Manifestantes contra la ley ómnibus del presidente Javier Milei volvieron a soportar embates de efectivos de las fuerzas de seguridad que custodian las inmediaciones del Congreso nacional durante la segunda jornada de vigilia frente al Parlamento, mientras diputadas y diputados siguieron debatiendo en el recinto. Pasada la medianoche, la Cámara baja resolvió pasar a un nuevo cuarto intermedio y postergó hasta este viernes la votación del proyecto, con la incorporación de nuevos cambios en el capítulo de privatizaciones, con lo que los puntos principales ya parecían estar prácticamente anudados entre el oficialismo y sus aliados, y la oposición amigable o más blanda.
Cuando la represión escaló, con uniformados cargando sobre manifestantes no sólo en la calle sino en la plaza y la vereda, la oposición pidió en voz del líder de la bancada justicialista, Germán Martínez, suspender la sesión, lo que Martín Menem, en su calidad de titular de la Cámara baja, denegó. Así, la izquierda fue la primera en abandonar la sesión, y de inmediato le siguió el peronismo crítico.
“Son la dictadura, háganse cargo”, les gritó sobre la aplicación del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich el diputado Christian Castillo a sus pares oficialistas, incluidos sus aliados del radicalismo, cuatro de cuyas militantes fueron detenidas en la noche del jueves en las afueras del Congreso sólo por cantar el Himno.
Cuando tres o cuatro decenas de diputadas y diputados opositores salieron a la calle a interceder por la represión sobre los manifestantes, continuaron los forcejeos y los palos durante algunos minutos. Más tarde, volvieron al recinto, en medio de incidentes en diversos sectores del exterior del Congreso.
Después de una dilación, Menem puso a las 20.36 en consideración la moción de Martínez de suspender la sesión hasta las 21, pero la mayoría de oficialismo y aliados se impuso.
Escalada
La tensión había comenzado pasadas las 17.30 de este jueves, cuando manifestantes intentaban colocar banderas y policías y agentes federales quisieron impedirlo.
Durante los incidentes, una persona fue detenida por personal de las fuerzas de seguridad.
A su vez, un militante fue herido en la mandíbula y recibió atención en la plaza de los Dos Congresos.
Si bien al momento de retomar el debate estaban presentes algunos manifestantes, la concentración principal comenzó a las 18: volvieron a asistir integrantes de agrupaciones de izquierda y otras organizaciones sociales para rechazar la ley nombrada “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que impulsa el gobierno de Milei.
La rosca
Mientras se desarrolla la sesión más larga de los últimos años, el gobierno, los bloques de la oposición dialoguista y los gobernadores siguen negociando los artículos clave de la ley ómnibus.
Algunos temas ya están prácticamente resueltos, como la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo (léase “superpoderes”), pero otros se encuentran en un laberinto, como el capítulo de privatizaciones.
El barrido del paquete fiscal generó al principio buenas sensaciones en los bloques de la oposición blanda, especialmente por el pase a archivo del aumento de retenciones a distintos sectores de la actividad económica.
Esa decisión permitió generar las condiciones políticas para convocar a la sesión. Después de varias revisiones, el proyecto se redujo de 664 a 224 artículos. Se amputaron 440 artículos.
El PRO quedó conforme y va a apoyar en general y en particular. Los demás bloques procuraron avanzar diseccionando el articulado en varias cuestiones. Y lo lograron. Se presumía que en la votación el gobierno tendría el apoyo de unos 143 diputados para aprobar en general el proyecto, con el aporte de 38 diputados de La Libertad Avanza, 34 de la UCR, 18 de Hacemos Coalición Federal, 37 del PRO, 9 de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, 2 Buenos Aires Libre, 1 de Creo, 1 Avanza Libertad, y 1 Unidad Mendocina.
Para lograr el número crítico, La Libertad Avanza propuso a los bloques dialoguistas eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que en el proyecto tenían autorización para su venta, y admitió nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.
Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), Casa de Moneda, Dioxitek SA, Fabrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (Fadea), Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En ese borrador que contienen los cambios, el gobierno mantiene la privatización parcial del Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y Arsat, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea SE y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sapem, entre otras.
El nuevo capítulo divide en tres artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechacen todas las ventas de las empresas públicas.
En esa línea de debate, la diputada libertaria de Santa Fe Romina Diez defendió las privatizaciones de todas empresas públicas: “Se trata de dos conceptos antagónicos que tratan de disfrazarlos de Patria para justificar aguantaderos de militantes”, cargó. “Una empresa no debería ni puede ser pública. Las manejan empresarios, los naturales benefactores sociales”, completó.
La diputada de Unión por la Patria Paula Penacca simplemente sostuvo que la ley ómnibus “en realidad es la ley de bases y condiciones para la venta de la Argentina”.
Atados a la emergencia
Según trascendió, en el acuerdo se mantuvieron la declaración de emergencia en materia económica, financiera, administrativa, tarifaria, energética, seguridad y administrativa, y el capítulo sobre deuda donde se elimina la obligación de pedir autorización al Congreso previo a tomar un endeudamiento como establece la ley vigente.
Antes, con la limpieza del capítulo fiscal quedaron afuera del repertorio temas en los que había acuerdo y que eran una fuente de ingresos tanto para Nación como para las provincias: la moratoria, el blanqueo de capitales y el anticipo de bienes personales.
Sin ese esquema fiscal, sumado a la marcha atrás de la reversión de Ganancias y el retaceo del gobierno a renovar el impuesto País como solicitaban los gobernadores, la ecuación fiscal para los provincias será cuanto menos muy comprometida.
Por ello Hacemos Coalición Federal presionó por un nuevo pacto fiscal antes de levantar la mano.
En cuanto a las facultades delegadas, de las 11 que habían sido fijadas en el primer proyecto, sobreviven seis: económica, financiera, tarifaria, energética, fiscal y administrativa.
Está en duda la de seguridad, pero también algunos gobernadores patagónicos se mantienen en vilo por las emergencias tarifaria y energética, ya que con esas facultades el gobierno podría suspender sin permiso el beneficio de “zona fría” para usuarios de gas.
Hay bloques de la oposición “friendly” que seguía reacios a darle superpoderes al presidente Javier Milei, pese a que el gobierno cedió al reducir de dos a un año de plazo. Los seis diputados de la Coalición Cívica y un grupo de seis o siete legisladores liderados por Facundo Manes se resisten a entregarle al gobierno esta prerrogativa.
“No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias, que nadie se confunda”, anunció este jueves el neurocientífico radical, en un discurso de altísimo impacto, con costo político puertas hacia adentro y elogios del peronismo.
A los consabidos rechazos de los 100 diputados de Unión por la Patria y los cinco del Frente de Izquierda, se suman los dos socialistas de Santa Fe, el grupo Manes del radicalismo y en cuanto al resto de Hacemos Coalición Federal se abría todavía un gran signo de interrogación.
Las reformas del Código Penal para agravar las sanciones a quienes bloqueen la libre circulación en calles y rutas es otro foco de polémica. El capítulo “Bullrich” pone los pelos de punta al Frente de Izquierda y a Unión por la Patria, pero incomoda a fuerzas políticas con tradición democrática y republicana como la UCR y la Coalición Cívica.
También son resistidos por la UCR los cambios en el instituto de la legítima defensa. Según la nueva redacción, la interpretación sobre la proporcionalidad de la respuesta del accionar de agentes de seguridad o de Defensa frente a actitudes delictivas o criminales debe favorecer siempre a las fuerzas del orden.
Otro tema que genera inquietud en distintos bloques son los cambios en el financiamiento a los organismos de promoción de la Cultura. Los artículos referidos a este punto son un golpe a la economía de estas entidades, como el Incaa, el Inamu, y el Fondo Nacional de las Artes, ya que se fija un tope de gasto del 20% en relación al monto total de ingresos.
El Instituto Nacional del Teatro es suprimido y sus funciones son absorbidas por la secretaría de Cultura. En cuanto al Incaa, se circunscriben los subsidios al 50% del costo de producción de esos proyectos, y determina que el beneficiario de un subsidio no podrá recibir nuevos hasta que haya pasado un año desde la obtención del previo.
Acerca de los cambios en el Código Civil y Comercial, la desjudicialización de los divorcios, quitándole intervención a los abogados, y facilitando el trámite con el mero consentimiento informado de los cónyuges para la disolución del matrimonio, es uno de los puntos más cuestionados.
Además del régimen diferencial de zona fría, los gobernadores patagónicos están pendientes de que queden definitivamente afuera del proyecto los cambios al régimen Federal de Pesca, tal como se comprometió el Gobierno, y ponen la lupa en la normativa sobre Biocombustibles (el dictamen del Gobierno busca a subir el piso de corte de biodiésel y bioetanol).
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