Al cumplirse hoy dos años de la entrada en vigencia en la provincia del nuevo sistema penal, el fiscal general Julio De Olazábal valoró “los cambios realizados” y señaló que todos los actores involucrados “coinciden en profundizar” la reforma iniciada en 2007 con la sanción del nuevo Código Procesal Penal que empezó a aplicarse el 10 de febrero de 2014.
En los dos primeros años se iniciaron 392.185 legajos en el Ministerio Público de la Acusación que comanda De Olazábal y que cuenta con 113 fiscales (42 titulares y 71 adjuntos) en 17 departamentos de la provincia donde hay unidades fiscales. En ese lapso, se dictaron en promedio de 15 prisiones preventivas por día.
El nuevo sistema, han reconocido todos los actores, no resuelve el problema de la inseguridad, pero su puesta en marcha generó transformaciones jurídicas e institucionales históricas que permitieron dejar de lado un sistema inquisitivo por un nuevo esquema penal oral, transparente y más ágil.
El fiscal general de la provincia valoró el compromiso de los ex gobernadores Jorge Obeid, Hermes Binner, Antonio Bonfatti y del actual mandatario Miguel Lifschitz en la implementación de la reforma: “Cambió el esquema del litigio, la publicidad, la oralidad, la adversariedad y, fundamentalmente, la posibilidad de la sociedad de interpelar a los actores del sistema”. Y agregó: “Desde hace dos años, todos sabemos que en cualquier causa penal siempre deberá haber alguien que acuse, alguien que defienda y alguien absolutamente imparcial que juzgue. Esto que parece obvio y sencillo, en Santa Fe no era así hace tan solo un tiempo atrás. Los cambios no son una construcción acabada, sino un proceso en ejecución al que todavía le falta para finalizar, pero que permitió avances sustanciales”.
Sobre los aspectos que deben ser mejorados, De Olazábal detalló: “Debemos reconocer que, en primer lugar, nos está faltando el establecimiento del juicio por jurados que requiere nuestra Constitución. No podemos seguir discutiendo si es mejor o peor que el sistema de juicios en vigencia”.
En cuanto a la situación del Ministerio Público de la Acusación, sostuvo que “faltan diseñar nuevas formas de organización, de investigación y de capacitación; dictar más instrucciones generales que surjan del consenso interno; incorporar nuevas tecnologías; lograr mayor eficiencia; completar el cuadro de recursos humanos y materiales; completar al Organismo de Investigaciones; mejorar la relación con las víctimas y optimizar prácticas de trabajo”.
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