El gobierno de Mauricio Macri busca acelerar al máximo el acuerdo por “doble imposición e intercambio informativo” entre Argentina y Estados Unidos, para que pueda aplicarse una vez vencido el blanqueo de capitales y tributario vigente. La intención del Ministerio de Hacienda que maneja Alfonso Prat Gay es que, para algún momento del segundo semestre del año, la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Internal Revenue Service (IRS), los organismos que tienen que ejecutar el tratado, puedan estar preparando la batería de intercambio de datos para que las fiscalizaciones a los argentinos que tienen bienes y dinero en ese país puedan comenzar a ejecutarse. Para esto, se necesita que sea el gobierno de Barack Obama quien tome la iniciativa en las próximas semanas, y envíe al Congreso de su país el proyecto de tratado y que lo considere fundamental para que tome estado parlamentario. Luego, se confía en Buenos Aires, debería ser la administración de Hilary Clinton la que acelere en el Capitolio el tratamiento de la ley para que se apruebe, y luego reglamente, lo antes posible. Todo, obviamente, en el caso de que la candidata demócrata gane las elecciones presidenciales de octubre, ya que se descarta que si el vencedor es Donald Trump el acuerdo no tendrá mayor destino.
Para pedir por la aceleración del tratamiento del acuerdo, este jueves se presentó personalmente en la sede del Departamento del Tesoro norteamericano en Washington el secretario de Finanzas, Luis Caputo, que se reunió con funcionarios de esa repartición para pedir por la agilización del acuerdo que el 26 de septiembre pasado firmaron en Buenos Aires el secretario del Tesoro del gobierno de Obama, Jack Lew, y el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. Se sabe que probablemente Lew continúe vinculado con la gestión demócrata si vence Clinton, ya que el funcionario participa activamente de la campaña electoral y es una vinculación permanente entre la candidata y parte del mundo financiero y empresarial norteamericano. Además de un vínculo con la burocracia de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Lew había asegurado durante su paso por Buenos Aires que para el gobierno de Obama el acuerdo era prioridad, pero mencionó que al tratarse de impuestos federales debía intervenir el Congreso. Y que además, una vez aprobada la norma, habría que realizar negociaciones bilaterales con algunos estados norteamericanos con sistemas impositivos particulares como Nevada, Delaware o Alaska. Argentina quiere acceder a los datos de los contribuyentes locales que posean bienes financieros e inmuebles en los Estados Unidos y no los hayan declarado en el país; y para esto necesita que el Congreso norteamericano libere el acuerdo de intercambio con el IRS.
El acuerdo entre este organismo y la Afip se venía negociando desde hace varios años. Sin embargo, se necesitaba el aval del mayor nivel político para avanzar en el compromiso. La muy buena relación entre Macri y Obama y la visita posterior de Lew a Buenos Aires permitieron la gestión, que ahora deben acelerar el IRS y el organismo que dirige Alberto Abad, junto con el Congreso.
La idea es que desde el segundo semestre de 2017, o 2018 a más tardar, la Afip tenga acceso directo a la información financiera y bancaria de todos los contribuyentes en la plaza norteamericana. También se podrá ver si una persona o sociedad registrada para el fisco argentino tiene dinero en cualquier divisa depositado en entidades financieras de los Estados Unidos tanto a la vista como a plazos. Y además, si posee opciones, fondos de inversión u otra operación similar. Pero a su vez, si la Afip lo requiere, podría comunicarse con el IRS para requerirle que le envíe la información impositiva en ese sistema tributario. Esto es, si está registrado y si mantiene bienes inmuebles, muebles, autos, aeronaves, barcos, obras de arte o cualquier otra tenencia según las obligaciones tributarias de cada país. Luego, estos datos podrán ser utilizados dentro de la Argentina para acusar a un contribuyente de evasión, y si supera el millón de pesos, presentarle una causa en lo Justicia penal tributaria.
Hasta hoy, la Afip sólo puede acceder a la información de estas personas y sociedades a través de un pedido judicial de un magistrado local a uno norteamericano, trámite que puede demorar hasta un año para concretarse. Antes, un juez debe habilitar el pedido luego de una denuncia de la Afip, lo que no siempre tiene resultados positivos. Con un acuerdo entre la Afip y el IRS, el trámite sería más rápido y “entre gobiernos”, lo que reduciría a la inmediatez la fiscalización.
Lew, además, le había prometido en Buenos Aires a Prat Gay que avanzará en la presión ante las entidades financieras de su país para que “aconsejen” a los argentinos residentes que adhieran al blanqueo.
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