Los magistrados de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ratificaron las condenas a siete integrantes de la banda del (luego asesinado) Arturo “Carao” Quevedo, desbaratada en 2009 y que, en un controvertido juicio, fue penada como una organización que comercializaba estupefacientes. Además, los camaristas ordenaron un nuevo juicio para tres personas que habían resultado absueltas en la sentencia del 19 de agosto de 2013 por parte Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario.
La sala II, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, rechazó los recursos de casación de las defensas de Elba Cuello –conocida como Japo, pareja de Carao–; su nuera Norma Acosta, Analía Albornoz, Juan Carlos Borini, Mario Maidana, Vilma Quiroga y Oscar Caminos (primo de Pimpi, el asesinado líder del paravalanchas de Newell’s) e hizo lugar al recurso fiscal.
Irregularidades policiales
“Se pudieron escuchar mecánicas de mejoramiento de la logística de venta como etiquetar los paquetes de estupefacientes con nombres para que no haya confusión a la hora del retiro de los mismos”, resaltó en la sentencia Slokar. Sin perjuicio de las investigaciones ordenadas respecto de las irregularidades en la actuación policial, el magistrado concluyó que “se pudo constatar la coordinación y el trabajo en equipo de la organización aquí investigada para intentar eludir la investigación policial en tanto se daban alertas cuando conocían la fecha en la que se iba a realizar el allanamiento a uno de sus domicilios. Demuestra la importancia de la organización al tener contacto con la Policía. Cabe destacar la circunstancia de que Cuello, frente al avance de las pesquisas policiales, ofrecía su casa como refugio”.
Las conclusiones del camarista fueron acompañadas en un todo por la jueza Figueroa mientras que magistrada Ledesma compartió parcialmente el criterio de sus colegas y manifestó su disenso con “respecto al acogimiento del recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, tanto en punto a las nulidades de distintos procedimientos, como respecto de las absoluciones, que fueron su consecuencia y la de marcadas orfandades probatorias que justificaban la decisión del tribunal de mérito”, explicó el escrito.
La investigación
La causa empezó el 28 de mayo de 2008 luego de que una denuncia anónima advirtiera al entonces jefe de la sección Inteligencia Zona Sur de Drogas Peligrosas, Fernando Romitti, que en un almacén de pasaje Morales al 3400 vendían estupefacientes. “Luego de amplias tareas investigativas con intervenciones telefónicas, la fiscal de juicio le atribuyó a la banda formar parte de una organización con presencia en la ciudad de Rosario y sus alrededores, que se dedicaba a traficar con sustancias estupefacientes, especialmente en su preparación, distribución y comercialización a los consumidores, teniendo con dicha finalidad los elementos incautados en el transcurso de los procedimientos y allanamientos que se realizaron”, explicó el escrito publicado en la página del Centro de Información Judicial (CIJ).
Estas argumentaciones surgieron tras una serie de allanamientos en 2009, cuando los pesquisas señalaron que habían desbaratado dos cocinas de cocaína, caso por el cual nueve personas llegaron a juicio, que tuvo su fin el 19 de agosto de 2013.
Con el anuncio de que se habían desbaratado dos cocinas de cocaína, la mayoría de los imputados fue acusada de tenencia de drogas y su fabricación. En los argumentos se presentó que sólo en un galpón de 20 de Noviembre y Acevedo, barrio Hostal del Sol, se hallaron precursores químicos y no se pudo demostrar la relación con los involucrados. A raíz de ello, esta acusación fue desestimada por el tribunal de juicio, que absolvió a los procesados por esa figura y sólo aplicó condenas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención organizada de tres o más personas.
En ese marco, los jueces condenaron a Norma Acosta, Elba Cuello y Analía Albornoz a 6 años de prisión como coautoras, mientras que Maidana recibió la misma pena como partícipe necesario. Caminos recibió 5 años de prisión por tenencia de droga (sin agravantes) y la falsificación de un DNI. A Juan Carlos Borini le impusieron 4 años también por la tenencia de drogas para comercio. Y, por último, Vilma Quiroga fue sentenciada con un año y medio de prisión por la tenencia ilegítima de un DNI ajeno. Por el beneficio de la duda fue absuelto Juan Alberto Giménez, quien afrontaba cargos como integrante de la banda. El otro absuelto fue José Rodríguez, respecto de quien la misma fiscal pidió que fuera desvinculado por falta de pruebas.
Puntos débiles
El liderazgo de la banda que llegó al juicio se atribuía a Arturo Quevedo, alias Carao, quien no llegó a juicio ya que fue asesinado a balazos a los 58 años, en 2012, cuando abrió la puerta de la casa de una de sus hermanas en Villa Gobernador Gálvez. Carau era también hermano de Isabel Reina Quevedo, quien caería a principios de 2014 con 80 kilos de cocaína en Salta. Tras la detención de esta mujer, la Policía Federal allanó otra vez la propiedad de 20 de Noviembre y Acevedo y detuvo a su madre de 80 años al hallar restos de precursores en el mismo galpón allanado en 2009.
Para la época del juicio, Norma Acosta se hizo conocida por denunciar que su marido, Miguel Saboldi, alias Japo e hijo de Elba Cuello, había sido detenido en abril de 2013 en un procedimiento fraguado por la Policía provincial, el de la denominada narcochacra de Alvear. Días después murió durante un incendio intencional en la Alcaidía junto con otros dos reclusos. Esta causa pasó del fuero provincial al federal.
En el juicio Acosta aceptó careos con uniformados que llevaron adelante los procedimientos por los que quedó detenida. A raíz de las irregularidades que salieron a la luz en el debate, los juecesordenaron investigar a policías.
Prófugos
Fuentes del caso dijeron que por esta causa todavía continúan prófugos Jesús Saboldi (hermano de Japo) y María Isabel Albornoz. En tanto, Jesús Acosta y hermano de Norma fue apresado en 2016.
