El pedido de informes de la concejala Marina Magnani presentado en el Concejo Municipal tras conocerse que la empresa Creaurban, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, había sido la mejor oferta en el marco del proceso licitatorio que lleva adelante el gobierno nacional para realizar los trabajos de refacción del Monumento Nacional a la Bandera, fue discutido ayer en una reunión especial parlamentaria. Según se decidió, el mismo pasará a una comisión –en este caso la de Gobierno– para ser tratado presumiblemente la semana próxima.
La concejala oficialista Verónica Irízar recordó que lo que solicita el pedido de informes son datos para saber quiénes son específicamente los accionistas de la empresa. “Igual podemos asegurar que todo el proceso adjudicatorio que se está llevando adelante es absolutamente transparente. Para garantizar la mayor cantidad de oferentes posibles no se cobró por el pliego”, explicó.
“Lo que pide la concejala es que se haga un análisis de la estructura de costos. Nosotros vamos a cooperar en todo lo que haga falta porque no hay nada que ocultar ni mucho menos. Se realizará la evaluación técnica de las ofertas y hay que esperar si hay alguna impugnación por parte del resto de los oferentes. Por lo que hemos visto no habría ningún problema con las empresas que se presentaron”, añadió.
En la presentación del pedido de informes, se encomienda al Departamento Ejecutivo a que solicite al Ejecutivo nacional una gestión ante la Inspección General de Justicia y la Comisión Nacional de Valores para que se informe en detalle quiénes son las personas físicas propietarias de acciones de la empresa Creaurban.
También a que el Ejecutivo nacional dé detalle del análisis de costos individualizado realizado por cada una de las empresas participantes en la licitación de obras del Monumento Nacional a la Bandera.
“El oficialismo lo quiere mirar en detalle y pidió analizar el pedido de informes con la Secretaría Legal y Técnica para ver si lo acompañan. Yo lo que vengo pidiendo además es que se convoque a un mejoramiento de oferta para darle una nueva oportunidad a las empresas locales”, contó por su parte Magnani.
En el pedido de informe se señala que la empresa Creaurban está señalada por medios periodísticos como perteneciente a Ángelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri y que hasta 2007 era una de las empresas integrantes del grupo Socma, propiedad de Franco Macri, padre del presidente de la Nación.
Además que es una empresa radicada en la ciudad de Buenos Aires sin antecedentes de obras públicas realizadas en Rosario. “Resulta objeto de interrogación el criterio con que ha sido realizada la licitación, en virtud de resultar triunfante una empresa sin radicación en nuestra región, frente a oferentes locales de empresas que cuentan con infraestructura y trayectoria en la ciudad”, se remarca.
“El Monumento Nacional a la Bandera es el símbolo de nuestra soberanía por ser donde se izó por primera vez la insignia nacional y es de gran importancia su restauración, mejoramiento y mantenimiento, por representar iconográficamente aquel acontecimiento histórico”, se añade.
Por último, fuentes consultadas del municipio dijeron escuetamente que la cuestión está en manos del gobierno nacional.
Facebook y los operativos de tránsito
El concejal Diego Giuliano, presidente de la comisión de Seguridad, descubrió que “hay dos páginas de Facebook con gran cantidad de seguidores (casi 30.000) que darían información sobre los operativos de tránsito de la ciudad para evadir controles”. Por esa razón, presentó un pedido de informes: “Queremos saber si esa información brindada es fidedigna y responde a una filtración de quienes realizan los operativos de control”.
“En estos sitios de internet vemos que recurrentemente aparece información acerca de los operativos de control, su modalidad, los turnos, los horarios, si es con alcoholímetro o sin él, si es con coordinación policial, las cuadrículas afectadas, las direcciones de los operativos y demás datos”, indicó el edil de Rosario Federal.
“La información brindada por las redes sociales parece muy precisa y detallada por lo que creemos que la primera interesada en esclarecer esta situación debería ser la propia Municipalidad. Si la existencia de una posible filtración de la información es una fantasía, la Municipalidad debe decirlo y demostrarlo y si no lo es, debe sancionar a los responsables de este hecho tan irresponsable que atenta contra la seguridad vial y de las personas”, concluyó Giuliano, quien acompañó el pedido con capturas de pantalla en las que se ven grupos cerrados de Facebook donde circula información y hasta la copia de lo que parece ser una planilla oficial con el diagrama de los operativos, con días y horarios precisos.
Piden audiencia para discutir tarifas de la EPE
“La provincia de Santa Fe está obligada por la Constitución Nacional a realizar audiencia pública para definir las tarifas del servicio eléctrico de la Empresa Provincial de la Energía. Así lo dejan asentado los fallos que se dictaminaron esta semana en provincia de Córdoba. Incluso, hay una ley nacional que establece que además, es un derecho del usuario imposible de cercenar”, aseguró la presidenta del bloque FPV-PJ, Norma López, después de solicitar que la intendenta Mónica Fein eleve este pedido explícito al gobernador Miguel Lifschitz.
En el mismo sentido, la concejala kirchnerista manifestó: “Hay una necesidad imperiosa de resolver la problemática de los usuarios. Como miembro de la mesa de la Multisectorial contra el Tarifazo, queremos que sea nuestra intendenta, nuestra máxima autoridad, la que se ponga al frente de este reclamo, que le exija al gobernador la convocatoria correspondiente”.
“Es un modo de participación ciudadana, un derecho que tienen los usuarios, es una herramienta que hace de la sociedad un espacio democrático. Seguimos insistiendo también en la necesidad de crear un ente regulador, un antiquísimo pedido que el socialismo en ocho años de gobierno sigue evadiendo. Al no existir, no hay manera de que la EPE se expida en un dictamen sobre los incrementos tarifarios”, manifestó la edila del FPV-PJ.
Al respecto, la presidenta de bloque aseguró: “Hasta tanto no se constituya un órgano regulador de la energía, nada impide a las autoridades provinciales convocar a audiencia pública para debatir cuestiones referidas a los valores tarifarios de la energía”.
Colocarán radar que avisará sobre el exceso de velocidad
El Concejo Municipal aprobó una la iniciativa del edil Aldo Pedro Poy, del Partido Demócrata Progresista (PDP), sobre la instalación de radares de velocidad preventivos en el acceso a Rosario sobre avenida Belgrano al 2300.
Los radares de velocidad preventivos tienen una finalidad informativa, y deben otorgarles a los conductores información de advertencia sobre la velocidad de circulación en pos de disminuir su marcha en caso de que corresponda. Por lo pronto, se comienza con la instalación en avenida Belgrano al 2300 “como primera prueba y la idea es que se multipliquen en la ciudad a los fines de evitar excesos de velocidad y accidentes de tránsito”, señaló Poy.
En ese sentido, el edil manifestó que “es necesario implementar medidas que tiendan a lograr una mejor conducta vial en los automovilistas que circulan por los accesos a nuestra ciudad”.
Por lo pronto, los radares preventivos (también denominados pedagógicos) funcionan de forma automática las 24 horas, no requieren de la presencia de un agente de tránsito ni de un equipamiento especial móvil que deba ponerse en práctica para su funcionamiento. “El objetivo es generar conciencia para prevenir y evitar accidentes de tránsito por altas velocidades”, concluyó Poy.
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