El diputado nacional Fabián Peralta, del partido GEN, presentó un proyecto de Ley para que se cree en el Congreso una comisión bicameral de carácter especial con el objetivo de que investiguen los pormenores de la licitación, la construcción y la explotación de la traza de la de la conexión vial entre las ciudades de Rosario y Victoria.
“Queremos que el Congreso investigue y llegue a conclusiones sobre lo que para nosotros fue un escándalo desde el comienzo. Se registraron irregularidades en la licitación de la construcción de los 60 kilómetros de la ruta y, el broche de oro, fue el retiro anticipado de la empresa Puentes del Litoral. A esto le siguió la asunción de la nueva empresa, Caminos del Río Uruguay, sin que se produjera licitación alguna”, manifestó el legislador del partido GEN.
La obra fue objeto de cuestionamientos desde sus inicios. Al respecto, en el año 2004, la Auditoría General de la Nación precisó que se habían modificado los pliegos flexibilizándolos a conveniencia de la concesionaria.
Además, Peralta recordó que “el mismo Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) dictaminó en el año 2005 que se había pagado un 10% más de lo que se había estipulado para construir la obra. Por otro lado, hay que agregar que buena parte de la financiación provino del Estado nacional”.
“La Nación puso 238 millones de pesos, a lo que hay que sumar 20 millones proveniente de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Dicho esto, vemos que la ecuación da como resultado que el Estado puso gran parte del dinero, una empresa privada administró la obra y ahora se va dejando dos juicios. Uno de los litigios lo inició la empresa saliente contra el Estado nacional por no permitirle subir los peajes y el otro es de una empresa holandesa contra Puentes del Litoral. Nuestra preocupación es que la historia termine con el Estado nacional pagando esos juicios”, explicó el legislador nacional.
A esta situación, se suman las deficiencias desde el punto de vista ambiental y de la seguridad vial. Algunos de los estudios de impacto previos recomendaban diseños menos nocivos para la naturaleza con una menor extensión de los terraplenes en la zona del humedal. En cuanto a la seguridad vial, hasta el año pasado se contabilizaban 842 siniestros viales, de los cuales 160 de estos se produjeron en los puentes de la traza. “Es una obra a la que ni siquiera le han hecho las banquinas correspondientes con los cual nos parece importante que se determinen las responsabilidades de los distintos funcionarios”, continuó el santafesino.
“Nos parece que el Congreso tiene que tener una palabra al respecto, tiene que tener la información y determinar responsabilidades en todo este proceso que fue nefasto”, concluyó Peralta. La comisión investigadora tendrá un plazo de 6 meses para recabar la información correspondiente y determinar las responsabilidades políticas y jurídicas de las irregularidades.
Comentarios