La causa que investiga el homicidio de Carlos Godoy, un joven trabajador de 25 años asesinado por balas policiales, sigue sin imputados ni avances que esclarezcan su muerte. Ayer, el juez de primera instancia Hernán Postma volvió a rechazar a los padres de la víctima como querellantes y también la posibilidad de que sean patrocinados por la Defensoría Pública de Santa Fe. Tras escuchar los argumentos legales y manifestar su profundo dolor, Vicente Godoy, un pastor evangelista de 62 años, reiteró que seguirá hasta el final la búsqueda de Justicia por el crimen de su hijo.
“Nos rechazan a nosotros diciendo que no tenemos derecho a reclamar por la muerte de nuestro hijo. El juez apoyó en todo al fiscal Miguel Moreno, quien directamente nos cortó el saludo, se negó a darnos información y en la audiencia me trató de ignorante. Nombraron un montón de leyes, y acá no estamos peleando por las leyes, estamos luchando por la muerte de un ser humano. Ninguna ley me va a devolver la vida de mi hijo”, dijo Vicente a El Ciudadano.
Ayer, en una audiencia oral y pública, Postma rechazó que Vicente Godoy y Deolinda Retamar sean querellantes en la causa que investiga la muerte de Carlos, uno de sus ocho hijos, asesinado el 24 de mayo pasado en el puente en Garzón y el puente que eleva a la avenida Sorrento, a metros de su casa de Empalme Graneros. Los policías que lo mataron declararon al fiscal Moreno que la muerte fue consecuencia de una balacera originada por una tentativa de robo. Los vecinos y los familiares de Carlos, quien tenía dos trabajos y ningún antecedente penal, denunciaron gatillo fácil.
El argumento que esgrimió ayer el juez Postma para rechazar la querella de los padres de la víctima es que no son “herederos forzosos” porque el joven asesinado tenía un niño de tres años. Sin embargo, instó al matrimonio a que concurra al Centro de Asistencia a la Víctima (CAJ) a buscar representación legal, lo que confundió más a la familia Godoy, que no tiene recursos económicos para pagar honorarios privados. Así, el juez rechazó la postulación de Gabriel Ganón, titular de la defensa pública provincial, como representante de la querella de la familia.
La audiencia de ayer fue la segunda en la que un juez de primera instancia interviene en el caso. En septiembre pasado, el magistrado Luis María Caterina había rechazado la constitución de querella pero por escrito, violando la normativa provincial en materia procesal, que estable que el juez debe escuchar a las partes y resolver en audiencia oral y pública. Aquella vulneración fue subsanada por el camarista Carlos Carbone, quien declaró la nulidad de lo resuelto por Caterina y ordenó una segunda audiencia. Ese mismo mes, empleados del fiscal Moreno tomaron nuevos testimonios en el barrio donde ocurrió el crimen a vecinos que dijeron haber visto y escuchado el momento de la “ejecución”. Según esa versión, Carlos estaba sentado en la escalera que sube al puente Sorrento cuando sonaron disparos que venían desde arriba, dos muchachos se tiraron desde un terraplén y desaparecieron al trote, y un policía se acomodó en posición de tiro y apuntó contra Godoy. El primer impacto lo hizo rodar por las escaleras, pero logró reincorporarse y caminar unos 15 metros. En esos momentos, el efectivo se acercó e hizo oídos sordos a sus súplicas: “No me mate, tengo un hijo”. Y, según estos testigos, lo remató. Para la familia del joven ultimado, los policías lo ejecutaron al confundirlo con un ladrón.
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