La presentación de dos proyectos de ordenanza para favorecer la incorporación de personas trans en la administración municipal agitó ayer las aguas en el Concejo Municipal. Por un lado, el bloque PRO Federal salió a decir que iniciativas de este tipo no condicen con lo señalado por la Constitución Nacional, que postula a la idoneidad como única condición para el acceso a un empleo, ni con la idea de una buena administración de un presupuesto. Por el otro, desde la agrupación Vox reconocieron que la propuesta apunta a intentar sacar a muchas personas de una situación vulnerable, invitando a los legisladores del partido que conduce Mauricio Macri a nivel nacional a “revisar su política hacia la diversidad sexual”.
La discusión se inició tras la presentación de dos iniciativas, una por parte del Frente de la Diversidad del Movimiento Evita y la agrupación Putos Peronistas y otra de Vox Asociación Civil. Ambas señalan la obligatoriedad de que una porción de los ingresos a la Municipalidad de Rosario quede para la comunidad trans, aunque existe una pequeña diferencia en la cantidad: mientras una establece que sean diez los ingresantes por convocatoria, la otra fija como piso el 1 por ciento. Asimismo, se propuso que en ese cupo se incluya a quienes tengan el Documento Nacional de Identidad con el género elegido y que, por iniciativa de la agrupación Las Safinas, se incorpore un cupo para lesbianas, dado que “en algunos casos, por su apariencia, cuando adoptan posiciones no tan femeninas se ven discriminadas”.
La iniciativa tuvo el visto bueno de la mayoría de los concejales que integran la comisión de Derechos Humanos del Palacio Vasallo, pero desde el PRO consideraron que “el ámbito público no puede ser la primera salida laboral”, al tiempo que pidieron generar iniciativas para cambiar esa ecuación y abrir el mercado hacia el sector privado.
“Generar cupos especiales dentro del empleo público no tiene sentido por dos motivos: uno lo dice la Constitución (en su artículo Nº 16) y el otro la buena administración de un presupuesto municipal. La única condición que debe tenerse en cuenta para un ingreso al empleo público es la idoneidad, por eso debemos trabajar para que todos los ingresos que se hacen a la Municipalidad sean por concurso. Pero a su vez tenemos que generar instancias para que lo atractivo sea trabajar en lo privado y que la excepción sea lo público, que en una situación adversa a nivel nacional se mantiene constante y en crecimiento”, explicó el edil macrista Rodrigo López Molina.
Esta postura fue rechazada por Guillermo Lovagnini, presidente de la agrupación que defiende los derechos civiles y sociales de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, a quien le “llama la atención las objeciones de este tipo” en su ausencia. Es que, según argumenta, la de ayer fue la única reunión a la que no pudo asistir ningún representante de esa comunidad. “El tema se trató sólo una vez y el único que planteó una objeción fue el concejal (Carlos) Cardozo (perteneciente al PRO). Esto va en contra de las múltiples iniciativas que dispuso la ciudad de Buenos Aires en favor de la comunidad de lesbianas y trans. Entonces, vemos que allí se aplica una política y en Rosario otra”, señaló el activista.
En tal sentido, explicó que “este proyecto no trata de un exclusivismo para nadie, sino que intenta sacar a muchas personas de una situación de desempleo”, como consecuencia de la ausencia de políticas referidas a esta cuestión dispuestas por los gobiernos nacional y provincial. “No existe ninguna propuesta para paliar esta situación.
Cuando la mayoría de los concejales tiene una visión positiva al respecto, vemos que esta gente pone excusas que realmente no tienen demasiado sustento. Si en algunos lugares se hace un reconocimiento para personas con capacidades diferentes, ¿por qué no puede hacerse lo mismo para un colectivo al que históricamente nunca se le reconoció nada a nivel laboral?”, se preguntó.
En lo que refiere a este punto, López Molina consideró que avanzar en políticas de este estilo allana el camino para que “muchas otras minorías”, como pueblos originarios, veteranos de Malvinas o personas que a pesar de haber superado la edad de ser económicamente activa se ve obligada a volver al trabajo, “reclamen lo mismo”. De este modo, rechazó que su postura discrimine al colectivo trans y recordó una iniciativa de su autoría que propone eximir de una porción del Derecho de Registro e Inspección (Drei) a aquellas empresas que contraten a jóvenes de menos de 25 años. “Hay que generar condiciones para que lo atractivo sea el mercado laboral privado, que es el que verdaderamente mueve la economía”, insistió.
“Me parece que el PRO tiene que revisar su política hacia la diversidad sexual; esto mismo hizo el propio (Jorge) Bergoglio. Entonces, aquí cabe esto de tratar de ser más papistas que el Papa. Es lamentable que cuando desde la Iglesia suenan otras voces estas personas sigan manteniendo las posturas de (Joseph) Ratzinger. Parece que no nos aggiornamos”, lamentó Lovagnini.
“Entran a un ritmo de 22 personas por mes”
El concejal del bloque PRO Federal Rodrigo López Molina criticó a la Municipalidad por el marcado incremento de empleados públicos desde el inicio de la gestión de Miguel Lifschitz, en 2003. Si bien reconoció que “ingresar personal nuevo es bueno” para la administración fustigó al Ejecutivo por excusarse en muchos casos por la falta de recursos humanos, “como sucedió recientemente con el caso de los cuidacoches”.
“En el año 2003 la planta permanente del municipio estaba cerca de las 7 mil personas, mientras que hoy está en los 12 mil. El crecimiento ha sido en razón de 22 personas por mes. Ingresar personal es bueno, pero hay que profesionalizarlo y darle aspiraciones a futuro. Pero no entiendo que cuando le pedimos a la Municipalidad que controle espacio público nos respondan que no disponen de los recursos humanos suficientes”, soltó con indignación el edil.
De este modo, el legislador macrista pidió al municipio rever su política de contratación de empleados y solicitó que todos los ingresos que se realicen sean por concurso ya que la contratación indiscriminada de personal “termina impactando sobre el presupuesto municipal y, en definitiva, sobre el servicio que se le presta a los rosarinos”.
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