La Justicia dio lugar este jueves a un pedido de hábeas corpus para trasladar a un detenido con padecimientos psiquiátricos desde la Penitenciaría 3 de Rosario, donde permanecía alojado y, según su representante legal, había sido agredido por otros internos, hasta la cárcel de Piñero, para que el equipo de salud de esa unidad le realice un tratamiento psicológico y psiquiátrico.
La audiencia de habeas corpus correctivo fue solicitada en favor de B.L. por el defensor público de la Defensoría Regional de la 2° Circunscripción Judicial (Rosario), Francisco Broglia.
B.L. se encontraba alojado en el sector resguardo de la Unidad Penitenciaria N° 3 de Rosario, hacia donde fue trasladado desde la Colonia Psiquiátrica de Oliveros a raíz de un dictamen emitido por las Juntas Especiales de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia. En ese informe se sostiene que la institución debía brindarle continuidad al tratamiento psicológico y psiquiátrico que recibía en Oliveros. También, que debería acceder a espacios de inclusión educativa, cultural y de aprendizaje de oficios.
Broglia, en su presentación, señaló que el joven sólo fue entrevistado por una psicóloga al ingresar a la unidad penitenciaria, tras lo cual nunca recibió atención psicológica o psiquiátrica. El defensor agregó que B.L. tampoco tuvo acceso a alguna actividad cultural, laboral o educativa en la penitenciaría.
El defensor señaló que su representado se encontraba alojado, hasta el mismo momento de la audiencia, en la zona de resguardo de la Unidad Penal 3 “porque no podía ingresar a ningún pabellón”. Es que, añadió, cuando ingresó a uno de ellos fue tratado con violencia por los internos presentes. Y ante esa situación –siguió el abogado– B.L. recurrió a reiteradas autoagresiones: llegó a coserse la boca en una ocasión, los ojos en otras, y hasta se cortó un dedo.
Broglia recordó que su defendido fue alojado en la Unidad Penitenciaria N° 3 con el fin de hacer frente a una situación de salud mental “muy comprometida”, ya que el joven había intentado suicidarse en tres oportunidades.
El defensor basó en esos hechos la acción de habeas corpus que interpuso: “Su situación de aislamiento físico y la falta de atención psiquiátrica y psicológica traen como consecuencia graves, e incluso irreversibles, problemas para su salud mental”, argumentó.
La jueza Penal del Colegio de Jueces de 1° Instancia, Patricia Bilotta, resolvió al cabo de las exposiciones aceptar el habeas corpus interpuesto por la Defensoría. Ordenó que cese la situación de resguardo físico que padece B.L. y dispuso su “inmediato” traslado a la Unidad 11 de Piñero para que se le “garantice un abordaje integral”. Lo que tradujo en un inmediato e intensivo tratamiento psicológico y psiquiátrico por parte del Equipo de Salud. También, requirió que se garantice el acceso a las actividades recreativas y talleres y que todos los meses se informe a la Oficina de Gestión Judicial qué tratamientos se dispusieron para garantizar la salud de B.L.
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