Candela Ramírez
Este 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del último golpe cívico, militar y eclesiástico, el número 46°, y se renuevan las formas de construir y reforzar la memoria colectiva sobre el pasado reciente de los argentinos. En los últimos años se está intentando ampliar la búsqueda de los 30 mil desaparecidos para abrir el camino de reconocimiento de al menos 400 personas gays, lesbianas y trans que sufrieron una persecución por su identidad de género u orientación sexual.
Desde la recuperación de la democracia a esta parte, la tríada Memoria, Verdad y Justicia resumió las principales consignas a construir en la etapa post dictadura. Luego de siete años bajo la órbita de las Fuerzas Armadas, familiares de desaparecidos y sobrevivientes encabezaron la construcción de una memoria colectiva donde el Estado argentino tuvo momentos de un gran compromiso con los derechos humanos y otros de total indiferencia.
El camino de avances y retrocesos incluyó desde la creación, ordenada por el entonces presidente Raúl Alfonsín en 1983, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), pasando por el juicio a las Juntas en 1985 -convirtiéndose así Argentina en el primer país del mundo en juzgar a sus propios genocidas- hasta las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos. En los 2000 llegaría cierto resarcimiento que daría fin a estas últimas leyes y beneficios a militares, lo que permitió que desde 2006 la Justicia investigara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino entre 1976 y1983.
Desde un primer momento hubo un punto de acuerdo entre quienes condenaron el genocidio -comunidad que fue creciendo por fuerza de los organismos de derechos humanos-: las personas desaparecidas fueron 30 mil. Negacionistas de los ochenta, noventa o de la actualidad han cuestionado sistemáticamente la cifra.
Pero se trata de un número a modo de denuncia: el número exacto no es posible de conocer ya que la represión fue clandestina. Es decir, no hay -o todavía no se terminan de encontrar- registros de las personas detenidas ni dónde fueron trasladadas ni por cuánto tiempo ni dónde fueron enterrados o arrojados sus cuerpos.
Este número icónico, cuya imposibilidad para chequear da cuenta de la magnitud de lo siniestro, contempló los secuestros de militantes políticos, sindicales, sociales, que eran considerados “subversivos”. Sobre este universo se construyeron los juicios de lesa humanidad, donde los testimonios de sobrevivientes son fundamentales para avanzar en las investigaciones.
Sin embargo, incluso desde 1983, ya hubo denuncias que no fueron tenidas en cuenta por el informe final de la Conadep. Por lo menos 400 denuncias quedaron fuera y las mismas daban cuenta de personas detenidas por su orientación sexual o identidad de género.
Un texto que circuló en Ciudad de Buenos Aires bajo el título “A la comunidad gay de Argentina” hablaba de “victimario común” entre unos y otros detenidos. La cifra 400 fue cristalizada recién en 1987 por el militante Carlos Jáuregui en “La homosexualidad en Argentina”: “No los conocimos, nos los conoceremos jamás. Son solamente cuatrocientos de los treinta mil gritos de justicia que laten en nuestro corazón”.
Ana Oberlin es abogada querellante en juicios de lesa humanidad e investigadora especializada en género, derechos humanos y derecho penal. Trabajó en Rosario y actualmente trabaja en la Fiscalía de La Plata. Tanto en una como en otra ciudad da cuenta de que las investigaciones de estos delitos son incipientes y esperan avanzar más en los próximos años.
“Podríamos diferenciar dos cuestiones: una es cómo aparece en particular el ensañamiento a personas que tenían alguna militancia activa en organizaciones ya sea armadas, sindicales, políticas, sociales, donde fuera, que tenían orientaciones sexuales heteronormativas y que fueron secuestradas en el marco de los operativos llamados antisubversión. Vemos cómo aparece en los juicios, y sobre todo en los testimonios, el ensañamiento especial por la orientación sexual. Quienes llevaban a cabo las acciones represivas tenían conocimiento, muchas veces por la inteligencia previa, de las orientaciones sexuales de las personas, y otras veces por algún dato que ocurriera al momento de la tortura. Vemos cómo se declara el particular en ensañamiento sobre gays y lesbianas en particular en el momento de estar en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio”, explicó.
Por otro lado, siguió, existió “como objetivo deliberado, la persecución a personas fuera de la cis heteronormatividad en general durante esos años, una persecución estatal que ya existía y siguió existiendo después pero que en esos años se intensificó”.
En este sentido, las más expuestas fueron las mujeres trans, sobre todo porque la mayoría no tenía otra forma de ganarse la vida más que en las calles prostituyéndose. “Eso hacía que fueran, de alguna manera, objetivos más fáciles para las policías pero no solo para las policías sino para todas las fuerzas que actuaron en la represión. Esto va surgiendo lentamente en los juicios a partir del trabajo que estamos haciendo especialmente en la Fiscalía de La Plata”, amplió.
En esta ciudad de la provincia de Buenos Aires ya existe un caso que llegó a juicio oral y otros que se están investigando “bastante rápido; la idea es poder tratarlos de manera conjunta”.
En Rosario, el fiscal Adolfo Villate explicó a este medio que hay una investigación en curso que aún se encuentra en etapa de instrucción, donde se están investigando casos de mujeres trans que durante la dictadura sufrieron la represión del terrorismo de Estado.
“Estamos recolectando la información. Lo que todavía no está muy claro es si va a ser considerado o no delito de lesa humanidad o grave violación a los derechos humanos. Hay algunas diferencias, nosotros entendemos que esto excede lo que es la dictadura militar, que estas lógicas fueron propias, incluso ellas mismas dicen, que aún en épocas de democracia posteriores a la dictadura estaban peor que durante la dictadura. Son alrededor de quince”, puntualizó. Además dijo que están en diálogo con la Comunidad Travesti Trans de la ciudad para poder avanzar en este sentido.
En 2018, diecinueve mujeres trans y travestis de Santa Fe fueron reconocidas como víctimas de la dictadura a través de la reparación histórica contemplada en una ley provincial. Fue un reconocimiento inédito en el país, por contemplarlas como presas políticas y actualmente la comunidad busca ampliar el número de beneficiarias ya que la persecución y las violaciones a sus derechos continuaron en el tiempo bajo gobiernos democráticos. Oberlin consideró que esta política debería replicarse en todas las provincias.
Para la abogada y especialista, es importante que se investiguen y reconozcan estas violencias específicas porque dan cuenta de que el modelo económico, social y cultural impuesto por las Fuerzas Armadas incluyó también un modelo sexo genérico donde quienes estuvieran por fuera de la cis heteronormatividad eran reprimidos con un especial ensañamiento.
Deuda de la democracia
En la semana de la Memoria, se vienen multiplicando las actividades organizadas por distintos ámbitos. Uno de ellos es la Dirección de Derechos Humanos y Memoria de la Municipalidad que organizó un especial homenaje a la delegación local de la Conadep que funcionó en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa -ex Bernardino Rivadavia, donde también funcionó la sede de Presa del Mundial de Fútbol 1978. En este contexto también realizaron una charla donde el eje estuvo en la persecución a las personas del colectivo LGTBIQ+ durante la dictatura.
La coordinadora del área de Memoria, Cecilia Vallina, explicó por qué dieron especial atención a este aspecto y recordó las palabras de Ivana Aguilera, una de las expositoras de la actividad que se realizó este martes, que es coordinadora del Área Travesti, Trans y No Binarie de la Facultad de Humanidades de Córdoba. Ella dijo: “Mi militancia política era mi identidad de género, mi arma y mis balas eran mi voz y mi presencia en la calle era considerada extremista, subversiva, enemiga de la patria por el simple hecho de haber nacido hombre y de haber elegido como mujer”.
En este sentido, Vallina dijo: “Me parece que la posición de Ivana que reivindica su identidad de género como aquello que desafiaba al sistema y en este caso al terrorismo de Estado es lo que tenemos que escuchar. Lo que nos está diciendo la voz de Ivana en representación también de muchas integrantes de este colectivo, de muchas, muchos y muches que se sienten identificadas con esto, que sufrieron persecución antes de la dictadura por la policía, durante la dictadura por los militares y la policía y luego con la llegada de la democracia siguieron siendo perseguidas por la policía en las distintas provincias. Perseguidas y levantadas en la calle y asesinadas, y hay muchas personas de ese colectivo que están desaparecidas porque eran asesinadas y tiradas en cualquier lugar”.
Para la coordinadora, existe una deuda en materia de juicios de lesa humanidad para que incorporen de forma masiva y sistemática estos testimonios que dan cuenta de una más de las formas del terror implantado por la dictadura. Además, señaló que “hay una deuda de la democracia de modificar y de transformar las prácticas represivas de la policía hacia este colectivo y hacia todas las personas pero particularmente este colectivo las sufre especialmente y las continúa sufriendo. Hay una continuidad que hay que resaltar”.
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