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Tribunales

Prescribe causa tras diez años: abogado zafa de graves delitos

Estaba procesado por liderar una asociación ilícita, pero sólo lo condenaron a un año en suspenso por falsificar documento.


Maniobras defraudatorias, engaños a personas, empresas y funcionarios judiciales, componen esta historia que terminó –luego de un acuerdo abreviado entre la fiscalía y la defensa– con el principal acusado condenado a un año de prisión en suspenso por un delito menor. La serie de hechos salió a la luz en 2005 cuando casi una veintena de personas, muchos de ellos abogados, fueron involucrados en una causa judicial. La mayoría llegó a juicio y sólo su cabecilla permaneció algunos meses tras las rejas. La causa fue decantando y el grueso de los procesados echó mano al probation (suspensión de juicio a prueba) para saldar sus cuentas con la Justicia mientras que el sindicado jefe de la asociación ilícita permaneció sujeto al proceso hasta hace dos meses, cuando la fiscal Lucía Aráoz y la defensa del letrado acordaron la prescripción de la mayoría de los delitos achacados y convinieron una pena de un año de prisión en suspenso por el delito de falsificación de documento público. El acuerdo abreviado fue homologado por el Juzgado de Sentencia 5ª.

Empresas fantasmas, documentos falsos, domicilios inexistentes, intervenciones de letrados en representación de acreedores que no existían, escrituras apócrifas y presuntas intervenciones de escribanías que luego no eran tales eran los medios por el que un grupo de personas, varios de ellos letrados, utilizaban para crear situaciones falsas y lograr réditos económicos utilizando el aparato judicial a su favor no sólo con víctimas ajenas a ellos sino con sus propios clientes. Esta mecánica ilegal salió a la luz cuando los perjuicios ya fueron palpables y las denuncias empezaron a llegar a Tribunales. En el año 2005 la jueza de instrucción Raquel Cosgaya procesó a nueve personas, entre ellos figuraba el abogado Jorge Fernández Méndez, como jefe y organizador de una asociación ilícita, estafa procesal, quiebra fraudulenta, entre otros delitos. El planteo fue respaldado por la Cámara Penal. La causa llegó a juicio en el 2009 y recayó en el Juzgado de Sentencia 5ª a cargo de Gustavo Salvador. Durante el trámite la mayoría de los acusados planteó una probation mientras que Fernández Méndez continuó sujeto al proceso hasta abril de este año en el que las partes –fiscalía y defensa– llegaron a un acuerdo.

La mecánica

Un estudio jurídico, varios profesionales y algunas otras personas que intervinieron aparecen en las maniobras que tenían como eje las empresas que pasaban por un difícil momento en la crisis que se desató en el año 2000. La figura de los concursos y las quiebras fueron prometedoras para este grupo que utilizó las herramientas que le da el sistema judicial para llevar al error, defraudar y generar un rédito ilegal. Según la acusación, una firma comercial confió sus asuntos jurídicos al letrado Jorge Fernández Méndez y a partir del poder otorgado rubricó un falso convenio con una empresa acreedora por unos 100 mil pesos y 57 mil pesos de honorarios, justificando el acuerdo con documentación apócrifa. En otra oportunidad, y según el fallo, el letrado ofreció saldar una deuda de la firma a otra empresa con la compra de unos campos por 30 mil dólares – propiedad del abogado – y cedérselos a la firma acreedora. La operación se realizó mediante escritura pública aunque la misma fue ficticia y la deuda nunca se saldó.

Otras de las acusaciones tuvo origen en la relación laboral entre el letrado y un cliente que le revocó un poder general y le dejó algunos temas en agenda. En uno de ellos y según la imputación, el letrado firmó un acuerdo con un deudor con el que estaba en juicio, no notificó a su cliente y cobro el crédito mediante un cheque. Otro de los achaques sostiene que otro cliente le entregó la documentación de una empresa para darla de baja. Lejos de cumplir la encomienda del cliente ese papelerío fue extensamente utilizado para otros fines. El letrado fue acusado de ser el autor intelectual de varios reclamos judiciales, para ello una persona que no tenía vinculación con la firma apareció como accionista e inició varias demandas a nombre de la empresa, para lo que se otorgaron poderes, se utilizaron documentos falsos y se reclamaron pagos de importantes sumas de dinero incluso intervinieron en un desalojo para evitar la entrega de la propiedad. No quedaron exentos los concursos preventivos, allí también hubo presentaciones donde se reclamaron deudas inexistentes.

Sin embargo, la fiscal Lucía Aráoz y el defensor particular del letrado llegaron a convenio. Las partes acordaron declarar la prescripción de la acción –por el transcurso del tiempo– en los delitos de falsedad de documento privado, uso de documento privado falso, prevaricato, administración fraudulenta, tentativa de estafa procesal. A su vez echaron mano al articulado del Código para dejar de lado los delitos de estafa, administración fraudulenta, jefatura de asociación ilícita y quiebra fraudulenta.

Finalmente las partes acordaron una condena de un año de prisión en suspenso como autor del delito de falsificación de documento público. Acuerdo que fue homologado por el Juzgado de Sentencia 5ª.

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