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En la mira

“Mafia de los medicamentos”: apartaron al juez Oyarbide

La Sala II de la Cámara Federal porteña lo denunció por mal desempeño de sus funciones ante el Consejo de la Magistratura.


La Cámara Federal porteña apartó al juez federal Norberto Oyarbide de la investigación de la llamada “mafia de los medicamentos” y lo denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.

La Sala II de la Cámara Federal, compuesta por los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun, sostuvo que Oyarbide incumplió las órdenes contenidas en dos fallos para que la investigación por presunto lavado de dinero fuese enviada a su par Ariel Lijo, quien investigaba hechos similares en relación a una causa de lavado de activos de origen delictivo.

Pese a ello, Oyarbide no cumplió con esas resoluciones y sobreseyó por ese delito al ex superintendente de Servicios de Salud (SSS) Héctor Cappacioli, al ex legislador del Frente para la Victoria Sebastián Gramajo y al director de Lotería Nacional Hérnan Diez –los tres a cargo de la recaudación de fondos para la campaña presidencial de 2011 de Cristina Kirchner y Julio Cobos– y al empresario Gabriel Brito.

Sin “presumir las razones que pudieron llevar a repetir esa irregularidad” de sobreseer a los ex funcionarios sin cumplir las órdenes del tribunal de alzada, “sí habrá de observarse que, cualquiera sean esos motivos, un fallo dictado en semejantes condiciones torna aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para supuestos asimilables”, indicaron los camaristas.

Según el alto tribunal, señalaron los camaristas, “la omisión de las formalidades sustanciales del fallo determinan su inexistencia”, por lo que resolvieron anular los sobreseimientos dispuestos, apartar Oyarbide de la causa y denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura.

La Sala II de la Cámara Federal, con la firma de sus tres integrantes, resolvió un incidente correspondiente a la causa públicamente conocida como “mafia de los medicamentos” y en la parte dispositiva decidió declarar inexistente e ineficaz el pronunciamiento del 25 de marzo de 2014 emitido por Oyarbide, titular del Juzgado Federal 5, “exclusivamente por cuanto sobresee a Héctor Capaccioli, Hernán Diez, Gabriel Brito y Sebastián Gramajo” en orden a los cargos por los delitos de “encubrimiento y lavado de activos”.

Asimismo, dispuso el apartamiento de Oyarbide “de las presentes actuaciones y sus conexas” y poner en conocimiento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación la situación descripta en la resolución”.

En los considerandos del fallo, los camaristas explicaron las razones de esas disposiciones al señalar que a Cappaccioli, Brito, Diez y Gramajo se les imputó originariamente “el delito de lavado de activos provenientes de un delito con relación a fondos recibidos para financiar la campaña electoral del Partido Frente para la Victoria con miras a las elecciones presidenciales de 2007”.

“La intervención de Oyarbide –señalaron– con relación a esos hechos se extendió (o debió extenderse) hasta el 9 de abril de 2012”, ya que en esa fecha la Presidencia de la Cámara definió que la competencia (por conexidad) correspondía a Lijo.

“Allí, se decidió que, en lo sucesivo, todo lo relativo a esas imputaciones sería investigado sólo por el juez Lijo. Sólo ese juez podía (y puede) expedirse sobre la situación procesal de los imputados, en cualquier sentido”, aclaró a la agencia NA una fuente del tribunal.

Sin embargo, “soslayando lo anterior, el 18 de abril de 2013, Oyarbide se expidió sobre el mérito de las imputaciones enunciadas, pese a que no intervenía más en el caso, ya asignado a otro juez federal”.

Murió el juez Blanco

El juez federal platense Manuel Humberto Blanco, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires y a cargo de varias causas resonantes, falleció ayer a los 70 años por una descompensación cardíaca. Tenía a su cargo el Juzgado Federal 1 de La Plata y subrogaba el 3, y a lo largo de sus 30 años como juez federal tuvo a su cargo investigaciones sobre delitos de lesa humanidad, entre los que se cuentan la Unidad Penitenciaria 9, el centro clandestino de detención La Cacha, Cementerio de La Plata, Triple A y por apropiación de menores durante la dictadura militar.

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