La cartera de Justicia santafesina trabajará en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para la aplicación, gestión y control de reglas de conducta, de acuerdo a un convenio que suscribieron.
La rúbrica del acuerdo tuvo lugar en la oficina del ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein. Del cónclave también participaron el fiscal regional Jorge Baclini, por el MPA; y el defensor regional Gustavo Franceschetti, por el Servicio de la Defensa.
Silberstein explicó que el convenio está relacionado con “aquellos supuestos en los que se suspende el proceso penal o la ejecución de la pena, con la posibilidad de que las personas involucradas puedan realizar tareas comunitarias, tratando de integrarlas y de que no vuelvan a cometer un delito”.
El funcionario detalló que “es solamente para quienes hayan cometido delitos menores”, y aclaró que el tipo de tareas variará según el ilícito.
“La dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria trabaja a través de convenios con municipalidades, organizaciones no gubernamentales y empresas, con lo cual podremos evaluar qué es lo más conveniente para cada imputado. Hoy hay 4 mil personas en la órbita de esta Dirección, de las cuales el 40 por ciento podría hacer uso de este convenio”, precisó Silberstein en diálogo con la prensa.
Por su parte, Baclini sostuvo que se “aplicarán reglas de conducta particularizadas y se permitirá establecer un mayor control y una mejor incorporación de la persona a un plan adecuado que determina la dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria. Esto significa que las reglas de conducta son específicas al tipo de delito que se ha cometido”.
Por último, el fiscal advirtió que “también se van a generar controles más específicos y puntuales, algo que desde siempre fue uno de los objetivos, porque si no parecería que la pena -aún cuando haya caído en suspenso o cuando haya sido una probation- queda sin la posibilidad de un control puntual”.
De qué se trata
A partir de ahora se organizará un protocolo de actuación entre las partes en relación al Programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta, mediante el cual se coordina a los actores que intervienen en el marco de la suspensión del juicio a prueba o condena de ejecución condicional (de conformidad al artículo 27 bis del Código Penal) cuando se ordenan reglas de conducta de contenido social que pueden incluir el cumplimiento de tareas en beneficio de la comunidad.
El Programa se implementa en el ámbito de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, que depende de la Subsecretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y su principal objetivo es trabajar por la inclusión social de personas en conflicto con la ley penal para evitar la reincidencia en el delito.
De esta manera, se tiende a transformar una sanción individual hacia una persona en conflicto con la ley penal en algo proactivo hacia la comunidad y así se posibilita que el trabajo no remunerado signifique un aporte para los organismos destinatarios.
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