Ciudad

Seis mujeres, entre ellas una rosarina, enfrentan una denuncia

Por una pintada pueden ir a juicio

Seis militantes, entre ellas una rosarina, fueron acusadas de vandalizar una iglesia y dos bancos en Buenos Aires en la antesala del 8 de marzo.


Aún caminando con cinco de sus compañeras, Camila Grandoli se asustó cuando un grupo de hombres les gritó en la avenida Corrientes del barrio de Almagro en Buenos Aires. La rosarina no entendía bien qué decían. Empezaron a correrlas. “Alto. Policía”, escuchó Grandoli. Eran 4. Ninguno llevaba uniforme. Doblaron la esquina y las sirenas de dos patrulleros las encandilaron. Se bajaron diez policías. Los cuatro que las perseguían las acusaron de pintar la palabra “lesbiana” en una pared de la parroquia minutos antes de la medianoche. Faltaba un día para el paro internacional de mujeres 8M. Camila, que volvía a su casa junto a 5 militantes de distintos espacios políticos, estuvo detenida casi 15 horas. A la mañana el fiscal Juan Rozas las imputó por daño simple y agravado: un delito que figura en el artículo 184 del Código Penal con penas de hasta 4 años de prisión. Ninguna autoridad de la parroquia pintada se presentó como querellante, pero la semana pasada el juez Ladislao Endre decidió seguir adelante con el juicio a las mujeres.

Los afectados

Camila Grandoli es rosarina y vive en Buenos Aires hace más de una década. Trabaja en una empresa de software, milita en Nuevo Encuentro y esa noche terminaba de hacer tareas de difusión para la marcha. Uno de los hombres que la corrieron llamó al 911 para denunciar que habían pintado la iglesia. “Dijeron que estaban comiendo una pizza cerca de la parroquia, que nos vieron pasar y después fueron a ver la pared porque anteriormente alguien la había pintado y encontraron pintura fresca. Eran cuatro. Todos se presentaron como testigos y sus versiones no coinciden”, contó a El Ciudadano, Grandoli, quien también está acusada de pintar con aerosol el banco Nación y Galicia del barrio.

Esa madrugada, militantes de movimientos de mujeres protestaron en la comisaría. A la mañana en la audiencia el juez les dijo que si se confirmaba que fueron ellas sólo sería una multa y que las pintadas “son algo que no se sanciona aún en las campañas electorales”. Una de las detenidas mostró un video que hizo con su teléfono celular durante la persecución. “El fiscal Rozas nos dijo que sus hijas iban a la marcha de Ni Una Menos”, contó Grandoli, quien por estar declarando no pudo ir al festival por el Día de la Visibilidad Lésbica que todos los 7 de marzo recuerda el asesinato de la cordobesa Natalia “Pepa” Gaitán en 2010. Al día siguiente las mujeres imputadas marcharon en el 8M, donde hubo al menos 20 detenidos.

El jueves pasado las seis mujeres recibieron la noticia de que el pedido de nulidad presentado para evitar la imputación había sido rechazado por el juez Endre. Militantes de la diversidad sexual y referentes de Derechos Humanos, incluida la madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, acompañaron a las imputadas a la salida de tribunales.

Las mujeres esperan la vuelta de la feria judicial para definir si se sentarán en una mesa de mediación con los cuatro denunciantes o irán a juicio. No es fácil porque un antecedente penal puede complicar a la hora de mantener o conseguir un trabajo.

“El paro internacional necesitaba de difusión y las redes sociales son un espacio más. El espacio público es un lugar a disputar porque los medios de comunicación masivos no levantan nuestras causas. La calle es un lugar de visibilidad”, contó Grandoli y admitió que sus compañeras fueron aprendiendo cómo actuar legamente desde la detención. Para ella la persecución y la causa se basaron en su condición de lesbiana. “Nos atribuyeron esa pintada y no tuvimos nada que ver”, dijo Grandoli.

Cercano

Pintadas como la de la parroquia fueron motivo de la indignación de vecinos de Rosario. Mucho insuflados por algunos medios de comunicación se horrorizaron con las pintadas en fachadas de casas y locales comerciales durante la última jornada del Encuentro nacional de Mujeres de octubre. Al municipio le costó 600 mil pesos (unos 120 por metro cuadrado) repararlo. Es sólo un poco más de lo que gasta cada dos meses para volver a pintar semáforos y columnas de luz en los barrios donde están las canchas de Newell’s y Central.

La diferencia es que las pintadas del fútbol parecen no indignar tanto.

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