Ciudad

Reconquista

Reclaman reparación por abuso

Es para una joven que fue sometida por su padre durante 13 años. Pese a que lo procesaron, luego lo absolvieron ya que la Justicia en segunda instancia se basó en consideraciones que organizaciones de género repudiaron.


C.E.R es una mujer de Reconquista que denunció a su padre por reiterados y sistemáticos abusos sexuales. Si bien el acusado fue procesado, la forma discriminatoria en evaluar un abuso sexual en el norte de la provincia determinó la absolución del acusado. El caso fue el primero en el país en llegar a la ONU, pero hace justo un año se firmó el acta de la reparación histórica refrendada por el Ministerio de Justicia, y las áreas de Desarrollo Social y de Género. “El gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto para formalizar la reparación histórica de esta joven y se está incumpliendo”, manifestaron las mujeres que llevaron adelante el caso.

“El caso CER es un caso testigo en la provincia de Santa Fe por la vulneración de derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes que el Estado provincial deberá reparar. Es imposible tolerar que una persona por ser mujer y pobre, deba ser sometida a delitos sexuales y que estos vejámenes no puedan acceder a la Justicia por un accionar discriminatorio de los jueces y fiscales santafesinos y con un Estado provincial lento a la hora de resolver estas situaciones naturalizando este tipo de violencia. Por estas razones presentamos ante la ONU la situación de esta joven y logramos luego consensuar con el Estado una agenda reparatoria para CER y la comunidad santafesina”, afirmaron la presidenta del Concejo Municipal de Reconquista Soledad Zalazar, Susana Chiarotti, Viviana Della Siega y Gabriela Filoni, integrantes de las organizaciones Insgenar y Cladem, la psicóloga Graciela Sosa y la  concejala Norma López (FpV) de Rosario.

“Hace 6 años tomamos contacto con el caso de una joven de 19 añosde la ciudad de Reconquista en el departamento Gral. Obligado –a quien llamamos CER para preservar su identidad–, que denunció a su padre, quien desde los 13 años, la violaba sistemáticamente, conducta que repetía con otras hijas”, detallaron.

Y recordaron que el 16 de junio de 2011, el Juzgado en lo Penal de Instrucción del Distrito Judicial Nº 4 de Reconquista ordenó el procesamiento del padre de la joven, por encontrarlo autor responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado, reiterado en número indeterminado de veces.

Sin embargo, el juez de Sentencia en lo Penal de Vera, Nicolás Muse Chemes, sobreseyó al imputado el 14 de marzo del 2012, considerando que tenía dudas y falló a favor del acusado. El 23 de agosto del año 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria del imputado, que quedó firme ya que el fiscal no apeló la resolución. El imputado volvió a su barrio y organizó una fiesta a la que invitó a familiares y vecinos para festejar su libertad. Las víctimas tuvieron que dejar la casa paterna.

“CER no tenía ninguna representación legal y no fue notificada de la sentencia, que recién conoció a principios del 2013”, explicaron.

Entonces la joven se comunicó con organizaciones de mujeres y se organizó un equipo que revisó el expediente y las sentencias y encontraron que el acusado fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y mitos sobre la violación. “Alarmadas frente a otra sentencia que garantiza la práctica violatoria incestuosa por un Poder Judicial cómplice  de una sociedad que ha naturalizado estos delitos en el norte santafesino, decidimos llevar el caso ante el Comité que vigila la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), de la ONU, en Ginebra”, destacaron las mujeres.

El Comité admitió el caso, que pasó a ser el primero en la historia del país que fue aceptado en esa instancia internacional.

El 3 de diciembre de 2014 se realizó la primera de las reuniones en el Consejo Nacional de la Mujer en la ciudad de Buenos Aires, donde se empezó a acordar una agenda de reparación para CER y otra agenda de garantías de no repetición por parte del Estado de Santa Fe, donde entre otras cosas se solicitó la capacitación y formación de los integrantes del Poder Judicial Provincial y todos los entes del Estado; la capacitación a medios de comunicación para resguardar la intimidad de las víctimas en casos de violencia sexual; y un acto público de pedido de disculpas por parte del Estado.

“A tres años de aquella primera reunión, donde el Estado provincial prometió reparar, la víctima aún sigue esperando. Mientras tanto, el Estado consiguió detener la marcha del caso a nivel internacional. La justicia lenta no es justicia”, sostienen las denunciantes.

Los puntos del acuerdo

En el acta acuerdo firmada se pedían una serie de reparaciones para con la víctima que el Estado debía cumplir. Las peticionantes reclamaron en qué consistía la reparación para CER:

Solución habitacional: Según detallan se entregó una vivienda en Nuevo Alberdi (Rosario) y se encuentra en trámite la solución laboral definitiva de CER de conformidad con la legislación vigente. Hasta tanto se formalice dicho ingreso, el Estado continuará garantizando integralmente la asistencia material e integral.

Requerimiento de Indemnización de daño material y moral de la víctima.

Capacitación a operadores del sistema de justicia.

Investigación de jueces, fiscales y demás operadores de justicia intervinientes en el proceso penal a efectos de determinar eventuales responsabilidades.

Requerimiento de capacitaciones en tratamiento mediático sobre niños, niñas y adolescentes y abuso sexual con perspectiva de género y de DDHH.

Antecedentes inmediatos en el Chaco

El antecedente inmediato del caso CER fue el de Liz Noelia Pérez (LNP), que puede considerarse como un antes y un después. No sólo para las mujeres y los pueblos originarios del Chaco, sino también para el Derecho. Liz es una joven toba, que fue violada por criollos cuando era una adolescente y que tuvo que padecer el horror de que la Justicia le diera la espalda. Todo adquirió otra dimensión cuando el caso fue tomado por las abogadas rosarinas Susana Chiarotti y María Gabriela Filoni, que lo llevaron a las Naciones Unidas y lograron que el Estado repare los daños que sufrió la joven, con dinero y arbitrando medios para que el hecho no se vuelva a repetir.

La primera disculpa estuvo a cargo del entonces gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; después, en mayo de 2015 las disculpas estuvieron a cargo del Estado nacional, en el Congreso.

El primer libro que relata la historia de LNP lo escribió Viviana Della Siega, integrante del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar). Pero este caso no quedó sólo en la reparación, sino que la organización de género monitoreó la situación en el Chaco durante siete años, una experiencia que se plasma en el libro “Chaco, a siete años del caso LNP”, que escribieron Della Siega y Chiarotti.

Comentarios