La querella de la Secretaría de Derechos Humanos ratificó este miércoles la intervención del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) en el secuestro y asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, en 1977, durante el juicio por los crímenes cometidos en la ex-Esma en la dictadura militar.
En su alegato final, el organismo estatal advirtió que pese a las desinteligencias con el grupo represivo de la ex-Esma G.3.2, el SIN fue “un engranaje de la empresa criminal” de la dictadura y que oficiales de ese estamento institucional de la Armada participaron de la planificación del secuestro durante una emboscada del autor del libro “Operación Masacre”.
Walsh fue herido durante un enfrentamiento en el barrio de Constitución el 25 de marzo de 1977, cuando fue emboscado por miembros de una patota de la ex-Esma, entre quienes se encontraba Pablo García Tallada, uno de los acusados en la causa unificada.
El cuerpo del integrante de la organización Montoneros, probablemente con vida, fue visto en el sótano de la ex-Esma, donde funcionaba, además de las salas de tortura, una enfermería.
Si bien el caso Walsh fue ventilado en el juicio anterior por ese ex centro de detención, la causa de los miembros del SIN fue apelada y la Cámara de Casación dijo que no se hallaba “completamente probada su intervención”.
En su alegato, la abogada Lucía Gómez Fernández ratificó que los detenidos que se encontraban alojados en el Casino de Oficiales de la ex-Esma, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención (CCD), se autodefinían como “presos del SIN”, como es el caso de la sobreviviente Lila Pastoriza, quien declaró en ese sentido.
La querellante sostuvo que pese a las “disputas de poder” tanto el SIN como el GT “formaban parte del mismo proyecto represivo” y dio a modo de ejemplo el caso de los detenidos por el SIN, que eran alojados en el sector denominado “Capuchita”, que funcionó en el último piso del tristemente célebre centro de exterminio durante el régimen.
“Los miembros del Servicio de Inteligencia Naval participaban de la tortura y sus víctimas eran llevadas a la Esma”, puntualizó.
Durante el segundo día de exposición, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos describió los lugares destinados al accionar represivo que funcionaron como satélites de la ex-Esma en especial aquellos que fueron utilizados durante la visita, en 1979, de la comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante las denuncias acerca de lo que estaba ocurriendo en ese centro.
Entre ellos, citó quintas que habían sido alquiladas en la zona Norte del Gran Buenos Aires, en Del Viso, Pacheco y Tortuguitas, alguna a nombre del teniente Jorge Rádice, quien durante su accionar llegó a desarrollar un verdadero negocio inmobiliario con las propiedades robadas a sus víctimas.
También dio cuenta del traslado de detenidos en enero de 1979 a una isla del Tigre, perteneciente al Episcopado, “El Silencio”, donde decenas de ellos permanecieron alojados en forma inhumana y con tareas forzosas.
A la vez, mencionó como lugares donde los detenidos realizaban trabajo esclavo, la Cancillería, las oficinas del por entonces jefe de la Armada, el represor Eduardo Massera, quien tenía intenciones de catapultarse políticamente, inmobiliarias, el edificio Libertad, sede de la Armada y hasta el denominado Centro Piloto de París.
En la siguiente etapa acusatoria ante el Tribunal Oral Federal número 5 (TOF5) la querella acusará a cada uno del mas de medio centenar de imputados en la megacausa.
La acusación se inició este miércoles por la tarde con los cargos contra el excapitán Jorge “El Tigre” Acosta, sindicado como “el máximo responsable del Grupo de Tareas”, quien se desempeñó como jefe de inteligencia de la ex-Esma, “y colaboró hasta el final de la dictadura”.
También dio cuenta de la participación del excapitán de navío Jorge Pernías, quien se auto definió como “un multipropósito” ya que fue miembro de los grupos operativos que secuestraban y torturaban luego a sus víctimas.
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