El juez federal Sergio Torres procesó a las 13 personas detenidas hace poco más de un mes en el marco de la causa conocida como narcoarroz, entre las que se encuentra un médico oncólogo rosarino que vivía en barrio Arroyito.
En la resolución, el magistrado trabó embargo por más de 3 millones de pesos para los imputados y ordenó la detención de otras 11 personas que aún se encuentran prófugos, señalaron fuentes judiciales.
“La extensa investigación desplegada hasta el momento ha permitido conforman un robusto cuadro probatorio en relación a la existencia de una compleja célula criminal en este país, integrada por un considerable número de sujetos con roles bien definidos, que se dedicarían al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en diferentes escalas”, señala el fallo, de más de 200 fojas.
El escrito agrega que “esta estructura se hallaría subordinada a una organización mayor asentada en la República de Colombia, que fiscalizaría las actividades desplegadas en este país y en terceros por otras células de similares características a las advertidas en autos, todo ello con el fin de lograr el desplazamiento comercial de la droga y la obtención del dinero producido”
El juez indica además que los imputados tenían fluidos contactos con el cartel del Valle, Colombia, y en ese sentido menciona que “de las consultas efectuadas se desprende que uno ellos es cabecilla del grupo narco-militar conocido como «Los Rastrojos», desprendimiento del conocido “Cartel del Norte del Valle” (Valle del Cauca, Colombia), quien habría tenido como función manejar las finanzas del grupo criminal”.
La megabanda fue desbaratada hace un mes, tras una serie de operativos realizados en Rosario, Capital Federal y Nordelta luego de casi un año y medio de investigación.
El juez federal procesó por el delito de contrabando de estupefacientes al médico oncólogo rosarino Gabriel Zilli; Jorge Ramírez Cuartas (quien se presume preparaba la droga para ser ocultada); Juan Alberto Banesevich (titular de un depósito fiscal, posible encargado de la logística y operaciones para el traslado de la droga); los colombianos Carlos Olmedo Silva Cárdenas (ex policía colombiano, uno de los supuestos cabecillas de la organización); Nadín Ardila Angulo (ex policía colombiano); Germán Marín López (encargado de los envíos de la mercancía); Jorge Trujillo Sánchez (que trabajaba en la logística de la organización); Carlos Pardey Rozo (que trabajaba en la logística de la organización; César Macías Loor (a cargo del almacenamiento); Mario Lara Guerra (dueño de un restorán en Nordelta) y Natalia Obando López (quien se entregó casi una semana más tarde en los tribunales de Comodoro Py) y los argentinos Juan Carlos Ojeda (logística) y Guillermo Heisinger (abogado, ex funcionario del Ministerio de Justicia durante la primera presidencia de Carlos Menem).
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