El intendente de Gálvez, Mario Fissore, será el anfitrión el lunes 15 de un grupo de “parias” del que él mismo es parte. Son jefes comunales peronistas que tienen que arreglárselas para gobernar sin la referencia y protección de un gobierno amigo en la provincia o en la Nación. Para este club peronista se acabaron las épocas de peregrinación al Ministerio de Planificación Federal o al de Interior por obras y fondos. Cambió todo.
La reunión tiene como objetivo “institucionalizar el Foro de Intendentes y Presidentes Comunales”, según contó Fissore, lo que en la práctica quiere decir consolidar masa crítica, una movida a dos puntas para hacer oír sus necesidades como gobernantes pero también dentro del justicialismo santafesino, donde se avecina un congreso partidario y tiempos de redefiniciones. Desde su creación, el enlace de este espacio con el gobierno de Cristina Fernández era el intendente de Granadero Baigorria, Alejandro Ramos, luego devenido secretario de Transporte. Con línea directa con el ministro Julio De Vido, Ramos y estos intendentes perdieron terreno. Por eso se rearman y corrigen estrategia. De la reunión de Gálvez saldrán proyectos con pedidos a los gobiernos provincial y nacional: coparticipación, seguridad, Fondo de Obras Menores están en agenda.
La realidad no es igual para todos esos jefes comunales. Intendencias como la de Puerto San Martín, con sus multinacionales portuarias y su relativo alto índice de coparticipación, tienen un pasar más aliviado que la norteña Reconquista, que venía de muchos años de administración radical. Todas recibieron con alivio una medida del gobernador Miguel Lifschitz que empezó a regularizar el giro de partidas demoradas de los fondos de Financiamiento Educativo y de Obras Menores, dos cajas por fuera de la coparticipación que los intendentes suelen usar para apagar incendios. Además, el fallo de la Corte Suprema nacional también benefició a pueblos y ciudades: el 15 por ciento restituido a la coparticipación le derrama proporcionalmente a ellos.
Comunas chicas, medianas y grandes de todos los colores políticos atraviesan por necesidades financieras. La diferencia es que las alineadas con Cambiemos o el Frente Progresista tienen gobiernos superiores adonde recurrir y funcionarios del palo que les abren una puerta.
Nuevas competencias
Hay un punto en el que peronistas, radicales, PRO y socialistas coinciden: el Estado local es el que mayores transformaciones sufrió en el último cuarto de siglo, asumiendo un sinnúmero de responsabilidades que les impuso la realidad.
Seguridad, salud y empleo son áreas decisivas en las que hicieron pie, asumiendo mayores gastos, conflictos y problemas para la gestión.
Rosario sabe de esto. Se puede pensar cuando en 2004 el recién electo intendente Lifschitz creaba la Guardia Urbana Municipal, que era la primera experiencia para atender la creciente demanda en una problemática que en ese momento se vivía como una tragedia. Hoy la GUM, o cualquier guardia urbana de las que crearon casi todos los municipios, parece un juego de niños ante la dimensión que cobró el déficit de la seguridad pública.
Rosario hoy invierte fortunas en equipamiento, horas extra y personal para montar operativos de control. Y un dato extra: hace tres años que la intendenta Mónica Fein y convino con el sindicato de empleados municipales que todo operativo de calle, sea de tránsito, de inspección, de Control Urbano o diversión nocturna se haga acompañado de personal policial. Es una fortuna en adicionales, pero no asumirlo es poner en riesgo la integridad física del empleado de calle.
Siguiendo con el caso de Rosario, antes de la Seguridad, se creó una oficina de empleo en los 90. Y antes que eso fue la salud pública. En mayor o menor medida a todos los pasó lo mismo.
En el caso de Santa Fe, salvo la decisión de Hermes Binner en 2008 de eliminar los techos a los fondos que coparticipaba la provincia, el Fondo Sojero en 2008 y cuatro años antes la creación del Fondo de Obras Menores, municipios y comunas no vieron modificados su estructura de ingresos.
En ese contexto hay voces todavía aisladas, de distinta procedencia y motivación, que creen que se acerca la hora de rediscutir cómo se reparte la torta de dinero que llega a municipios y comunas.
Es una discusión que, indirectamente y fragmentada, empezó a abrirse paso en la Legislatura, donde en los últimos dos años brotaron y luego se atascaron proyectos en ese sentido.
Un grupo de diputados peronistas, por ejemplo, promovió la automaticidad del Fondo de Obras Menores que beneficia a municipios de segunda categoría y a las comunas, suprimiendo instancias de rendición de cuentas previas que demoran los giros o que, según la mirada opositora y negada por el gobierno, es usada como excusa para demorar fondos.
Por su parte, el Frente Progresista hizo su propia jugada: promovió una reforma de la ley que creó el Fondo de Obras Menores para incorporar a Rosario y Santa Fe, gobernadas por radicales y socialistas.
En este caso la frenaron los senadores del PJ, que son mayoría. Exigen como contrapartida que sus departamentos accedan al Plan Abre y no sólo las dos grandes urbes de la provincia.
“A esta altura deberían entender que el Plan Abre no es una obra más o menos, sino una política para atender una problemática muy específica que se da en Rosario y Santa Fe y que es el tema de las villas de emergencia”, retrucan desde el oficialismo.
Esos senadores también miran con recelo los giros anuales que en 2015 superaron los 700 millones de pesos para financiar un tercio de la salud pública de la ciudad. “No pueden ignorar que es una salud pública a la que recurren pacientes de toda la provincia y que es la única ciudad que tiene un sistema integrado propio”, devuelven funcionarios socialistas.
¿La hora de la coparticipación?
En el oficialismo y en la oposición hay voces que alientan alguna reforma en materia de coparticipación. Desde el peronismo argumentan que hay que blanquear el financiamiento de todas esas nuevas competencias de los municipios. Desde el Frente Progresista sostienen que sólo es posible en tanto haya vocación de dar una discusión integral y no medidas aisladas que beneficien a unos y castiguen a otros.
La discusión, si prospera, tropezará con entuertos similares que traban la solución a nivel nacional.
¿Por qué dos ciudades que son similares en cantidad de habitantes, como Rafaela y Villa Gobernador Gálvez, reciben distinta coparticipación? El efecto equilibrante de la coparticipación, ¿debería favorecer a la primera que tiene mayor actividad económica y mejor nivel de vida o a la segunda que tiene menor radicación de empresas e industrias pero índices sociales y de infraestructura alarmantes?
El mismo interrogante con el caso de pequeñas ciudades portuarias del sur que, teniendo menos población, les corresponde una tajada similar a otras desfavorecidas geográficamente.
Por un lado habrá que superar la disputa política, que de por sí no es fácil. Por el otro, el desafío es rediscutir el peso relativo de cada una de las tres variables que definen el reparto actual: población, indicadores sociales y perfomance propia.
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