Las versiones, parcialmente reconocidas por diputados “aliados” al gobierno, van de la firma de un dictamen de mayoría a favor de la ley ómnibus “en blanco” para apurar ese paso en el plenario de comisiones mientras continuaban las negociaciones por los cambios en su letra, hasta una tercera redacción posterior a los al menos dos textos diferentes que circularon durante la mañana del miércoles, tras la rúbrica de la 1.39 de la madrugada. El último retoque fue pergeñado en el departamento de Recoleta de un personaje con oscuro pasado que ahora es el secretario de la bancada de La Libertad Avanza.
Al dictamen de mayoría (en total hubo cuatro) le pusieron la firma 55 integrantes del plenario de comisiones de Diputados. El libertario Guillermo Bornoroni informó que las 55 firmas emanan de los bloques La Libertad Avanza (21 diputados), el PRO (20), la UCR (8), Hacemos Coalición Federal (4, porque los miembros de la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer y los socialistas no acompañaron) e Innovación Federal (2 diputados). Sin embargo, los llamados bloques “dialoguistas” lo hicieron con disidencia parcial: 34 de los 55.
El diputado nacional del socialismo Esteban Paulón, integrante del interbloque Hacemos que dirige Miguen Pichetto, afirmó este miércoles en diálogo con El Destape Radio: “Acaba de llegar el dictamen de mayoría, se siguió escribiendo después de que se firmó”. Sin embargo, se refería a uno de los borradores que circularon una vez finalizado el plenario, y con redacciones diferentes. Las irregularidades no terminaron ahí, porque la reescritura continuó, y fuera del Congreso.
La reunión para re-re-redactar el dictamen fue en un departamento propiedad de Cristian Caram en la Recoleta. El hombre es el secretario del bloque de diputados libertarios. No es un novato, ni tampoco tiene la foja limpia. Fue vicepresidente de la Legislatura porteña y se había corrido de la política a causa de varias denuncias por unos dos mil nombramientos con “fines electorales” cuando se presentó como candidato a jefe de Gobierno porteño, en 2010. Después, puso el lujoso Madero Tango en Puerto Madero, al que destinó una muy alta inversión.
A la reunión en el departamento de Caram de este miércoles concurrieron Pichetto, el radical Rodrigo de Loredo y el PRO-libertario Cristian Ritondo como máximos referentes, más un puñado de diputados seleccionados, según publicó el portal La Política Online (LPO), el primero en develar la movida. La versión 3.0, cuanto menos, del texto, ingresó al Congreso a las 15 del día en que casi dos millones de personas se movilizaron en todo el país contra el DNU y la ley ómnibus, rebautizada Savoy por el hotel donde se dieron los primeros pactos a escondidas para sumar adhesiones. A esta altura, ya la nombran “Banelco”, por el toma y daca que se remite a la reforma laboral de 2000 y el escándalo de las coimas que marcó el principio del fin de la Alianza.
El cónclave en Recoleta no fue calmo. Hasta el departamento de Caram se llegó el presunto ideólogo del decretazo que redactaron estudios jurídicos ligados a las grandes corporaciones beneficiadas en su voluminoso articulado, Federico Sturzenegger, integrante sin nombramiento del Ejecutivo. Su presencia enervó a Pichetto, a esa altura molesto por la impericia de los operadores libertarios que complicaron los trabajosos toma y daca para sacar el dictamen. “Si está este tarado acá, yo me voy. Este tarado destruyó el país, nos metió en un caos institucional con el DNU”, amenazó el rionegrino a sus contertulios. El ex presidente del Banco Central con el macrismo y protagonista del Megacanje durante el gobierno de Fernando de la Rúa se fue.
El diputado cordobés Oscar Agost Carreño, del bloque Hacemos y presidente del PRO de su provincia, que firmó el dictamen de mayoría, admitió a la FM Futurock que lo invitaron a la reunión de Recoleta “con Sturzenegger”, pero dijo que se retiró al enterarse de que era para “puntear” el texto ya rubricado. Otra de las convidadas que desistió fue la diputada radical Soledad Carrizo, que olfateó la opacidad del encuentro a escondidas del Congreso.
Luego de que LPO revelara el encuentro en Recoleta, voceros de los bloques participantes no pudieron negarlo, pero intentaron una justificación: que el “nuevo dictamen” no era para reemplazar al firmado sino una “hoja de ruta” para la sesión en el recinto en la que se tratará la mega ley. Es que, en esa instancia, se prevén nuevos cambios. De hecho, los “dialoguistas” que firmaron en blanco el dictamen de mayoría desgranaron lamentos y enojos cuando comenzaron a circular los borradores sin los puntos pactados para acompañarlo. Son varios: excepciones como cero retenciones al maíz pisingallo que pidió Córdoba, mantener el subsidio eléctrico a zonas frías, reenvío a las provincias de un porcentaje de la pretendida liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las jubilaciones, como parte del reconocimiento de deudas de sus sistemas previsionales. Entre muchas más. Fruto del apuro o de engaños, se agregaban y sacaban de los textos alternativos. De hecho, la oficialización del documento con la firma electrónica del titular de la Dirección de Comisiones, Javier Gonzalo Ottone, no contenía las modificaciones prometidas por el oficialismo.
Cuando creíamos que en el capítulo #biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado.
— Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) January 25, 2024
El dictamen así obtenido, atado con alambre oxidado, desplegó más enojos entre aliados que tranquilidad en la Casa Rosada. Las sucesivas modificaciones a espaldas de los firmantes no garantizan nada para su tratamiento en el recinto, por lo que el propio oficialismo decidió contra su voluntad inicial postergar la sesión prevista para este jueves hasta el martes próximo.
En la noche de este miércoles, incluso, trascendió que los legisladores de la Coalición Cívica, junto a su fundadora Lilita Carrió, estudiaban la posibilidad de presentar una denuncia penal por las graves irregularidades en torno al dictamen, que es un documento público.
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