El Servicio Público Provincial de Defensa Penal pidió a la Fiscal de Corrupción y Violencia Institucional, Karina Bartocci, que desestime la investigación de las doce personas de la comunidad qom en relación con los hechos ocurridos el 2 de abril, en el barrio Toba. Ese domingo fueron detenidas catorce personas en forma violenta, pero las lesiones no quedaron asentadas en las 14 constancias que hizo el médico policial.
El defensor Regional de la 2° Circunscripción Judicial, Gustavo Franceschetti, y la defensora pública adjunta, Susana Brindisi, remarcaron que la única prueba de cargo contra los vecinos es el acta de procedimiento en la que se incluyeron hechos falsos (supuesta portación de armas, supuesta resistencia a la autoridad) y se omitieron sucesos relevantes (lesiones proferidas por los policías, allanamientos ilegales, etc.) que comprometían la responsabilidad del personal policial.
Los defensores explicaron que el acta fue hecha por los mismos policías que tenían interés en evitar su propia incriminación, sin la firma de testigos. Franceschetti y Brindisi argumentaron que “insertar hechos falsos en un documento público es un delito y el fruto de un delito no puede ser prueba válida en contra de ningún ciudadano”.
El pedido de la Defensoría Pública se basó en numerosas declaraciones testimoniales recibidas en la Fiscalía, en informes médicos agregados al Legajo fiscal y en la propia acta de procedimiento que consideró “nula”.
Además, los defensores pidieron que se inicie una investigación “pronta, diligente y eficaz” para determinar las responsabilidades penales de los efectivos policiales por falsedad documental y apremios ilegales, ya que encuadran en hechos de violencia institucional protagonizados por agentes estatales.
Apremios
El pasado domingo 2 de abril personal del comando radioeléctrico irrumpió en forma violenta en el barrio Toba y detuvo a 14 personas –diez hombres, dos mujeres y dos menores–. Algunas fueron visiblemente golpeadas, e incluso una joven terminó internada por múltiples fracturas en el cuerpo. La versión policial señaló que los agentes “estaban en un procedimiento de rutina, quisieron identificar a dos jóvenes, lo que dio lugar a un tumulto por lo que pidieron ayuda y acudieron entre 40 y 50 efectivos”. Sin embargo, los vecinos denuncian que fueron víctimas de una situación de muchísima agresión y maltrato.
La causa estuvo en manos del fiscal de Flagrancia, Gustavo Ponce Asahad, quien constató los golpes y el informe médico –donde no figuraban las lesiones– y ordenó abrir una causa al médico policial por encubrimiento, incumplimiento de deberes de funcionario público, y falsificación de instrumento público.
A raíz de lo constatado se derivó la actuación a la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional, a cargo de Karina Bartocci.
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