De un lado, una anciana. Del otro una joven pareja y su hijo. Y en el medio, pedazo de tierra y una maraña de abogados y jueces, una orden de desalojo, un supuesto incumplimiento de contrato y acusaciones que van y que vienen. ¿Quién tiene razón cuando la disputa es a kilómetros de los Tribunales, en las mismas fronteras de la ciudad? Sin embargo allí, en avenida del Rosario 3528, Lautaro, que tiene 3 años y medio, seguirá bajo techo: el desalojo –técnicamente un “deshaucio”– que se iba concretar en la mañana de hoy se detuvo: la Cámara en lo Civil y Comercial aceptó una apelación en queja, y ahora se deberá determinar qué existió en realidad: si una doble venta trucha, un intento de estafa, una usurpación, o todo junto. Por lo pronto, por el mismo tema hay dos causas paralelas: una, en el fuero civil, fue iniciada en 2007 por la familia S. y en ella se reclama a Dominga M. que cumpla el contrato que firmó y haga la escritura definitiva del terreno que compraron y pagaron. En la otra, iniciada al año siguiente, pero en el fuero penal, Dominga M. denuncia a la familia S. por “usurpación”.
La historia suena triste, pero más bien es peligrosa: le puede pasar a cualquiera. O al menos le puede pasar a cualquiera que sea pobre, y en Rosario, no son precisamente pocos. Todo comenzó cuando María Eugenia S., que no las tuvo fácil en su vida, quedó embarazada. Tenía pareja estable, ambos trabajaban y estaban convencidos de que todo podía salir bien. Más cuando su padre, Eugenio, se ajustó el pantalón de futuro abuelo y decidió darles un terreno que había comprado en el barrio para que, con esfuerzo, se hicieran la casita.
Pero ahí comenzó el calvario: desde que llegaron, los quieren sacar. Y para peor, los S. afirman que no sólo compraron el terreno, sino que lo hicieron dos veces: una, a Dominga M., que se los vendió primero; y otra a quien, descubrieron después, figuraba como titular registral. Pero igual les llegó una orden de desalojo. ¿Qué pasó? Sencillo: un torbellino de abogados, secretarios y jueces dicen que nada es lo que parece, ni parece lo que es.
Por la razón o la fuerza
La noche del 23 de junio de este año no fue buena para María Eugenia. Era un miércoles y, pese a que en Rosario hacía frío y amenazaba con llover, todo el país estaba contento: Argentina le había ganado a Grecia por 2 a 0, pasaba a octavos con puntaje ideal e iba por más en Sudáfrica. Pero a la joven nada de eso le importaba: estaba soportando un intento de desalojo por parte de una comisión policial. Era un orden y los policías debían cumplirla porque el papel decía bien clarito, y con la firma del juez Adolfo Claverie, que María Eugenia “y otros” debían “reintegrar el uso y goce” del terreno que habían comprado y de lo que habían construido encima a la persona que se los vendió por primera vez en un plazo de diez días; y que si no lo hacían se podía “ordenar el lanzamiento por la fuerza pública”.
Sólo un “detalle” los salvó: esa semana había comenzado el invierno, Lautaro sufría un broncoespasmo y, lo peor, iba a quedar en la calle. Algo que colisiona directamente con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la que la Argentina es signataria y que, por disposición constitucional, tiene jerarquía superior a las leyes interiores: forma parte de la misma Carta Magna. Paradójicamente, fueron oficiales de Policía actuando en el terreno quienes comprendieron la situación, antes que letrados que deberían velar por el cumplimiento del tratado: lloviznaba, le preguntaron al juez y el “lanzamiento” no se hizo.
Pero una cosa es la suspensión de un desalojo y otra, la forma en la que se llega a él. Y más cuando el lugar que se debe dejar libre, marcan los papeles, fue comprado dos veces. “Yo vi los dos boletos de compraventa”, confirma a El Ciudadano el abogado Carlos Lorenzo. Convencional constituyente por la UCR en 1994 y con vasta experiencia en derecho laboral y civil, Lorenzo hizo la presentación que suspendió, una vez más, el “deshaucio”. Y dice percibir “algo extraño” en el caso. Pero no precisa más.
Vuelta de campana
En la otra vereda, en tanto, también hay sospechas, pero en sentido contrario: para Guillermo Freites y Patricia Guzmán, los abogados de Dominga M., no hay dudas de que hay una usurpación, y hablan de presiones con “poder político” en el caso. “Se pretende invocar un boleto de compra venta que no tenemos problema de discutir en la sede Civil”, se plantan ante este diario. Sin embargo, ante la mención de que la demanda de la familia S. contra su defendida en el fuero civil se hizo un año antes de la que ellos hicieron en el fuero penal, Freites niega que haya sido una “contrademanda”.
Sin embargo, lo cierto es que la historia que entró por una puerta a Tribunales salió por otra, y al revés: Dominga M., de 93 años, afirma –o al menos es lo que dicen sus abogados y una vecina, de nombre Cristina– que un buen día llegaron los S. y la sacaron de un lote que le pertenece. Es más: Cristina dice que incluso tiraron a la calle ropa y cosas que le pertenecían, y les prendieron fuego. “Es una viejita y la maltrataron”, se escandaliza. Y sostiene que Dominga M. vive con ella “porque no tiene otro lugar donde ir”. Sin embargo, admite que desconoce si el terreno se vendió, y si a la anciana le pagaron por él. “Si es como dicen y es de ellos, ¿por qué vinieron siete años después a estar ahí?”, se pregunta.
La tierra no es redonda
Claro, María Eugenia dice otra cosa. No sólo afirma que compraron el terreno de buena fe, sino que lo mismo que le ocurre a ella había pasado antes: que hace “muchos años” otra familia compró el lote, pagó, y la desalojaron. Y que el caso “tiene que estar” en Tribunales, con el nombre clave: Dominga M. Siguiendo esa huella se comprobaría que no es un litigio aislado, sino casi una costumbre: dice que una inmobiliaria de la zona ofreció a la venta el terreno otra vez, que era el mismo, y que eso pasó hace apenas unos meses.
Con todo, al contrario de lo que ocurre no pocas veces, en este capítulo hay papeles conservados, y a resguardo. Su autenticidad deberá ser peritada y comprobada por la Justicia; algo que, curiosamente, aún no se ha hecho.
Sin embargo su lectura también deja ver omisiones cuanto menos llamativas: el contrato de compraventa por el terreno de avenida del Rosario 3528 de la ciudad de Rosario fue firmado el 12 de abril de 1997. Allí Eugenio S. conviene con Dominga M., “argentina, soltera, nacida el 21 de marzo de 1918”, la compra por 7.000 pesos –que entonces eran dólares– del lote, cuya posesión “libre de toda ocupación de personas y/o cosas” podía tomar al día siguiente.
Claro, pequeño detalle: el contrato hacía referencia a un lote “ubicado sobre avenida del Rosario al 3500”, sin más; y aunque aclaraba que el terreno estaba “compuesto por 7,36 metros de frente, por 16,61 metros de fondo”, no aclaraba más. Sólo dice: “Al norte por calle Las Flores, al oeste San Nicolás y al este por Cafferata, encerrando una superficie total de 136,5 metros”. No figura la palabra “límites”, no se precisa número de Catastro, ni nada. Es decir, una compra de “nada” en cuotas de 200 pesos/dólares, que Eugenio S. fue pagando a la señorita Dominga M., dice. Y la anciana, a su vez, le firmó los recibos tras cada entrega de dinero: allí sí hizo constar que recibía las cuotas “por la venta de un terreno en avenida del Rosario 3528”. Es decir, por el mismo lote supuestamente “usupado”, y del que no es titular registral.
El contrato de compraventa también aclaraba que la escritura “traslativa” del lote se iba a otorgar “contra el pago del saldo convenido” en el mismo papel. Como ello se demoraba sin razón, diez años después Eugenio S. demandaba a Dominga M. por no haber cumplido el contrato que firmó, al no realizar la escrituración definitiva. Ya entonces, Eugenio S. no sólo había pagado a la anciana por el terreno, sino que, en 2003, había abonado las cuotas por el mismo pedazo de suelo a Roberto V. D. do C., quien sería el verdadero propietario.
La demanda, llevada adelante por el letrado Francisco Grand –que pese a lo reciente del caso recordaba poco o nada cuando fue consultado por este diario–, fue sellada el 8 de agosto de 2007 por la Mesa de Entradas del distrito Civil y Comercial de Tribunales Colegiados, y a las 9.25 del día siguiente ingresaba, con el número 8.080, al Juzgado Civil y Comercial de la 7ª nominación. Qué suerte corrió el expediente 642/07 en el que Eugenio S. le reclama a Dominga M. y a Roberto V. D. do C. la escrituración definitiva del lote que le compró en abril de 1997 a la primera y en febrero de 2002 al segundo, que viene a ser el mismo.
Aunque allí sí se precisaba que se trata de “parte del lote 9 del plano Nº 6.0017/40 que mide 7,36 metros de frente por avenida del Rosario por 17,62 metros de fondo”. Pero el letrado no sólo no logró el objetivo de la demanda, sino que dejó el caso. Después Dominga M. iniciaaba la causa 2.239/09 por “usurpación”. Y salieron primero los efectos de esta última presentación que de la que se había plantado en 2007, que es la que ayer llegó a la Cámara.
Comentarios