Con el objetivo de acelerar la sanción de la ley de creación del Organismo de Investigaciones (o Policía Judicial), una herramienta clave para la reforma penal, que dependerá del Ministerio Público de la Acusación, ayer se reunieron el vicegobernador y presidente del Senado, Jorge Henn, y el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal.
El funcionario judicial le reclamó al vicegobernador un rápido tratamiento del tema en el Senado, ante “la urgente necesidad” de que el Ministerio Público de la Acusación pueda contar con su propio órgano para la investigación de los delitos complejos. La iniciativa obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 21 de agosto, pero aún no fue abordada por la Cámara alta.
En su rol de presidente del Senado, el vicegobernador Henn recibió a De Olazábal para escuchar su reclamo y se comprometió a trabajar para sacar en el menor tiempo posible la media sanción que posibilite la formación de la Policía Judicial. “Es fundamental que en la recolección de pruebas actúe esta nueva fuerza”, sostuvo Henn. “De esta manera los efectivos policiales dejarán de tener el poder sobre los procesos judiciales y podrán dedicarse a la prevención de delito”.
En ese punto fue más que enfático el fiscal De Olazábal: “No es bueno que una sola institución, en este caso la policial, tenga tantas atribuciones como las tiene en la actualidad. Un mismo organismo no puede actuar en mantener el orden y luego investigar cuando ese orden se quiebra. La Justicia Penal termina trabajando sobre aquello que la Policía quiere que se trabaje y eso no es bueno”.
El fiscal general fue categórico en cuanto a la necesidad de un organismo especializado superador de la estructura policial que tiene actualmente la provincia: “El Poder Judicial debe tener su cuerpo de investigaciones para romper con las viejas estructuras que, además, no cuentan con especialización y la poca tecnología que hoy tienen se pierde en la multifuncionalidad que los efectivos deben desarrollar”.
Por su parte, Henn agregó: “Estamos generando un consenso inédito desde todos los poderes del Estado para poder contar con esta ley de inmediato. Se han escuchado a los legisladores, al Poder Judicial y el gobierno santafesino también ha hecho su aporte. La reforma procesal penal es medular, como también lo es pensar una Policía más transparente, que no dependa de las unidades regionales”.
El proyecto del Organismo de Investigaciones establece que el director general del cuerpo será un civil y dependerá del Ministerio Público de la Acusación, conducido por De Olazábal, para investigar los delitos complejos y los delitos cometidos por funcionarios públicos.
A pedido del fiscal general, se incorporaron en el proyecto dos cargos de subdirectores: uno especializado en Ciencias Forenses y otro en Investigación Criminal, además de cinco directores regionales.
En la votación en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado por unanimidad en general. Pero en particular, capítulo por capítulo, surgieron algunas diferencias entre el oficialismo y la oposición. El justicialismo propuso que las direcciones regionales del organismo queden en manos de personal civil, para impedir que a ese puesto llegue un policía en funciones o retirado. El Frente Progresista intentó eliminar ese requisito, pero se impuso el criterio del PJ, que tiene mayoría propia y controla la cámara.
El proyecto que ahora tiene en sus manos el Senado es de autoría del diputado del Movimiento Evita Eduardo Toniolli y fue avalado por el fiscal De Olazábal.
El año pasado se votó una ley similar, pero luego el gobernador Antonio Bonfatti vetó 40 de los 57 artículos. El nuevo proyecto recoge la mayoría de los cambios que introdujo el Ejecutivo y tiene como objetivo final la creación de un Organismo de Investigaciones para transparentar la investigación criminal, en particular en lo relacionado a los delitos complejos y a los delitos cometidos por funcionarios públicos.
Comentarios