El juez penal Hernán Postma ordenó anteayer por la tarde el inmediato traslado de 34 policías que estaban detenidos en la ex Alcaidía Mayor de Jefatura, hasta que el 21 de octubre fueron llevados a la cárcel de Piñero, de regreso al penal policial ubicado en la sede de la UR II. Pese a que no hizo lugar a un recurso de hábeas corpus interpuesto por estos uniformados –en su mayoría en disponibilidad–, ordenó al gobierno provincial que la medida se ejecute en forma urgente, con un plazo de 48 horas. Además, ordenó remitir copias a la Fiscalía Regional para que investigue si se cometieron delitos durante el traslado a la prisión dependiente del Servicio Penitenciario.
Anteayer por la mañana, los abogados Luis Tomasevich y Maximiliano Bonetto interpusieron un recurso de habeas corpus en representación de 34 policías que estuvieron presos en el penal policial de la Jefatura hasta una semana antes, muchos de ellos condenados por diferentes delitos.
Los abogados sostuvieron que el traslado efectuado en la madrugada del 21 de octubre pasado al módulo C del pabellón 12 de la cárcel de Piñero (Unidad 11) “agrava ostensiblemente las condiciones de detención” de los policías, por lo cual hicieron responsables al gobierno provincial, al Ministerio de Seguridad y al Servicio Penitenciario.
Agregaron que el módulo señalado linda con otros donde se encuentran alojados presos comunes.
El traslado se efectuó un día antes de que la Alcaidía Mayor policial pasara a depender de la órbita penitenciaria bajo el nombre de Unidad 6.
Según la presentación, el traslado afectó “psíquica y físicamente la persona de los detenidos, en lo que concierne a sus visitas, contacto familiar y hasta dificultando la posibilidad de contacto diario con sus defensores”, y provocó “el sometimiento a improperios y amenazas por encontrarse en el mismo ámbito geográfico con detenidos comunes, circunstancias que también se extiende al padecimiento de los familiares”.
Asimismo, denunciaron que aquella madrugada unos 150 penitenciarios encapuchados, “de manera violenta, comenzaron a despertar al personal policial detenido, a quienes esposaron desnudos y a otros en ropa interior con distintas clases de apremios y vejámenes, que luego los subieron en unidades de traslado y con apoyo aéreo trasladaron sin más trámite” a Piñero. Por lo cual pidieron que sean llevados de regreso al ex penal policial de la Jefatura.
Horas después, durante la tarde de anteayer, el juez Hernán Postma –sin que hubiera audiencia pública, tal como está previsto en algunos casos por el nuevo procedimiento penal– decidió no hacer lugar al recurso por improcedente, al interpretar que “la acción se reduciría a una mera discrepancia con el traslado efectivizado y una solicitud de traslado a su anterior lugar de alojamiento”.
Por lo cual resolvió Postma: “A los fines de preservar la integridad de los detenidos teniendo en cuenta su anterior condición de empleados policiales, como así también favorecer el acercamiento con sus contactos familiares y el contacto diario con sus defensores, ordénese el inmediato reintegro de todos los detenidos mencionados en la presentación a su antiguo lugar de alojamiento, penal policial de la ex Alcaidía Mayor, actual Unidad 6 de Rosario, en carácter de urgente y en un plazo que no deberá exceder las 48 horas”.
También falló que “con relación a los hechos anoticiados, que podrían corresponder a delitos de acción pública perseguibles de oficio” (los detenidos denunciaron que sufrieron durante el traslado tortura, vejaciones, apremios ilegales, robo y hurto) se envíen copias al Ministerio Público de la Acusación.
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