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Megaestafa: la PDI secuestró un Porsche y un BMW

Por orden del fiscal Sebastián Narvaja la PDI allanó una cochera de Avellaneda al 2100 y un galpón ubicado en Riobamba al 4200, donde procedió al secuestro de dos autos de alta gama. Ambos vehículos fueron trasladados a la sede de la Policía de Investigaciones.


En el marco de las investigaciones por la llamada megaestafa, en la que empresarios, escribanos, sindicalistas y otros profesionales están acusados de defraudación inmobiliaria se produjeron nuevos allanamientos. Por orden del fiscal Sebastián Narvaja la PDI allanó una cochera de Avellaneda al 2100 y un galpón ubicado en Riobamba al 4200, donde procedió al secuestro de un Porsche Boxter descapotable y un BMW 330I respectivamente. Ambos vehículos fueron trasladados a la sede de la Policía de Investigaciones.

La causa nació en la Unidad de Delitos Complejos y Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal Sebastián Narvaja investiga cómo un grupo de profesionales y empresarios se apoderó fraudulentamente de propiedades a las víctimas. Tiene 11 imputados. La Fiscalía pidió condenas de entre 14 y 3 años de prisión, multas e inhabilitaciones. En junio el fiscal Sebastián Narvaja imputó a otras siete personas para quienes había pedido la detención. Dos de los acusados fueron arrestados el día anterior a la audiencia, en el marco de nueve allanamientos donde el fiscal secuestró una importante cantidad de documentación y de equipos. Narvaja los imputó a todos por lavado de activos. En algunos casos en figura agravada. También por haber falsificado documentos públicos. La figura de lavado de dinero llevó al planteo en el fuero federal porque es un delito que toma la Justicia nacional.

Otras tres personas son familiares de uno de los detenidos y también se imputó al hijo de uno de los acusados que tiene prisión preventiva. Narvaja explicó: “Las causas del sistema conclusional son causas de fraudes inmobiliarios, estafas, combinado con usurpaciones violentas de determinados inmuebles”.

Uno de los imputados estaba vinculado a una de las causas que fue elevada a juicio. Los otros seis fueron por un hecho que no llegó a instancia judicial.

Narvaja estimó que la “banda” se hizo de unos 100 millones de pesos por el movimiento de propiedades, entre casas y campos. Hubo embargos a los imputados por más de 200 millones de pesos.