A raíz de la aprobación de una iniciativa de la presidenta del bloque FPV-PJ Norma López, el Concejo convocará al fiscal General Jorge Baclini y a la Unidad de de Delitos Sexuales de la Fiscalía a participar de la comisión de Labor Parlamentaria para que informen sobre el funcionamiento del Registro Provincial de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
“Si bien el anuncio del gobierno nacional que habilitará este registro para todo el país es una buena noticia, tememos que se diluya entre tantos otros anuncios y promesas que se han hecho en el marco de la violencia de género. Seguimos contando mujeres muertas aquí en Santa Fe y en el resto del país. Desconocemos la existencia de este registro a nivel provincial, ni que definiciones se tomarán al respecto”, explicó la concejala.
En tanto, esta convocatoria fue aprobada el pasado jueves, es de suma importancia para avanzar en mejorar las políticas públicas que sirvan para disminuir las preocupantes cifras que tenemos respecto de la violencia de género y los femicidios. “Debemos plantear la necesidad de un debate amplio, participativo y democrático para poder definir algunas cuestiones que tienen que ver con la reincidencia de los violadores, del abuso sexual seguido de muerte y del actuar de la Justicia al respecto, en el marco del cumplimiento de los derechos de las personas en situación de encierro, y de garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto”, determinó López.
Se convocará específicamente al Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, y a representantes de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Sexuales a concurrir a una reunión con los concejales integrantes de la comisión de labor parlamentaria para hablar de este Registro a nivel provincial. Según explicó la edila, el encuentro debe servir también para saber acerca de las salidas anticipadas, reincidencia, y accionar del poder judicial.
Para finalizar, López remarcó: “El caso de Micaela García manifiesta la urgencia de efectivizar la formación y capacitación y prevención con perspectiva de género en todos los niveles y poderes del Estado. Siendo fundamental que todo miembro del poder judicial incluya esta perspectiva, de acuerdo a lo establecido en la ley nacional 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
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