La Justicia condenó ayer a prisión perpetua a los jóvenes Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres por el asesinato, en marzo de 2010, de Silvia Suppo, la testigo muerta en Rafaela en un intento de robo que había declarado en la Causa Brusa y debía hacerlo en otro juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en la provincia.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó ayer a Cóceres y Sosa por el delito de homicidio agravado. Los jóvenes, que se desempeñaban como cuidacoches en Rafaela al momento del crimen, fueron hallados responsables de haber matado a la militante que testificó contra el ex juez Víctor Hermes Brusa, en 2009, y que debía declarar en el proceso que investiga la desaparición de su ex pareja Reinaldo Hattemer.
Si bien el tribunal hizo lugar al planteo de la querella, que había pedido que se condene a los acusados por homicidio agravado –el Ministerio Público Fiscal había planteado la figura de homicidio en ocasión de robo–, la familia de Silvia Suppo no quedó conforme con la sentencia ya que sostienen que se trató de un “asesinato político”, hipótesis que la Justicia no investigó a pesar del pedido de los querellantes.
Rodolfo Cóceres tiene 26 años y Rodrigo Sosa 22. Ambos fueron hallados culpables del homicidio contra Suppo, de 51 años, ocurrido el 29 de marzo de 2010 cuando tenían 21 y 17 años respectivamente. A la testigo la mataron de 12 puñaladas en el local comercial en el que trabajaba, en pleno centro de Rafaela.
Ayer, al comienzo de la audiencia, los acusados dijeron que eran inocentes y que nunca habían entrado al local de la víctima. Esas declaraciones contradicen lo que habían dicho al principio de la investigación, cuando ambos reconocieron la autoría del asesinato y explicaron que fue para que la víctima –a quien robaron– no los reconociera. Desde un primer momento los hijos de Suppo desestimaron la versión de Cóceres y Sosa y una pericia determinó que no se encontraron huellas de los sospechosos en el lugar de los hechos.
El tribunal estuvo integrado por los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Luciano Lauría. El jueves 9 de abril se conocerán los argumentos de los jueces.
La familia de Suppo opinó que la Justicia debe investigar el móvil político. “No termina acá la batalla judicial. Hay que avanzar en la mecánica, el móvil, en la estructura que hizo posible el asesinato y en el rol de la Policía. Nosotros habíamos pedido esa pena pero nos gustaría que se hubiese hecho más énfasis en el accionar policial durante la instrucción”, señaló ayer Marina Destéfani, hija de Suppo y querellante en la causa.
También Lucía Tejera, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consideró que se debería ahondar en la “responsabilidad institucional de la Policía de la provincia” en la investigación del asesinato de Suppo.
La militante había sido secuestrada en 1977 y fue torturada en la Comisaría 4a de Santa Fe. También fue violada por tres hombres en el centro clandestino de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). Producto de ese vejamen, Silvia Suppo quedó embarazada y algunas semanas más tarde fue obligada a abortar, decisión que corrió por cuenta del ex policía –condenado en el marco de la Causa Brusa– Juan Calixto Perizzotti.
El último domingo, en Rafaela, al cumplirse cinco años del crimen, hubo una marcha en la que los familiares de Silvia Suppo insistieron que “se trató de un asesinato político que se llevó la vida de una testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad”.
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