“Hoy, la tierra que no se ocupa, es tierra que la usurpan”, sentencia el concejal Héctor Cavallero. Con esa premisa el ex intendente presentó el proyecto de decreto que se aprobó en la última sesión del Concejo Municipal, que encomienda al Departamento Ejecutivo realizar un relevamiento de todas las tierras que la Nación, la provincia y cualquier otro organismo descentralizado posean dentro de los 178 kilómetros cuadrados que ocupa la ciudad. La idea, según transmitió el edil a este diario, es que el operativo arranque de inmediato para completar en los próximos 60 días un mapa de todas esa extensión y de su condición actual, avanzando en ese mismo plazo en convenios con clubes, entidades sociales y deportivas, ONG y otras entidades para cederlos en comodato “hasta que Planeamiento municipal pueda decidir su destino en el marco de una planificación de la ciudad para los próximos 20, 50 ó 100 años”. El proyecto, que recibió acompañamiento unánime en el Cuerpo Legislativo, no era desconocido en los máximos niveles del Ejecutivo local, donde entienden que avanza en la dirección apropiada. “Me parece que va en un sentido que compartimos. Es una buena iniciativa y se puede potenciar”, marcó el secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado.
La idea de Cavallero es atacar al mismo tiempo una cantidad de factores. No se trata, explicó el edil del Partido del Progreso Social, solamente de prevenir la ocupación de terrenos, sino de darles un uso social provisorio hasta que se cuente con los recursos o el plan para poner proa a su destino definitivo. Hay decenas de predios que salpican la ciudad que están dentro de las características planteadas por el proyecto: muchos pertenecen a la Nación –“La mayoría son áreas ferroviarias”, marcó el secretario de Planeamiento municipal, Pablo Barese, pero también los hay de la ex Dipos y de la actual Aguas Santafesinas, de la EPE, y otras reparticiones de la provincia. Y además de los que tras el desguace final de Ferrocarriles Argentinos en los 90 están hoy en manos de la Administración Nacional de Infraestructuras Ferroviarias, también hay de Vialidad Nacional y de la antigua Dirección de Puertos, entre otras áreas. “El costo económico y sobre todo el costo humano que implican los desalojos y la relocalización de familias en terrenos ocupados es mucho más alto que garantizar que sean de uso público. Se trata de alentar la convivencia y no la conflictividad social”, explicó Cavallero.
Uso público
El edil imagina que los terrenos serán cuidados por los propios vecinos si se abren a la comunidad. Canchas de fútbol y de otros deportes, parrilleros, mesas y bancos, también canchas de bochas y juegos de mesa –“Parte de la infraestructura tiene que estar destinada a los adultos mayores, que en Rosario son el 12,5 por ciento de la población, más de 125.000 personas”–, advirtió Cavallero–, entre otras iniciativas cumplirían esa doble función de evitar la usurpación y estimular actividades sociales, culturales y deportivas. Pero también menciona una tercera pata, que es el involucramiento de la Municipalidad en los destinos a mediano y largo plazo. “Eso implica que, si se va destinar para viviendas sociales, se pueda ir trabajando desde el vamos en la infraestructura, como agua y cloacas”, describe el concejal. Y menciona que ese es, precisamente, un problema recurrente en nuevos –aunque también viejos– barrios, donde por lógica no sólo se impermeabilizan tierras sino que se emiten efluentes pluviales y cloacales de las mismas viviendas. Y explica que no sólo la infraestructura sino también la planificación previa –por caso zonas anegadizas– habrían permitido sortear problemas que hoy vecinos padecen.
Como ejemplo del plan, el ex intendente menciona la ocupación de terrenos ferroviarios hasta el límite del terraplén con viviendas, que ahora impiden que la reactivación el tren Rosario-Buenos Aires pueda abarcar el tramo desde el Apeadero Sur a Rosario Norte. “Hay que relocalizar a 2.350 familias. Y nos va a salir más caro desde lo económico y también desde lo humano”, advierte.
Otro de sus ejemplos son asentamientos que se fueron alzando entre avenida Francia y Ovidio Lagos, por donde pasaba otra vía férrea antes de los 90. “Esos terrenos están al borde de un polígono industrial importantísimo, y donde debería haber una escuela técnica para capacitar a los jóvenes del barrio y que tengan trabajo en esas empresas”.
Un tercer ejemplo tiene a maltraer a los vecinos de calle Junín y Nicaragua, Brasil y México, a metros también de los terraplenes ferroviarios, y en lo que es un amplio y arbolado barrio. “Había cinco ONG que tenían proyectos y venían advirtiendo sobre terrenos ocupados. No se hizo nada y se terminó instalando un búnker: lo demolieron y volvió. Ahora muchos vecinos se están mudando porque ya no pueden vivir ahí”, describió Cavallero con gravedad.
En todos los casos, marca, los terrenos que ahora son fuente de conflictos son estatales.
Una chance
“Nosotros tenemos hecho el relevamiento de tierras de la ciudad. La mayoría de los terrenos municipales son hoy espacios públicos, plazas y centros deportivos. Y la mayoría de los 350 clubes de la ciudad están asentados en comodato sobre terrenos públicos, con cesiones precarias que se han ido renovando”, marca el secretario Barese.
El titular de Planeamiento marcó de igual modo que muchos de los terrenos de provincia y nación no están en desuso, pese a lo cual han sido “intrusados”. Y así dio también viabilidad al planteo del ex intendente que, en rigor, no será simple: se anticipa al menos un constante trajinar entre dependencias de otros niveles del Estado hasta que la Municipalidad pueda ir avanzando en convenios y planes que la tendrán como mediadora además de parte, cursando propuestas de planificación estratégica y coordinando acciones con provincia y Nación.
“Tenemos la obligación de hacerlo”, insiste Cavallero. Y recuerda cómo, en coordinación con la Nación se logró destinar el predio de Juan José Paso y las vías del Ferrocarril Mitre al club “La Gloria”, desactivando una ocupación irregular y garantizando un uso público de terrenos, en lo que entonces no asomaba aún como una contribución a la seguridad de los vecinos, y que hoy lo es.
Piden informes por la inundación y la costanera
En la sesión del jueves, el Concejo aprobó pedidos de informes presentados por ediles de distintos bloques sobre hechos y situaciones clave. Uno de ellos, también del edil Cavallero, pide al Ejecutivo que remita el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos por el que se decidió no otorgar ningún tipo de resarcimiento a vecinos del barrio Antártida Argentina por las inundaciones que padecieron el 19 y 20 de diciembre de 2012, que dejaron anegadas esa zona de Fisherton –donde el agua entró a las casas y subió hasta un metro– y una decena y media de barrios de la ciudad. Abogados dijeron que vecinos harán una demanda colectiva –son unas 400 familias las que participan– contra la provincia y la Municipalidad, a los que responsabilizan por la situación.
Otro de los pedidos de informe se refiere a la concesión de terrenos en parque España. Lo presentó el edil del PRO Carlos Cardozo, pero generó una fuerte controversia entre el radical Jorge Boasso y el socialista Manuel Sciutto. El primero rememoró que, 13 años atrás, se presentó un único oferente, dos semanas después de que el canon se rebajara de un 7 por ciento a un 7 por mil –en una fórmula que, entre otras variables, toma la facturación bruta de lo que después fue el restaurant Don Ferro–. El segundo recordó que, precisamente por la crisis, en aquellos tiempos no había inversor alguno, por lo que se flexibilizaron condiciones. Cardozo terció recordando que pedía precisiones sobre el espacio de uso público que está al aire libre entre el gimnasio que funciona entre La Pérgola y la estructura vidriada, y que se utiliza en forma privada. Y recordó que subalquilar el espacio concedido es causal de rescisión del contrato.
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