Tiago tiene 9 años y síndrome de Down. Desde hace 8 recibe una ayuda económica nacional de 4 mil pesos por discapacidad. Pero los últimos dos meses no contó con el subsidio porque desde Ansés le exigen que complete un nuevo formulario. Cansado de las demoras, el padre del menor decidió difundir una foto bajo el título “Padres de niños con discapacidad”, y un número de teléfono. La problemática se replica en al menos 15 niños de la ciudad que vieron suspendido el aporte nacional a partir de la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de dar de baja a miles de pensiones no contributivas. Unidos por un problema común, piensan organizarse para dar una pelea conjunta.
“Hablando con otros padres me enteré de que hay irregularidades en un montón de otros chicos. Muchas pensiones están demoradas y otros dijeron que se las quitaron. Me cansé y vamos a organizarnos para pelear por los subsidios”, contó Martín a El Ciudadano.
El padre de Tiago dijo que desde hace dos meses no reciben el aporte de Nación. Ya presentaron los papeles en Ansés pero, según explicó, el trámite se sigue postergando. “Faltaba firmar un papel. Supuestamente va a volver a cobrar el subsidio. Pero ya van casi 90 días de espera”, cuestionó.
Para Martín, recibir la pensión representa una ayuda económica. Mientras él trabaja en el rubro de la construcción, su esposa cuida a una señora mayor. La familia vive en un Fonavi en zona oeste, y además de Tiago, tienen otros dos hijos: un nene de 6 y una nena de 14 años.
“No quiero seguir esperando. Vamos a organizarnos con otros padres para que se conozca esto y se resuelva lo antes posible”, sintetizó Martín.
Desahogo
La noche del martes pasado Myriam se sentó en su cama y, desilusionada, escribió un descargo en Facebook. El día anterior le habían negado la pensión que cobra desde hace 23 años Milton, su hijo cuadripléjico con parálisis cerebral. Angustiada e impotente buscó desahogarse en las redes. Contó su historia y subió fotos de Milton. Las repercusiones no se hicieron esperar. El caso llegó a los medios locales, su posteo se compartió 25.289 veces y recibió 1.800 solicitudes de amistad. Entre comentarios alentadores y otros denigrantes, Myriam no paró de llorar. De emoción y de bronca.
“No esperaba esto y no estaba preparada. Decidí dejar de leer las opiniones y comentarios. Fue una exposición muy grande y no fue fácil. Temí por la salud de mi marido”, contó a El Ciudadano.
Después de contar su historia, Myriam recibió mensajes de personas que le ofrecieron 500 pesos, pintura para su casa y hasta abrir una cuenta bancaria. “No quiero eso. Mis carencias las tengo, son mías y sé vivir con ello. Necesito lo que le corresponde a mi hijo. Le agradezco a la gente de corazón, pero pido lo que es de mi hijo”, explicó la mujer que desde hace 33 años se dedica al cuidado del joven.
Su hijo sufrió asfixia neonatal. Toma 5 medicamentos al día, come a través de un botón gástrico y orina por un costado del cuerpo. Necesita usar dos pañales, que se cambian tres veces por día: un total de 270 por mes. El último mes no contó con la pensión nacional de 4.500 pesos que recibe regularmente desde hace 23 años. Desde Ansés le informaron que el padre era solvente por ganar 22 mil pesos por mes.“La gente me dice que tengo una cruz con mi hijo. Mi hijo no es una cruz, es la sociedad la que me pone la cruz atrás”, comentó la mujer. Ahora espera que le restituyan la ayuda económica gracias a una presentación que hizo su abogado, el precandidato a concejal Roberto Sukerman. “No tenemos certeza, pero estamos encaminados”, explicó Myriam.
Ex concejal llevará el caso a la Justicia federal
El abogado constitucionalista Roberto Sukerman presentará una acción de amparo en los tribunales federales de Rosario para exigirle al Gobierno nacional que le devuelva las pensiones a Silvia Settetrombe y Mártires Saravia, dos rosarinos con discapacidad a quienes se les suspendieron los beneficios en forma arbitraria. “En una audiencia que tuvimos hoy (por el lunes) en la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación las autoridades nos sugirieron que era muy poco probable que el reclamo de Silvia y Mártires por sus pensiones sea escuchado. Es una situación muy triste. Estamos pidiendo al Estado que no le quite a un grupo de personas muy vulnerables lo que le corresponde por ley. Por ello le vamos a exigir a la Justicia que haga cumplir la Constitución”, explicó Sukerman.
Según lo que explicó el precandidato a Concejal, durante la audiencia las autoridades locales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se comprometieron a encontrar una solución inmediata para el caso de Myriam Coria, quien presentó un reclamo por la pensión de su hijo Milton, un muchacho de 33 años que sufre de cuadriplejia y el Estado nacional le quitó su pensión por discapacidad.
“Genocidio”
“Tramitar una pensión no es sencillo. Es muy burocrático y hay que pasar por juntas médicas estatales, según la discapacidad. Además hay que comprobar que la persona no cuente con ningún recurso económico y estatal”, explicó Gloria, una psicóloga de un centro de salud de zona oeste. Durante años, la mujer fue la encargada de acompañar y tramitar las pensiones en personas con discapacidades físicas y mentales.
“Sacarle la pensión a la gente es un acto de genocidio. Son personas que están en una situación que excede la vulnerabilidad social”, agregó la psicóloga y señaló que junto con la ayuda económica se pierden también otras prestaciones y servicios, como el transporte gratuito y la posibilidad de atenderse en clínicas privadas especializadas.
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