México atraviesa su peor crisis en materia de derechos humanos desde la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, afirmó ayer el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien agregó que la primera actitud del presidente Enrique Peña Nieto, ante la desaparición de 43 estudiantes, fue “lavarse las manos”.
“La crisis que viene arrastrando México desde el sexenio de (Felipe) Calderón (2000-2006) a la fecha en materia de derechos humanos es la más seria desde los tiempos de Tlatelolco”, especialmente con la desaparición de los 43 estudiantes, dijo Vivanco en una entrevista con el diario El Universal, citada por la agencia EFE.
El 26 de septiembre pasado 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron a manos de policías y narcotraficantes en la localidad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, tras ataques a tiros en los que seis personas murieron y 25 resultaron heridas. “En la historia de México ha habido muchos desaparecidos, pero de esta magnitud y en tiempo real no conozco ningún caso” similar en toda “América Latina en los últimos 30 años”, dijo el activista, quien aseguró que “la única explicación (a estos hechos) es la impunidad”.
Destacó que la primera reacción del presidente Peña Nieto, estaba “dirigida a lavarse las manos”, al asegurar que su gobierno no podía sustituir las responsabilidades y obligaciones de las autoridades estatales, como si Iguala “fuera Guatemala”.
“El actual gobierno considera que los temas de seguridad y de derechos humanos son tóxicos”, que “generan más bien problemas” y “dan una imagen de país inseguro”, aseguró. Así, “lo mejor es no hablar de ellos y esconderlos bajo la alfombra”, ignorarlos “deliberadamente, y solo si hay escándalo de proporciones gigantescas e internacionales, hacer un control de daños”, apuntó.
El director ejecutivo para América afirmó que “ese es el pecado original del actual gobierno y por el cual, paradójicamente, está pagando un precio altísimo”.
“La imagen del gobierno federal por lo de Tlatlaya primero (el caso de los militares que asesinaron a al menos ocho civiles el 30 de junio pasado y alteraron la escena para hacer creer que habían muerto en combate) y por lo de Iguala después, está por los suelos”, aseveró.
“Al igual que el gobierno anterior, parece que el actual no está dispuesto a hacer nada por alterar el estado de impunidad existente que es lo que explica lo de Iguala. Es la impunidad total”, insistió.
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