Por: Lucía Demarchi
Prisión perpetua, efectiva y en cárcel común. Ésa fue la condena que recibieron Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Constanzo, los cinco imputados en las causas conocidas como Quinta de Funes y Fábrica de Armas. Tras conocerse la sentencia, un grito de festejo unificó a la multitud que ayer al mediodía pobló la puerta de los Tribunales federales de bulevar Oroño al 900. Después de treinta y cuatro años de impunidad, de dolor y de lucha, la justicia se hizo presente, y la consigna del Nunca Más recordó a los dieciséis desaparecidos que fueron víctimas de los represores condenados. Según los jueces, los fundamentos del fallo serán expuestos el próximo 14 de junio.
Ayer a las 12 –y sin la demora que caracterizó a la mayoría de las jornadas del debate oral y público que se inició el 31 de agosto pasado– comenzó la última audiencia del juicio seguido en Rosario por las causas Quinta de Funes y Fábrica de Armas.
Desde varias horas antes, una multitud ansiosa tenía puesta toda su atención en las pantallas ubicadas en las puertas de los Tribunales federales de Rosario, en bulevar Oroño al 900, para escuchar la lectura de la sentencia de la boca del juez Otmar Paulucci, que presidió el tribunal secundado por sus pares Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe, integrantes del Tribunal Federal Nº 1 de Rosario.
Ayer a las 12, los imputados por delitos de lesa humanidad –Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Constanzo– se prepararon para conocer la pena que les recaería por los crímenes que cometieron durante la última dictadura cívico militar, cuando los cinco acusados pertenecían al II Cuerpo del Ejército y con impunidad decidían arbitrariamente sobre la vida y la muerte de las personas, negándoles la legalidad que reclamaron y tuvieron durante el proceso que se siguió en su contra en los últimos siete meses y medio.
Prisión perpetua, efectiva y en cárcel común fue la condena que cada uno de ellos recibió. Los delitos por los que fueron juzgados –y ahora condenados– son considerados por la Justicia argentina y por tratados internacionales como crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles.
Las desapariciones de personas que se les adjudican a estos cinco represores son dieciséis. Estas víctimas circularon por distintos centros clandestinos de detención que funcionaron entre 1976 y 1978 en el Gran Rosario: La Calamita, en Granadero Baigorria; la escuela Magnasco, ubicada en Ovidio Lagos y Zeballos; La Intermedia, una casaquinta que la familia Amelong tiene en la localidad de La Ribera, y los dos que dan nombre a las causas unificadas, Quinta de Funes y Fábrica de Armas, esta última en el lugar que actualmente ocupa la Jefatura de Policía, en Ovidio Lagos al 5600.
Además, Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y Constanzo, fueron encontrados culpables de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, agravados por el concurso real de dos o más personas y por tratarse las víctimas de perseguidos políticos, esto en calidad de coautores. Las víctimas de estos delitos fueron entre 24 y 28, según el caso.
Tras la exposición de la sentencia, Paulucci confirmó que la lectura de los fundamentos del fallo se realizará el próximo 14 de junio. Según el Código Procesal Penal, el tribunal tiene un plazo de cuarenta días hábiles para hacerlo.
“Esta condena es ejemplar; no hay una sentencia parecida a ésta en el país hasta el momento”, dijo la fiscal del juicio, Mabel Colalongo. “Es una sentencia que tiene lo máximo que uno puede pretender: prisión perpetua, se revocaron las (prisiones) domiciliarias (que beneficiaban a Guerrieri y a Constanzo) y enviaron a los condenados a una cárcel común. Más que esto no hay”, remarcó la representante del Ministerio Público.
“Esto le hace muy bien al estado de derecho y a la Justicia federal de Rosario”, remarcó Colalongo, y agregó: “Los jueces han demostrado que pueden cambiar sus paradigmas y que la fuerza de las pruebas hace que nadie pueda resistirlas”.
Por su parte, Ana María Figueroa –representante de la querella integrada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– subrayó que los condenados “han tenido todas las garantías”.
“Este estado de derecho tiene tomada la decisión de que no pueda haber nunca más impunidad frente a lesa humanidad. Éste es un fallo justo”, consideró la letrada.
En tanto, Daniela Assinari, abogada de otra de las querellas, dijo: “Este fallo, que es el primero en Rosario por delitos de lesa humanidad, nos demuestra que nuestra Justicia está a la altura de las circunstancias. Son crímenes aberrantes y la humanidad entera, la sociedad toda, ha reclamado por justicia. Creo que el fallo abarca las expectativas que teníamos”.
Lo mismo opinó su par Gabriela Durruty, quien remarcó que “éste es uno de los pocos momentos para celebrar que nos da esta historia”.
Ana Oberlin y Nadia Shujman, representantes legales de otra de las querellas planteada por víctimas y familiares de desaparecidos, se mostraron felices con el fallo. “La Justicia estuvo por fin a la altura de las circunstancias y fue a romper con tantos años de impunidad. Esto es el comienzo. Quedan muchos juicios por realizar y muchos genocidas por juzgar”, expresó Shujman.
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