Policiales

una voz en el teléfono

Piden siete años de prisión para Guille Cantero por amenazar a un juez

Lo hizo el fiscal Dalmau en la acusación que presentó en la Oficina de Gestión Judicial, antes de una audiencia de prórroga de prisión preventiva.


Siete años y medio de prisión por amenazar por teléfono a un juez es la pena que pidió el fiscal Fernando Dalmau para uno de los líderes de la célebre banda Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero. Lo hizo en la acusación que presentó en la Oficina de Gestión Judicial, antes de una audiencia de prórroga de prisión preventiva. “Que se meta el traslado ya sabe dónde, que lo voy a matar”, es la frase que le atribuyen haber pronunciado del otro lado del auricular y escuchó una practicante del Juzgado de Sentencia 3ª. El mensaje iba dirigido al juez Edgardo Fertitta. Diez meses después, Guille fue imputado por coacción agravada. Este martes venció la prisión preventiva que pesaba sobre Cantero en esta causa y Fiscalía solicitó la extensión de la medida. Antes de la audiencia, Dalmau presentó la acusación contra Guille, quien se enteró por boca del fiscal del pedido de pena. La defensa se quejó de los argumentos del fiscal para prorrogar la prisión preventiva. Se trata de un hecho de palabra contra palabra, dijeron. Agregaron que el traslado hacia Rosario desde Rawson no era un deseo del imputado. Había un agravamiento en las condiciones de detención, aseguraron. Lo llevaron a 1.500 kilómetros de la ciudad por un supuesto intento de fuga que nunca se probó, dijo la defensa. Finalmente, la jueza actuante prorrogó el encierro de Cantero hasta la audiencia preliminar.

Amenazado. El magistrado Edgardo Fertitta.

Un presunto intento de fuga de la cárcel de Piñero terminó con Guille Cantero y Jorge “Ema” Chamorro, uno de sus laderos, trasladados al sur. Guille terminó en Rawson y Chamorro en Neuquén. A 1.500 kilómetros de Rosario. Sus abogados plantearon el regreso a la ciudad pero el juez Fertitta rechazó el pedido. El 19 de agosto de 2016 el teléfono del juzgado sonó dos veces. Un hombre que dijo ser Cantero quería hablar con el magistrado. La segunda vez dejó un mensaje a una practicante que atendió el teléfono: “Que se meta el traslado ya sabe dónde, que lo voy a matar”. El secretario del juzgado levantó un acta por el hecho, el documento se remitió a Fiscalía y se abrió una investigación por coacción agravada, por tratarse la víctima de un magistrado. El juez declaró en la causa y le dio entidad a la amenaza. El fiscal sostuvo que debió modificar su estilo de vida e ingresar a un sistema de protección de testigos.

A Guille lo imputaron recién el 22 de junio de este año por cuestiones de seguridad, dijo Dalmau. Los defensores Fausto Yrure y Adrián Martínez afirmaron que en noviembre de 2016 Cantero fue trasladado a el penal de Coronda. La defensa sostuvo que lo llevaron a Rawson porque el Servicio Penitenciario planteó una supuesta fuga, a fin de 2015, que no se determinó. Esa causa se archivó en marzo de 2016. El fiscal sumó como evidencia una filmación del penal donde se ve a Cantero hablando por teléfono, el informe de las llamadas realizadas y otro que establece el horario en que las realizó. Yrure dijo que ese dato no está controvertido: su defendido dijo que llamó al juzgado. Lo que cuestionan es el contenido del llamado y aseguraron que se trata de un hecho de palabra contra palabra donde los dichos de la practicante son valorados por sobre los de su cliente.

Los defensores sostuvieron que el traslado de Guille no era un deseo antojadizo de él. Había motivos que agravaban su situación de detención, a lo que sumaron la muerte de su sobrina en un accidente de tránsito cuando iba a visitarlo. Dijeron que no hay peligrosidad procesal; Cantero está detenido también en otros expedientes y el fiscal presentó acusación, por lo que no hay posibilidad de entorpecimiento a la investigación.

Los argumentos de los abogados defensores no bastaron para la magistrada Hebe Marcoglise. La jueza se limitó a evaluar la prórroga o no de la medida. Y se pronunció por la extensión de la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar de juicio.