Al calor del reclamo social por seguridad y justicia, el gobierno provincial puso en marcha –el último jueves– el primer concurso de fiscales, desde la reforma del Consejo de la Magistratura decretada en mayo pasado por Miguel Lifschitz, mediante el cual se seleccionarán 42 nuevos fiscales para las circunscripciones de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y Rafaela.
El nuevo mecanismo es más ágil y apunta a cubrir vacantes en la Justicia de un modo menos engorroso que el anterior sistema, cuando se demoraba –en promedio– dos años la cobertura de un cargo de juez, fiscal o defensor.
El jueves 22 se realizó el sorteo de los jurados que intervendrán en los procesos de evaluación. El acto se realizó en la sede del Consejo de la Magistratura, dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia, que conduce Ricardo Silberstein, en la ciudad de Santa Fe.
Después de la creación de nuevos cargos, votada hace diez días por la Legislatura, el Ministerio de Justicia realizó el sorteo público de jurados que integrarán los cuerpos evaluadores en los concursos para cubrir 42 vacantes de fiscales titulares y adjuntos. Es el primer paso para elegir a los nuevos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la nueva Justicia penal.
Los jurados fueron elegidos de listas predeterminadas correspondientes a distintos estamentos: universidades, Colegios de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Colegios de Abogados. Los dos cuerpos evaluadores resultantes actuarán para la selección de 21 fiscales cada uno.
De acuerdo al nuevo mecanismo de designación de jueces y funcionarios judiciales, establecido en el decreto que firmó el gobernador Lifschitz en mayo pasado, el cuerpo de jurados se encargará de toda la actividad prevista para el concurso: ponderación de antecedentes, oposición y entrevista oral.
El nuevo Consejo de la Magistratura se puso en marcha en junio último a partir de la reglamentación del decreto 854/2016. Una de las diferencias fundamentales entre el nuevo sistema y el anterior es que los concursos son desarrollados por un mismo cuerpo de jurados, que se encarga de toda la actividad prevista para el concurso, mientras que antes existían dos instancias evaluativas integradas por jurados distintos.
Media sanción al proyecto de Henn sobre armas de fuego
La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción el último jueves a un proyecto de ley de Jorge Henn (UCR-Frente Progresista) que obliga a los jueces de familia a secuestrar las armas de fuego que se encuentren en posesión de quien haya sido denunciado en conflictos intrafamiliares.
Según estadísticas del Ministerio Público de la Acusación, más de la mitad de los homicidios que se dieron durante 2015 en la provincia de Santa Fe fueron entre sujetos con vínculos intrafamiliares y en domicilios particulares. El 70% del total de asesinatos en la provincia son cometidos con armas de fuego.
Con ese trasfondo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Henn que modifica la ley de Violencia Familiar con el objetivo de que los jueces intervinientes en conflictos de familia, secuestren las armas de los hogares para evitar que las situaciones tengan un desenlace fatal.
El diputado radical explicó que “la existencia de una pistola o revólver o cualquier arma en una casa donde hubo un conflicto intrafamiliar, es un riesgo para todos los que habitan el hogar, porque se incrementa potencialmente la posibilidad de que alguien, en un arranque temperamental, por ejemplo, mate a la otra persona para terminar la pelea”.
Según Henn, “en las situaciones de violencia se ponen en juego relaciones de poder y el uso de armas de fuego agrava el escenario. Ante una denuncia vinculada a la violencia familiar, el secuestro preventivo de armas y municiones que posea el denunciado permitirá proteger a los integrantes de la familia víctima, en especial a las mujeres y niños que presentan más vulnerabilidad ante estas agresiones”.
El proyecto de Henn está en misma línea con la modificación del artículo 240 del Código Procesal Penal que promueve el secuestro preventivo de armas de fuego por parte de los fiscales, que el jueves 22 recibió sanción del Senado dentro del paquete de reformas que promueven el gobierno provincial y los fiscales.
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