El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió ayer la declaración indagatoria de la madre y la hermana del fallecido fiscal federal Alberto Nisman y del técnico informático Diego Lagomarsino en la causa que investiga maniobras de supuesto lavado de dinero. El dictamen fue entregado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien según fuentes judiciales ya está analizando los planteos y haría lugar a las indagatorias.
Para la fiscalía, la madre de Nisman, Sara Garfunkel, su hermana Sandra, Lagomarsino y el empresario Claudio Picón, cuya indagatoria también se pidió, habrían “ejecutado conductas con el fin de ocultar la verdadera titularidad de fondos y bienes” de Nisman, en un dictamen en el que también pidió medidas de prueba. Además, solicitó un embargo preventivo por un monto millonario sobre bienes de todos los imputados.
Zoni consideró que los imputados permitieron “con su accionar que se introduzcan fondos de origen espurio en el circuito legal”. El dictamen agregó: “Se ha logrado establecer la existencia de distintos bienes y fondos, que a pesar de aparecer vinculados a distintas personas que actuaban como testaferros, en realidad eran propiedad de Natalio Alberto Nisman”.
Para la fiscalía los bienes y montos que se manejan son “exorbitantes” en relación al patrimonio del fiscal que apareció muerto de un balazo en enero pasado y advirtió que “no ha sido posible vincular el origen” con “actividad lícita alguna”.
Para formular esa acusación se tuvieron en cuenta el pago de departamentos de un fideicomiso en la Capital Federal desde 2013 a nombre de Sara Garfunkel, que se dejó de abonar en enero último a la fecha. El dinero abonado, más de un millón de pesos, “no se condice” con el patrimonio de la madre de Nisman.
El fiscal pidió además la indagatoria del empresario Picón, quien supuestamente prestó a Nisman un Audi Q3 2.0 TFSI y que para la fiscalía era del ex titular de la UFI Amia.
“Resulta evidente que los distintos gastos y bienes reseñados permiten advertir un incremento patrimonial que no resulta compatible con los ingresos que registró como representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, agregó el fiscal.
En el dictamen se recordó que Nisman estaba “impedido de ejercer el comercio o cualquier actividad distinta a la de sus funciones (…) por lo que cabe concluir que todo ingreso patrimonial que no haya sido debidamente declarado se encuentra justificadamente de ilícito”.
En cuanto a la cuenta del banco Merril Lynch, el fiscal detalló que fue abierta el 7 de marzo de 2002 a nombre de la madre y la hermana de Nisman y que luego se agregó a Lagomarsino como co-titular.
Nisman tenía un domicilio en Miami y figuraba como apoderado y esa cuenta recibió transferencias sin aparente propósito comercial por un total de 666.690 dólares entre septiembre de 2012 y agosto de 2014.
El dictamen fue enviado al juez federal Rodolfo Canicoba Corral a cargo de la causa y se basó en informes llegados desde Estados Unidos sobre depósitos en una cuenta bancaria del banco Merril Lynch a nombre de ellos tres y que tenía como apoderado a Nisman.
La causa se abrió tras la muerte del ex titular de la UFI Amia en enero pasado, cuando se supo de la existencia de una cuenta bancaria en el Merril Lynch de Estados Unidos.
A partir de ello se ordenaron operativos y se pidieron informes que arrojaron que hubo compras de campos en Uruguay y departamentos en la ciudad de Buenos Aires.
La querella requiere pruebas
La querella que representa a la familia del fallecido fiscal Alberto Nisman pidió medidas de prueba en la causa que investiga su muerte, mientras se resuelve si la pesquisa, a cargo de la fiscal Viviana Fein, debe pasar a la jueza en lo criminal Fabiana Palmaghini.
En un escrito, los abogados querellantes, contratados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Nisman, también solicitaron que se requiera informes sobre el trabajo de un custodio del fiscal en la embajada de Cuba.
La Cámara del Crimen realizará una audiencia hoy para escuchar los argumentos en base a los cuales se pide que la jueza reasuma la pesquisa y luego quedará en condiciones de resolver, aunque no tiene plazos.
Además en el escrito querellante se pidió que se cite como testigo a un secretario de la UFI Amia, Armando Antao Cortez, quien atendió al técnico informático Diego Lagomarsino cuando este llamó por teléfono y contó que le prestó su arma al fiscal antes del deceso.
Esto ocurrió en la madrugada del 19 de enero pasado, un día después de que Nisman apareciera muerto de un balazo en el baño de su departamento en el barrio porteño de Puerto Madero.
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