Aún no se sabe en qué momento ni cuánto más habrá que pagar, pero las subas siguen. La confirmación que Nación seguirá con la quita de subsidios (entre otros) a la energía y el transporte quedó de manifiesto días atrás en la presentación del Presupuesto 2018. Y dejó al descubierto que las tarifas de servicios públicos continuarán en aumento. Sólo resta conocer cuánto del ajuste absorberán la EPE (en el caso de la luz) y el municipio (en el boleto de colectivos) para mitigar el impacto en los usuarios y –al mismo tiempo– sostener el sistema.
Según trascendió en la presentación del proyecto de Presupuesto 2018 del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el gobierno espera reducir el déficit primario desde el 4% del PBI al 3,2% del tamaño de la economía. ¿De qué manera? Primero, con una expansión de la actividad. También con un recorte en gastos operativos y en subsidios a la energía y el transporte.
De acuerdo a un reciente artículo publicado por el matutino porteño Clarín, los subsidios a la energía caerán 22,2 por ciento, desde los 133 258 millones de pesos previstos para este año a los 103 692 millones en 2018. También se contraerán los subsidios al transporte público un 5%, desde 75 586 millones a 71 791 millones.
El recorte también se puede comprender desde otra óptica; observando lo que sucederá el año próximo al descomponer el gasto por dependencia pública. Las carteras que resultarán más beneficiadas son Trabajo (22,3% de crecimiento) –de ella depende la Ansés, que paga jubilaciones y planes sociales–, Desarollo –que también paga planes– (21,2% de expansión); y Educación (21,9%).
En cambio, Energía (-19,5%), Transporte (-6,3%), Producción (-6%) y Agroindustria (-3,4%) perderán partidas presupuestarias.
Energía
En el caso de la energía, en 2016 los usuarios abonaban un 30% del costo mayorista eléctrico de la tarifa, mientras que el 70% restante lo aportaba el Estado. Es el llamado precio de generación. En 2017, tras un incremento que promedió el 68% en todo el país, la demanda (hogares, empresas) pasó a abonar un 52% de lo que cuesta la luz de sus boletas.
Para el año entrante, el deseo del Poder Ejecutivo nacional es que los usuarios desembolsen un 61% del costo mayorista de la energía. Eso colocaría al Estado en una posición en la que abone un 39% del precio de generación eléctrica.
Lo que aún no está definido es cómo será el traslado a precios. Fuentes del gobierno provincial consultadas señalaron que es pronto para hablar de porcentajes. Pero admitieron que la tarifa de la EPE deberá retocarse desde principios de 2018.
Para el titular del gremio local de Luz y Fuerza, Alberto Botto, es casi imposible que la compañía pueda absorber la quita de subsidios. “Habrá que ver qué se hace finalmente, pero yo creo que se va a trasladar todo el ajuste. Si no aumentás la tarifa lo que hacés es seguir financiando al gobierno nacional”, señaló el dirigente.
Botto explicó que el recorte no sólo impacta en el precio en que la EPE compra energía, sino también en los impuestos que están cargados en la tarifa. Y recordó que desde el inicio del gobierno de Cambiemos el costo en que la mayorista Camessa vende la energía a las distribuidoras se incrementó dos mil por ciento para los usuarios residenciales; a fines de 2015 el valor del megavatio era 31 pesos, mientras que ahora la mayorista lo factura 640 pesos.
“La EPE no recibe un peso por la quita de subsidios. La plata se la lleva toda el gobierno nacional. De hecho, del incremento que hubo este año, entre el 60 y el 80 por ciento fue a Nación. El resto la EPE lo usó para solventar el aumento de los costos de distribución, como el mantenimiento de las redes”, relató Botto.
“La EPE sólo cobra el servicio de distribución, por llevar la energía. El precio en que se compra es el mismo que se le cobra al cliente”, añadió.
El colectivo
En torno del boleto, Dujovne dijo días atrás que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) el ajuste deberá –al menos– compensar la inflación.
Se estima que, para fin de año, el costo de vida habrá escalado un 40%. Si a eso se le agrega otro 10% proyectado para 2018, la suba debiera llegar a 50%, como mínimo.
En Rosario la situación es más delicada. Es que aún –si la intendenta lo quisiera– podría darse un incremento antes de que finalice 2017 (ver aparte). “Lo que vimos del Presupuesto lo sabemos por lo que han informado los medios. Está claro que la política de ajuste general impacta en el transporte. Y en Rosario eso complica mucho. No va ser un año fácil el próximo”, señalaron desde el municipio.
La fuente también hizo eje en la “impactante” diferencia en la inversión prevista en infraestructura para el Amba y el resto del país. “La masa de recursos volverá a concentrase casi toda en Capital Federal y el Conurbano. Eso seguirá igual que hasta ahora”, manifestó.
Todo pasa a 2018
La intendenta Mónica Fein anunció a principio de septiembre la decisión política de no aumentar hasta el año próximo el valor del boleto del transporte urbano de pasajeros. Así despejó de plano las especulaciones que había, ya que la norma vigente habilita al Ejecutivo a incrementar en septiembre la tarifa dentro de un rango establecido por el Concejo.
El último valor técnico del boleto oficializado por el Ente de la Movilidad data de febrero pasado. Según esa estimación, la tarifa debiera estar en los 10,90 pesos, más de un peso por encima de los 9,70 que se paga en la actualidad para un viaje en colectivo.
De todos modos, y de acuerdo con la normativa, la suba a la que estaría habilitado el gobierno local desde septiembre está limitada por el alza semestral de los salarios que mide el Indec entre marzo y agosto (hasta junio ya sumó 7 por ciento). Así, el incremento que pudo haber aplicado la gestión socialista en esta oportunidad no podría superar el 10 por ciento del valor actual. Por lo que el incremento del boleto que pudo haber dispuesto la intendenta iba a superar los 10,70 pesos. Un valor inferior a los 10,90 pesos estimados como valor técnico medio año atrás.
Según la ordenanza 9.143, aprobada por el Concejo Municipal en el mes de agosto de 2015, se estableció en su artículo primero que la tarifa podrá ser actualizada por el Ejecutivo de manera automática los meses de marzo y septiembre de cada año, pero respetando lo estipulado en el estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad y el tope que surge de la evolución salarial medido por el Indec.
