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tierras de alto valor, vecinos, fideicomiso y estado

Necesidad y especulación: combo que generó caos por un piquete en Francia y Caseros

Vecinos reclamaron por tierras fiscales nacionales que habitan y, dicen, les pertenecen. En 2011 cedieron sus derechos a un empresario que les prometió un pago para comprar otra casa. El comerciante inició juicio al Estado para quedarse con los terrenos.


Necesidad de una vivienda propia y otro empresario a la caza de un potencial y poco claro negocio inmobiliario que ofreció una tentadora oferta a habitantes irregulares de tierras fiscales revalorizadas: tal el combo que obligó este lunes  a cambios de recorrido en varias líneas del transporte de pasajeros, lo que generó un caos en la movilidad, y reactualizó las problemáticas de la especulación con tierras urbanas y un déficit habitacional real sobre el que a veces se montan otros intereses.

Vecinos de las torres de alta gama de Puerto Norte manifestaron con un piquete sobre la avenida Francia, entre Caseros y Junín, para reclamar que “se regularice” la situación de los terrenos que ocupan en esa zona –en algunos casos desde hace varios años– unas 70 familias. Ellos, en 2011, firmaron un fideicomiso cediendo su representación a un conocido comerciante confitero de la ciudad –sus iniciales son G.M.– para que éste, en su nombre y bajo promesa de un pago para comprar otra vivienda, inicie un juicio de usucapion (reclamo de tierras por habitarlas durante 20 años) al Estado nacional que permanece sin sentencia.

Las tierras en entredicho son una fracción de un conjunto que otrora integraba el patrimonio del ferrocarril y que tras su desmantelamiento en la década del 90 pasaron al Estado nacional, que a su vez propuso a los municipios la transferencia para ejecutar proyectos urbanísticos.

Así fue como en Rosario, en lo que antes eran galpones ferroviarios, se erige el shopping Alto Rosario. Y como, en otros sectores, se construyó el Parque Scalabrini Ortiz, o los desarrollos inmobiliarios en Puerto Norte y costanera. Todos proyectos público-privados no exentos de controversia y mediante los cuales los inversores se comprometieron a ejecutar obras para construir o poner en valor espacios públicos, como calles, avenidas y plazas.

El terreno delimitado por Francia, Caseros y Junín quedó sin embargo en un limbo. Se trata de 20.000 metros cuadrados en los cuales viven los vecinos que este lunes montaron el piquete. A causa del derrotero judicial iniciado por el empresario, permanecen en la órbita de la Aabe (Agencia de Administración de Bienes del Estado, heredera de la Onabe y dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación).

Es que en octubre de 2011, el comerciante pastelero, a través de su abogado y bajo el nombre de Del Alto –sin relación con el shopping homónimo–, logró que unas 30 familias firmen un fideicomiso por el cual se presentaron como propietarios de las parcelas que ocupan y cedieron sus derechos y “acciones posesoras” a favor del fideicomiso. La promesa fue una suma de dinero para comprar viviendas en otro sector de la ciudad.

El empresario inició entonces en 2012 un juicio contra el Estado Nacional sobre “prescripción adquisitiva” que se radicó en el Juzgado Federal 2, a cargo de Sylvia Aramberri. La magistrada, en febrero pasado, entendió que “no se encuentran reunidos los extremos exigidos para permitir que prospere la acción” (el pedido del privado para quedarse con las tierras). El empresario apeló, y la causa se tramita ahora en la Cámara Federal.

Ramón y Víctor hablaron con El Ciudadano. Son dos de los vecinos protagonistas del piquete sobre Francia, que concluyó a las 19 pero que podría repetirse en estos días. “Iniciamos un juicio hace seis años por usucapion. Nos consideramos dueños del lugar por el tiempo que hace que estamos. Tenemos un preacuerdo con empresarios que nos prometieron un dinero para edificar y poder irnos a vivir a un lugar digno. Queremos que la intendenta (Mónica Fein) se siente con nosotros, es decir con el empresario y su abogado, para llegar a un consenso que incluya al Estado nacional y así en 15 días poder irnos del lugar”, dijeron. Y hubo otras quejas hacia las autoridades locales, por acercarse sólo cuando el juicio estaba iniciado. “Todo empezó cuando montaron estas torres (por las Dolfines), quisieron venir sobre el terreno nuestro. Tengo 30 años en el lugar. Se nos dio hacer una demanda contra el Estado junto con un fideicomiso, eso nos ampara y nadie nos puede sacar. Ellos querían sacarnos y se encontraron con el juicio”, continuaron los reclamos. “Fein nunca vino cuando estaba el búnker”, insistieron, en referencia al kiosco de venta de drogas que mostró el presentador Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos. “Nosotros tenemos un preacuerdo con empresarios, nos prometieron un dinero para edificar en un barrio que elijamos”, cerraron sobre las promesas de G.M..

Desde la Municipalidad señalaron que hay voluntad de contemplar una solución habitacional a las familias en el proyecto urbanístico que deben presentar a la Nación –previa aprobación del Concejo– para que finalmente se traspasen los terrenos. Pero aclararon que todo está frenado, precisamente, por el juicio del fideicomiso que “representa” a los vecinos en queja. En diálogo con este medio, el secretario de Planeamiento municipal, Pablo Ábalos, indicó: “Valoramos la posibilidad de construir viviendas en el propio lugar para que las familias permanezcan, y poder construir otra parte y destinar como espacio verde, reordenar el sector”. El funcionario agregó que aún no hay nada definido al respecto, que hubo un intento del Servicio Público de la Vivienda para relevar la situación de los habitantes que los mismos rechazaron, y que hay voluntad de diálogo.

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