Con el objetivo de optimizar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, el Senado provincial aprobó en su última sesión un paquete de leyes contra la inseguridad, que ahora fue girado a la Cámara de Diputados. Entre otros puntos, se busca modificar las condiciones de allanamiento y detención, la forma en que se decide la prisión preventiva y, al mismo tiempo, instaurar un sistema de protección de querellantes, imputados y testigos de procesos penales.
Todos los proyectos tienen media sanción unánime del Senado y se encuentran en estudio en la Cámara baja. Las reformas son impulsadas por el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, quien trabajó junto a los senadores en la elaboración de las iniciativas. Según explicó el vicegobernador Jorge Henn, presidente del Senado, la intención es “optimizar las herramientas para combatir la inseguridad en la provincia”.
En la misma sesión se aprobó también la creación del Organismo de Investigaciones (o Policía Judicial), que será el instrumento del Ministerio Público de la Acusación para la persecución de los delitos complejos y de los delitos cometidos por funcionarios públicos.
Como se introdujeron modificaciones respecto del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, el tema deberá ser tratado una vez más en el recinto para su sanción definitiva.
Allanamientos
El paquete de leyes votado el último jueves lleva las firmas de los senadores radicales Hugo Marcucci, Lisandro Enrico y Felipe Michlig y del socialista Miguel Lifschitz. Por un lado, se busca modificar el artículo 169 del Código Procesal Penal de la provincia (ley 12.734) en lo referido al protocolo para efectuar los allanamientos.
La iniciativa establece que cuando el registro deba efectuarse en una morada, casa de negocio, oficina, y siempre que no se contara con la autorización libre y previamente expresada por quien tenga derecho a oponerse, el Tribunal ordenará el allanamiento.
La medida podrá ser cumplida personalmente por el Tribunal o en su defecto éste expedirá orden escrita en favor del Fiscal de Distrito, o del funcionario judicial o policial a quien se delegue su cumplimiento.
Protección de testigos
También se dio media sanción a una iniciativa que tiene por objeto regular la protección de querellantes, imputados y testigos en procesos penales, cuando existiere peligro fundado de sufrir ataques contra su vida o integridad psicofísica, o en sus bienes, en virtud de su declaración ante la Justicia. El proyecto crea el Programa de Protección de querellantes, imputados y testigos, dependiente del Ministerio Público de la Acusación de la provincia.
Detenciones
La Cámara de Senadores también aprobó un proyecto del senador Marcucci por el cual se modifican artículos del Código Procesal Penal, entre ellos el que se refiere a la detención, cuyo nuevo texto establece que la detención y toda medida para su ejecución será ordenada por el fiscal contra aquel imputado a quien los elementos reunidos en la investigación penal preparatoria le autorizaran a recibirle declaración como tal, siempre que existan indicios suficientes sobre su participación en un hecho delictivo.
En ese marco, se modificarían los artículos sobre la presunción de peligrosidad procesal, la audiencia oral y otros que hacen a una herramienta que lleva a un procedimiento abreviado.
Prisión preventiva
Otra de las modificaciones al Código Procesal Penal se refiere a la procedencia de la prisión preventiva. El proyecto modifica aspectos que hacen a las alternativas de la prisión preventiva y la atenuación de la coerción. Ya había sido votado el año pasado por el Senado, pero cosechó fuertes críticas, desde todos los ámbitos, y nunca se trató en la Cámara de Diputados.
Mensaje a Diputados
La aprobación unánime de todos los proyectos (que reforman en total 29 artículos del nuevo Código Procesal Penal) fue posible por un trabajo conjunto entre los distintos bloques se senadores y el fiscal De Olazábal.
El vicegobernador Henn sostuvo: “La seguridad es un tema que nos preocupa y ocupa a todos y cada uno debe realizar su aporte desde el rol que ocupa en la estructura del Estado. En la Legislatura hemos realizado un trabajo a conciencia entre todas las fuerzas políticas para poder abordar modificaciones en la Justicia penal que ajusten el sistema para poder actuar en hechos delictivos con mayor celeridad y eficacia”.
“Sancionamos estas leyes entendiendo el problema en su justa dimensión y dándole una respuesta a la gente que nos reclama por más seguridad”, agregó Henn. “Sin dudas estas normas que se aprobaron son cambios estructurales que nos permiten continuar trabajando para poder vivir en paz. Es cierto que todavía deben ser abordadas en la Cámara de Diputados, pero estoy convencido que los legisladores estarán a la altura de las circunstancias y se dará pronto despacho”, indicó.
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