¿Qué condiciones deben darse para que un niño o niña de 14 años o 15 años cometa un delito? Con esa pregunta el Colegio de Psicólogos de Rosario cuestionó las intenciones del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El polémico anuncio, que estuvo en boca del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, alertó a distintos sectores de la sociedad que no tardaron en denunciar que la propuesta tiene fines netamente electorales y criminaliza a los sectores más vulnerables de la población.
“Creo que el Estado es el responsable de garantizar el derecho de las personas. Cuando el Estado está ausente y las personas están libradas a su suerte, suceden cosas indeseables para todos. Es por eso que el Estado no puede delegar su responsabilidad en los chicos. Porque si no tendríamos niños imputables y un Estado inimputable”. Así se expresó la presidenta del Colegio de Psicólogos de Rosario, Nilde Cambiaso, durante una nota que brindó a El Ciudadano junto a la vicepresidenta de la institución, Sandra Bonfanti.
“Nosotros pensamos que este proyecto tiene fundamentalmente un criterio electoral, que no hay ningún criterio de otro orden, ni estadísticas que justifiquen la baja de imputabilidad a 14 años. Lo que se está haciendo es criminalizar a un sector de la población”, coincidieron las profesionales.
“Hay cuestiones sociales que deben ser garantizadas por el Estado para evitar que haya delito y que haya marginalidad. Lo que hace la criminalización es encubrir la verdadera causa del problema que es justamente esa: la pobreza y la marginalidad. Es decir, la política que se tiene que implementar es la prevención, sino se está camuflando el problema”, advirtieron.
En consonancia con un comunicado de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra), el Colegio de Psicólogos de la 2da. Circunscripción de Rosario, al que adhirió la 1ra. de Santa Fe, emitió un texto en el que expresan su “total rechazo al pretendido proyecto de baja de imputabilidad penal a 14 años de edad que intenta aplicarse” a los niños y adolescentes de todo el país.
“No abonamos a ninguna teoría que pueda sustentar que un adolescente de 14 o 15 años es pasible de considerarse un adulto joven, en consecuencia individualmente responsable, imputable y punible penalmente”, dice el comunicado que agrega: “En el marco de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y de los tratados y convenciones internacionales sobre la Niñez, nos pronunciamos en defensa y protección de la niñez y la adolescencia”.
En ese sentido, reflexiona que “la ausencia de políticas de protección de los derechos de la infancia (más allá de la letra escrita nos referimos a su efectiva implementación), deja a los niños, adolescentes y jóvenes a merced de adultos que se aprovechan de su vulnerabilidad. De este modo se generan verdaderas maquinarias de perversión que los atrapan. Si un chico comete un delito tiene que haber habido todo un sistema de adultos que no funcionó y otro sistema de adultos que se aprovechó de él. Bajando la edad de imputabilidad estaríamos deslindando nuestra responsabilidad social en responsabilidad individual de los niños y adolescentes”.
Por último, los profesionales de la salud mental concluyeron que “criminalizar” y construir a un “otro peligroso” es una forma de alejarse de la verdadera discusión sobre una Ley Penal Juvenil que no arrase con la Ley de Protección Integral de la Infancia: “Proponer un debate ético, a la altura del escenario actual, nos conmina a no confundir los reclamos de mayor seguridad, fogoneados sistemáticamente por los medios hegemónicos de comunicación, con los de mayor represión”.
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