El sobreseimiento que benefició a un joven sospechado de cometer un homicidio fue revocado por la Cámara Penal. La decisión la tomó el vocal Guillermo Llaudet, que dispuso además la remisión de la causa a un nuevo juez penal para que revise el caso. El crimen tuvo lugar en la zona sur a principios de julio de 2012, y tuvo como víctima a un cartonero que iba acompañado de su hermano. La víctima recibió un disparo desde un automóvil que le quitó la vida. Ahora el caso volverá a un nuevo juzgado de instrucción.
El crimen
El 4 de julio de 2012, Andrés Orlando Fernández circulaba junto a su hermano Héctor en un carro tirado a caballo. Volvían de Villa Gobernador Gálvez donde habían vendido en una compraventa plásticos que habían obtenido de la recolección manual. En las cercanías de San Martín y el arroyo Saladillo los hermanos decidieron hacer una parada para comprar drogas, sostiene el fiscal Marcelo Vienna, según el acta.
En ese momento, desde un automóvil gris con vidrios polarizados le dispararon a Fernández. Según el testimonio de su hermano, había problemas previos con el dealer del lugar, que incluso los había acusado de un robo, aunque no logró sindicar al autor de los disparos.
Por el hecho fue acusado Walter P., presunto explotador del quiosco de drogas, quien fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego aunque obtuvo una falta de mérito. Y en junio de 2015 el juez Andrés Donnola, por entonces a cargo del Juzgado de Instrucción 11°, dispuso su sobreseimiento en la causa.
Apelación
La decisión fue apelada por el fiscal Marcelo Vienna al entender que el sobreseimiento fue prematuro y resaltó que existen pruebas que aún no se produjeron. A lo que agregó que hay un testigo que sostuvo que el sospechoso, al momento del crimen, tenía un auto con vidrios polarizados similar a la descripción del vehículo del que partieron las balas.
La revisión cayó en manos del vocal Guillermo Llaudet. El camarista sostuvo que si bien puede observarse alguna dilación en la tarea del investigador, hay información como la declaración posterior del hermano que habla de otro testigo ocular que no se profundizó.
El hecho de que el sospechoso haya vendido su casa poco después del crimen, lugar donde funcionaba un bunker, según la resolución siembra dudas. A lo que sumó que Walter P. negó la propiedad de un auto al momento del hecho que se presume era suyo, considerando que son elementos que debieron orientar la valoración integral de la prueba, lo que justifica la pretensión fiscal de agotar las medidas pendientes.
Ante estas circunstancias el camarista dispuso la reapertura de la investigación, otorgando un plazo prudencial al juez de instrucción que corresponda para que realice una nueva evaluación del caso.
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