Celestina Contreras y su ex nuera Lorena Verdún –madre y ex mujer del asesinado Claudio Pájaro Cantero– presentaron un habeas corpus preventivo ante la presunción de que son vigiladas por agentes policiales. La acción se tramitó en una audiencia oral realizada en la mañana de ayer. Las mujeres denuncian ser víctimas de una serie de sucesos que escalaron cuando descubrieron que eran filmadas desde un vehículo. Según se planteó en la audiencia, allegados a las mujeres refirieron que el rodado en cuestión se suele ver en dos dependencias policiales de la provincia. Tras escuchar a la representante de la Unidad Regional II, quien negó que las mujeres cuenten con pedidos de captura en su contra, el juez José Luis Suárez resolvió solicitar un informe sobre la existencia o no de una investigación policial sobre Contreras y Verdún y requerir datos del vehículo denunciado por ellas.
El viernes, la madre y la ex mujer del Pájaro Cantero, quienes se encuentran procesadas en la causa por asociación ilícita que llevaba adelante el juez Juan Carlos Vienna, presentaron una acción de habeas corpus. Las mujeres denunciaron que el 13 de octubre, al mediodía, Contreras se encontraba en la puerta de su casa ubicada en Caña de Ámbar al 1800 de barrio 17 de Agosto cuando apareció un utilitario blanco con cortinas en sus ventanas laterales. El vehículo no contaba con patente y era conducido por un hombre cuya descripción fue brindada en el recinto. El rodado se detuvo frente a la vivienda y Contreras relató que percibió que estaba siendo filmada. Al acercarse al rodado, el conductor reanudó rápidamente la marcha. Pero durante la tarde, observaron el mismo vehículo rondando el lugar. Incluso, Verdún lo observó frente a su casa, que queda a la vuelta de la de Contreras, aunque no detectó que la filmaran según informó el abogado Fausto Yrure durante la audiencia.
Hechos reiterados
El letrado recordó que sus clientas están vinculadas a la causa sobre la presunta asociación criminal compuesta por la banda de Los Monos desde hace un año y medio, tiempo durante el cual se suceden episodios similares, lo que describió como una injerencia en sus movimientos y sobre su situación de libertad. Y agregó que allegados a Verdún le confirmaron a la mujer que el vehículo en cuestión fue visto en Dorrego al 500, donde funciona la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, y en La Paz al 400, sede de Inteligencia zona sur de la Policía provincial. Por su parte una representante de la URII sostuvo que no hay pedidos de capturas o requerimientos en contra de las mujeres, a lo que el defensor Carlos Varela retrucó que la conducta denunciada tiene que ver con una actividad organizada por el aparato estatal en la causa y en estas seudo tareas de inteligencia. “Lo que buscamos es que se identifique el vehículo que se utilizó y se determine si existe una tarea investigativa respecto a sus clientas”, detalló.
A su turno, los fiscales Álvaro Campos y Raquel Almada, que en la primera audiencia que protagonizó Verdún se opusieron al pedido, en la segunda no lo rechazaron. Por su parte, el juez José Luis Suárez sostuvo que si hay personal policial filmando e investigando a Contreras y Verdún y ello es legal, la investigación ya ha sido descubierta por las mujeres, por lo que requirió información y dispuso que se oficie a la Policía provincial y federal a los fines de que informe si se encuentran realizando alguna investigación sobre las accionantes, y que se individualice la camioneta y quiénes fueron las personas encargadas de la misma el mediodía y tarde del 13 de octubre.
Terreno barroso
En la audiencia que tuvo como protagonista a Contreras la defensa solicitó la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, lo que fue desechado por el juez al entender que no existen elementos para dar participación a dicha entidad.
Concluida la audiencia, el abogado Varela sostuvo que insistirán con el requerimiento para que se “analice la conducta del Estado provincial respecto a nuestros clientes”, porque entiende que se violan garantías constitucionales y sus derechos humanos y no encuentran contención dentro del Poder Judicial de Santa Fe. “Entendemos que se debe proteger la integridad física y la libertad ambulatoria de nuestras clientes que están sometidas a un proceso absolutamente disparatado como fue la causa conocida como Los Monos. Es un disparate jurídico y se ha ido revelando todas las razones espurias que motivaron esta causa”, disparó.
El letrado sostuvo que las mujeres son blanco de una persecución hostil e ilegal de “algunos miembros pícaros del personal policial de Santa Fe”, y que creen que tienen relación directa con los sucesos que ocurren en la causa “Monos” y la denuncia que se presentó contra el juez Juan Carlos Vienna. Varela concluyó que advierten “que personal de la ex División Judiciales, que fue disuelta a consecuencia de los delitos e irregularidades que cometieron los integrantes de la misma, tiene directa conexión con ese juzgado (en alusión a Instrucción 4ª) al punto tal que uno de ellos, el comisario (Ariel) Lotito trabaja en el juzgado, no sabemos por qué”, refirió.
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