El fiscal Federal de 1ª Instancia de Ushuaia, Juan Arturo Soria, solicitó la elevación a juicio de la causa contra Víctor Antonio Morales, Cristina Patricia Ramírez, Daniela Alejandra Morales Ledesma, Mirta Jorgelina Puglia, María Cristina Ledesma y Mauro Luciano Morales Ledesma, quienes están acusados de explotar sexualmente al menos a 15 mujeres oriundas de diferentes provincias y países limítrofes en situación de vulnerabilidad, en un histórico prostíbulo de la ciudad de Ushuaia, denominado “Black and White”.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, había iniciado una investigación a partir de una denuncia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que daba cuenta de avisos clasificados publicados en el diario Clarín que reclutaba mujeres para trabajar en un prostíbulo de la provincia. Con el tiempo, advirtieron que se trataba de la causa que llevaba adelante la Fiscalía de Soria y por ello se unificaron.
La causa tuvo su origen el 20 de marzo de 2010, cuando una mujer denunció en una comisaría de Rosario que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia para ejercer la prostitución en un cabaret y que ese día le había enviado un mensaje de texto en el que la advertía a su madre de una situación sospechosa, señala el portal fiscales.gob.ar.
La Fiscalía pudo establecer que no solamente esa mujer sería víctima de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que habría otras que también habrían sido captadas en otras ciudades del país y trasladadas hacia la capital de Tierra del Fuego para explotarlas en Black and White.
Paralelamente, el 7 de abril de 2010 se había recibido en Protex información del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre un anuncio publicado en el diario Clarín del 4 de octubre de 2009 que daba aviso de la búsqueda de “señoritas para cabarets en Ushuaia” con un teléfono para comunicarse. A partir de ese momento, la Procuraduría dispuso una investigación preliminar ya que consideraron que podía tratarse de una oferta laboral engañosa.
Cuando Protex advirtió que ambas causas podrían ser parte de la misma organización criminal, envió su investigación preliminar a la Fiscalía Federal de Ushuaia para unificarlas y solicitó una serie de medidas para colaborar en el caso.
De esta manera, se pudo establecer que la banda contaba con una conocida página web que recibía una gran cantidad de visitas diarias y donde se publicitaban los “servicios” que ofrecía el prostíbulo, con el detalle de la cantidad de mujeres de diferentes partes del país que se podía “elegir”.
A partir de las pruebas recolectadas, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, consideró que había indicios suficientes para considerarlo un caso de trata de personas y aportó nuevos elementos probatorios como escuchas telefónicas y la constatación, a través de información de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, de otros cuatro avisos publicados en el mismo diario entre diciembre de 2011 y enero de 2012.
El 27 de abril de 2012 se realizaron cinco allanamientos, tanto en el prostíbulo como en los domicilios particulares de los imputados y el lugar donde eran alojadas las víctimas. En esa oportunidad, se secuestraron importantes sumas de dinero, un arma de fuego y medicamentos varios.
El 15 de mayo de ese mismo año, el juez Federico Calvete dictó el procesamiento de los seis imputados y el 3 de octubre el representante del Ministerio Público solicitó el requerimiento de elevación a juicio.
Funcionamiento de la banda
Según la prueba recolectada, Morales habría sido el encargado de captar víctimas en situación de vulnerabilidad, oriundas de diferentes provincias y países limítrofes, a través de falsas ofertas laborales o “recomendaciones” de personas allegadas para trasladarlas y explotarlas sexualmente en el histórico prostíbulo, ubicado en el centro de la ciudad de Ushuaia.
Cristina Patricia Ramírez, alias “Camila”, Daniela Alejandra Morales Ledesma, alias “Ale” y Mirta Jorgelina Puglia, alias “Marcela Rey”, “mami” o “mamá, habrían tenido a su cargo el funcionamiento del local y quienes llevaban el registro de la actividad de las mujeres en un libro de “pases”. Si bien las tres tenían el mismo rol, la última era quien inspiraba más temor a las víctimas ya que las amenazaba y ejercía el rol de “celadora”. Su participación resultaba esencial para el funcionamiento de la organización. No solamente vigilaba que nada se saliese del orden establecido por la organización criminal, sino que, además, sumaba infracciones para que se realizaran continuos descuentos. Si bien en la práctica, las chicas rara vez recibían dinero, esas multas servían de excusa para que los escasos montos se reduzcan.
Con relación a María Cristina Ledesma, su rol consistía en cooperar con Víctor Morales (su ex pareja y padre de sus hijos) en la etapa del transporte de las víctima a la ciudad de Ushuaia. Si bien el hombre solía encargarse de todo, en muchas ocasiones ella actuaba como si fuese su secretaria. Para el fiscal “es evidente que ella no podía desconocer la actividad que realizaba Morales y sus hijos, ni su finalidad de explotación sexual”.
Finalmente, Mauro Morales Ledesma, servía las copas en la barra a los clientes aunque en ciertas ocasiones reemplazaba a alguna de las encargadas. Si bien su participación no era la misma que la del resto de los imputados, no podía desconocer la actividad ilícita que se realizaba dentro en el prostíbulo.
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