El Estado provincial se presentó formalmente como pretenso querellante en la causa por la megaestafa inmobiliaria, que también investiga una asociación ilícita y el lavado de activos. La audiencia se realizó ayer y los defensores de los 11 implicados en el caso que investiga una serie de defraudaciones con propiedades que involucra a empresarios, escribanos y contadores, entre otros, resistieron fuertemente la solicitud. La provincia basó su pretensión en las afecciones a los intereses públicos vinculados con la fe pública, a la faz económico-financiera y a la posible responsabilidad de funcionarios o empleados públicos, mientras que las defensas de los implicados fueron vehementes en su rechazo al sostener la falta de cumplimiento de los requisitos formales y la inexistencia de legitimación para presentarse, entre otros argumentos. La audiencia fue presidida por la jueza Mónica Lamperti, que dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles cuando dará a conocer si admite o no la participación del Estado provincial como parte en el proceso.
En representación de la provincia el abogado Juan Carlos Carbone solicitó la constitución de querellante del Estado provincial en la causa. El letrado sostuvo entre sus argumentos que los hechos investigados podrían afectar bienes jurídicos vinculados directamente con la administración provincial; incluso podrían surgir responsabilidades de funcionarios o empleados provinciales, por lo que podría caberle una responsabilidad disciplinaria.
Añadió Carbone que si bien la causa versa sobre negocios privados, ellos se realizaban a través de documentos públicos y esas falsificaciones pueden generar una posible afectación a los intereses del Estado. Explicó que según la ley de notariado de la provincia los registros de escribanos son bienes del Estado y refirió que hay afectación a la fe pública, ya que los notarios ejercen una función pública delegada por el Estado. A su vez hizo referencia a los perjuicios al orden económico y financiero; puntualmente hizo foco en el delito de lavado de activos y la competencia desleal que ejercen quienes intentan introducir al sistema formal bienes obtenidos ilícitamente. Hizo referencia a las transacciones simultáneas de bienes objeto de investigación a un valor menor al correspondiente y sostuvo que la afectación se dio en la subvaloración de los inmuebles involucrados en la operatoria.
Por su parte los defensores Jorge Ilharrescondo y Oscar Romera tuvieron la postura más severa en cuanto a la oposición a que la provincia tenga participación en el proceso. Tras el fundamento de Carbone, plantearon el rechazo “in limine” por cuestiones formales, aunque la jueza no hizo lugar a ello. Luego el resto de los defensores –Jorge Bedouret, Hugo Leguizamón, Maximiliano Nicosia, Marcelo Piercecchi, Ignacio Carbone, Adrián Martínez, Carlos Varela, Froilan Ravena, Juan Lewis– hizo una catarata de objeciones a la participación de la provincia y solicitó su rechazo, a excepción de una de las defensas, que afirmó que es una cuestión muy sensible el ingreso del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, y que este pedido de participación es político y fue anunciado por el gobernador en los medios tras los allanamientos. A pesar de ello, el abogado aclaró que no se va a oponer, porque tiene la firme convicción de que su defendido no debería estar imputado y está inmiscuido por un error subjetivo de la Fiscalía.
El resto de los letrados vincularon sus rechazos con la falta de poder al momento de la presentación del pedido, a la necesidad de ser ofendido penal para ser querellante, a la falta de sustento normativo para que un organismo público se constituya en parte, ya que con el criterio de la Fiscalía cualquier ente estatal podría sumarse a la causa. No dejaron de lado la falta de personería jurídica y del cumplimiento de los requisitos formales y la igualdad de armas durante el proceso.
Tras varias horas de audiencia la jueza dispuso un cuarto intermedio cuando el próximo miércoles, donde dará a conocer su decisión sobre el pedido de querellante de la provincia.
Otro pedido
Durante la tarde de ayer tuvo lugar otra audiencia de constitución de querellante en la misma causa. Esta vez el último comprador de un campo ubicado en Villa Amelia que fue objeto de un fraude y sobre el que se realizaron sucesivas transferencias solicitó ser parte en el proceso. Se trata de Juan Borghi, uno de los titulares de la inmobiliaria Gilli que adquirió el predio a los fines de realizar un parque industrial requirió ser parte en el proceso. Tras la exposición de las partes, la jueza Mónica Lamperti también dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para dar a conocer su decisión sobre la posibilidad o no de que Borghi ingrese a la causa.
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