles y poderes, permanece ausente ante a devastación de cientos de miles de hectáreas de territorios frágiles que ofrecen una diversidad de servicios ecosistémicos. “El proyecto se remite a las leyes existentes, que son muy buenas, pero nunca se han aplicado. Se ha acusado a los productores de generar los incendios y eso nada tiene que ver con la realidad”, dijo el productor. Y agregó que las islas (entrerrianas) están totalmente desprovistas en ese sentido, con tres comisarías para 360 mil hectáreas”.
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