La intendenta Mónica Fein recibió ayer al concejal Jorge Boasso junto al secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Gustavo Zignago, para analizar la implementación de la ordenanza 9.195, aprobada en el Palacio Vasallo en abril de 2014, que crea el Programa de prevención y detección de consumo de estupefacientes que afecten la conducción segura de vehículos en la vía pública. En ese marco, se anunció que en el corto plazo comenzarán a realizarse controles de narcolemia a conductores, como parte de una prueba piloto que se extenderá por tres meses. Durante ese tiempo, según marcó Boasso, autor de la ordenanza, “no habrá sanciones sino acciones educativas”.
“Rosario avanzará en materia de seguridad vial a partir de la detección del consumo de estupefacientes al volante”, celebró el edil radical al término del cónclave, que tuvo lugar en el despacho de la intendenta y que tendrá un segundo capítulo la semana que viene. La próxima cita será con personal de la cartera de Salud municipal.
“Fue un encuentro satisfactorio”, dijo Boasso, quien venía reclamando al Ejecutivo la implementación de la ordenanza 9.195.
Y surtió efecto: “Acordamos comenzar una prueba piloto de 2 ó 3 meses, la cual tendrá un carácter educativo y sin sanciones pecuniarias, para luego continuar con las sanciones establecidas en el Código de Faltas”, explicó el edil.
Las pruebas se realizarán mediante un dispositivo que permite detectar drogas psicoactivas en la saliva. Los kits consisten en una lengüeta que se apoya sobre la lengua, que absorbe la saliva y en unos minutos arroja el resultado.
En el caso de que los conductores objeten el test, podrán concurrir a un efector de salud pública y realizar un examen sanguíneo, aunque deberán hacerlo de inmediato.
Boasso destacó que no se sancionará “al individuo y su enfermedad” –en referencia al consumo personal– “sino a quienes conducen bajo los efectos de las drogas”. Así, la ordenanza 9.195 también establece que el sancionado reciba la atención necesaria y el municipio aporte todas sus herramientas desde la Secretaría de Salud Publica para garantizarlo.
En cuanto a la prueba piloto, Boasso explicó que el control de narcolemia se realizará en forma simultánea con los test de alcoholemia. En caso de dar positivo el consumo de alcohol por encima del nivel permitido –0,5 para conductores particulares y cualquier cifra que no sea cero para profesionales– se aplicarán las sanciones previstas. Pero no por consumo de drogas durante el período de prueba piloto: “Únicamente nos centraremos en detectar la conducción bajo los efectos de drogas ilícitas y con un carácter netamente educativo”.
Al terminar el período de prueba obrarán las sanciones –multas e inhabilitación temporal para conducir– penalización que abarcará tanto drogas ilícitas como “aquellas drogas lícitas, pero que impiden un normal desenvolvimiento en la conducción”. Precisamente, el próximo encuentro será para analizar cuáles serán las drogas lícitas a incorporar a los controles y las prescripciones que se aceptarán como válidas.
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