Paros sectoriales en medio de barricadas marcaban ayer la jornada de movilización sindical contra las medidas de austeridad del presidente brasileño, Michel Temer, que seguía pendiente del avance de una denuncia por corrupción en su contra en la Cámara de Diputados.
Las centrales gremiales habían convocado inicialmente una huelga general, que hubiera sido la segunda del año después de la del pasado 28 de abril, pero la transformaron en una jornada de protestas más modesta, principalmente por la negativa a adherirse al paro del vital sector de los transportes en San Pablo.
Decenas de manifestantes bloquearon ayer por la mañana el acceso al aeropuerto paulista de Congonhas y al aeropuerto internacional de Río de Janeiro, generando varios kilómetros de colas de automóviles.
En el centro de San Pablo, la capital económica del país, la Policía dispersó con bombas de estruendo a manifestantes que habían cerrado varias calles, mientras en Brasilia la paralización de los transportes públicos era total.
“Los paros y manifestaciones son los instrumentos que estamos usando para presionar y tener una negociación más seria con Brasilia, que no perjudique a los trabajadores”, afirmó Carlos Gonçalves, secretario general de Força Sindical.
La movilización apunta contra la flexibilización de la legislación laboral –que debe ser votada próximamente en el Senado– y contra la reforma del régimen de jubilaciones.
Esas medidas, según el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT) Vagner Freitas, amenazan “el empleo formal, que garantiza derechos adquiridos como vacaciones y aguinaldo”.
Ingresó denuncia al Congreso
La Cámara de Diputados recibió ayer la denuncia por corrupción pasiva que la Fiscalía General presentó contra el presidente, y desde ese momento empezaron a correr las 10 sesiones para que la defensa de Temer presente sus alegatos.
La Cámara debe determinar si el Supremo Tribunal Federal (STF) puede abrir un proceso contra el mandatario, el primero de la historia de Brasil en ser inculpado durante el ejercicio de su mandato.
El oficialismo cuenta con una holgada mayoría en la Cámara baja, donde decenas de legisladores están siendo investigados por corrupción, y Temer confía en evitar que 342 diputados (dos tercios de los 513 escaños) voten a favor de la apertura del proceso.
“Es un momento delicado, grave, que exige responsabilidad, distancia e independencia”, dijo Rodrigo Pacheco, presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara (CCJ), que analizará la denuncia antes de someterla al plenario.
El fiscal general, Rodrigo Janot, acusó a Temer de recibir un soborno de 500.000 reales (150.000 dólares) de la empresa JBS, la mayor procesadora de carne del mundo. La Policía fotografió a Rodrigo Rocha Loures, ex diputado y uno de sus asesores más cercanos, recibiendo una maleta con ese dinero y lo arrestó a finales de mayo.
Janot afirma que ese dinero estaba destinado a Temer, aunque el presidente lo niega categóricamente.
Una eventual delación premiada de Loures, que empieza a ser rumoreada en medios locales, complicaría mucho las cosas para el debilitado mandatario.
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