El ministro de Salud de la provincia, Mario Drisun, se reunió ayer con el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, quien le adelantó que está “pronta a salir” la reglamentación de la ley 27.113, que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), aprobada por el Congreso Nacional a fines del año pasado. La norma es complementaria de una ley anterior, la 26.688, votada en 2011, que declara de “interés nacional” la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como “bienes sociales”. Ambas normativas, en conjunto, avanzan sobre un terreno que a nivel global se mide en miles de millones anuales –de la moneda que se prefiera– por lo que son identificadas como una legislación de “soberanía sanitaria”. Y en ese marco, tanto la provincia de Santa Fe como la ciudad de Rosario aparecen como actores clave a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y el Laboratorio de Especialidades Médicas (LEM) de los estados provincial y municipal, cuyas estructuras son dos de las sólo 12 con capacidad de fabricar medicamentos en todo el país. “Fue notable el interés y compromiso del titular de Salud nacional de trabajar en conjunto”, resumió el ministro santafesino.
Drisun celebró ayer los “avances” de las tratativas entre la provincia y la Nación “para favorecer la producción pública de medicamentos”. En ese marco, el titular de la cartera sanitaria describió como “un encuentro productivo y prolongado”, su reunión con el ministro Gollán.
Precisamente, Drisun llegó al despacho de su anfitrión acompañado por cuatro de los miembros del directorio del LIF, Carlos Arques, Daniel Salomón, Diego Bruno y Guillermo Cleti. Y aunque en el encuentro de alto nivel se abordaron previamente temas relacionados con el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, las “maternidades seguras”, recursos humanos en salud, y situación general de los médicos anestesistas en el país, los puntos finales de la agenda fueron el Progama Remediar y la producción pública de medicamentos.
Dentro de la ley todo
Uno de los datos clave de la reunión fue la confirmación por parte de Gollán a Drisun de la reglamentación de la ley 27.113. La norma fue aprobada el 17 de diciembre de 2014 y promulgada y publicada en el Boletín Oficial el pasado 28 de enero. Su primer artículo es categórico para explicar sus fines: declara “de interés nacional y estratégico” la actividad de “los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos”.
Y en su segundo artículo, que define su objeto, plantea que la finalidad es “promover la actividad de los laboratorios de producción pública”, incluyendo en ese marco a “los que pertenecen al Estado nacional, provincial, municipal y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de las Fuerzas Armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal”.
“Lo que pretende es fijar a la producción pública de medicamentos como una verdadera política de Estado, independiente de los gobiernos y de los partidos políticos”, explicó la diputada del Frente para la Victoria Ana Carolina Gaillard, autora de la norma.
Para ello, la ley crea la Anlap, agencia que funcionará como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, con autarquía económica y financiera, y con personería jurídica propia.
A través de la Anlap se buscará financiar la investigación y desarrollo de nuevos fármacos para su posterior elaboración en laboratorios públicos, y a la par articular las actividades entre los laboratorios.
En todo el país funcionan no más que una docena con “capacidad industrial” y dependen de provincias, municipios, y universidades. Y junto a otras farmacias públicas que tienen capacidad de elaboración de recetas magistrales, conforman una red más de 30 espacios que, en diferentes escalas, producen medicamentos. Y en ese esquema el LIF, que va camino hacia sus siete décadas de existencia –se comenzó a conformar en 1947– y el LEM, que arrancó en 1992, ocuparán un lugar estratégico por sí mismos, pero también en articulación con la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario y áreas de los Estados provincial y municipal.
“La idea es que la Agencia realice acciones concretas que permitan la promoción de inversiones pero que también articule a los productores con las unidades de investigación de las universidades, por ejemplo”, explicó al promulgarse la ley 27.113 el doctor en bioquímica Patricio De Urraza, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
Áreas viejas, desafíos nuevos
En la mesa que encabezaron los ministros Gollán y Drisun, los funcionarios presentes hicieron hincapié en potenciar la estrategia de la producción pública de medicamentos como “una herramienta que permita sostener los precios de medicamentos en niveles más cercanos a los costos de producción”. En esa dirección citaron el Programa Remediar –al que el LIF y el LEM abastecen– para que los sectores más vulnerables tengan acceso universal a medicamentos, en particular a los que tratan problemas específicos, que en el mercado están fuera de alcance para buena parte de la población. Uno de los ejemplos claros de esa estrategia es Brasil, que desde hace casi dos décadas mantiene una fuerte pulseada con Estados Unidos por aplicar una ley de Patentes propia que le permite fabricar medicamentos por fuera de la propiedad intelectual en casos de “emergencia nacional”. Así lo hizo con antirretrovirales utilizados en los tratamientos contra el VIH que habían tenido aumentos considerables de precio, sin que los precursores utilizados hubieran originado tales variaciones. La normativa del mayor socio del Mercosur lo habilita a actuar así frente a cualquier pandemia, como la que se temió que provocaría la gripe A un lustro atrás, y la actual alerta por la fiebre de Chikungunya.
En ese marco, Drisun postuló que “la estrategia fundamental es fortalecer el primer nivel de atención como eje del sistema de salud”. Y Gollán resaltó que “es fundamental la presencia del Estado, cuando se considera la salud de la población como un bien social”.
Las joyas de la salud
Fue, según su propia reseña histórica, 1947 el año en que el gobierno laborista de Santa Fe de Waldino Suárez se propone instalar un establecimiento estatal –ya entonces con el nombre de Laboratorio Industrial Farmacéutico– de elaboración de medicamentos, en sintonía con la nueva agenda sanitaria impulsada por Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de país. Pero faltarían cuatro décadas para que la iniciativa se cristalizara en realidad: recién en 1987, a pocos años de la recuperación de la democracia, el Congreso provincial sancionó la ley 10.069 que creó el Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales. Dos años después, el todavía LPFM dejó de ser una División de la Dirección de Abastecimiento del Ministerio de Salud santafesino para adquirir el rango Dirección General, con una planta propia de personal y un porcentaje en el presupuesto de la cartera sanitaria. Y diez años después, en 1999, es cuando pasa a ser una sociedad del Estado, a través de la ley 11.657. Finalmente en 2007 se produce el cambio de nombre del LPFM por el original, y desde entonces es el LIF. Pero mucho antes que el LIF pasara a ser una sociedad del Estado, en 1992, durante la intendencia de Héctor Cavallero, precisamente bioquímico de profesión, comienza a funcionar el homólogo del LIF a nivel municipal. El Laboratorio de Especialidades Medicinales tomó a su cargo la producción de medicamentos para los efectores locales orientados a la atención primaria de la salud. Y es en 1996, a través de la ordenanza 6.310, cuando pasa a tener la figura de sociedad del Estado, antecediendo al mismo LIF.
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