Marcos De Carlo
Por Ezequiel Nieva / Marcos De Carlo
Por decreto, el gobierno nacional fusionará bajo el nombre Integración Energética Argentina SA a las actuales compañías Energía Argentina SA (Enarsa) y Emprendimientos Binacionales SA (Ebisa). A través de la norma publicada ayer en el Boletín Oficial, se ponen en venta activos del Estado nacional que incluyen seis centrales termoeléctricas, tres de ellas en la provincia de Santa Fe. “Un intento privatizador”, según denunciaros desde el Sindicato de Luz y Fuerza.
El decreto 882/2017 firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Energía Juan José Aranguren abre la puerta al avance del capital privado sobre el sistema de energía. Con la venta de activos, el gobierno central estima recaudar –en un cálculo conservador– unos 1.000 millones de dólares que serán destinados al repago de obras en ejecución y a obras a ejecutar a futuro.
El gobierno de Macri avanzará hacia la “venta, cesión u otro mecanismo de transferencia” de las acciones de las centrales Ensenada de Barragán, Dique, Güemes, Puerto, Patagónicas y la empresa de transporte de energía troncal de la Patagonia. También se ponen en venta, cesión o transferencia de “los derechos que correspondan al Estado nacional” sobre los las termoeléctricas Manuel Belgrano, Guillermo Brown y tres que se encuentran en la provincia de Santa Fe: Brigadier López (en Sauce Viejo, y José de San Martín y Vuelta de Obligado (en Timbúes). Esta última, cuando se inauguró en 2014 se comunicó que el Estado poseía el 70% de las acciones.
La central Brigadier López fue inaugurada el 30 de agosto de 2012. Ubicada en el parque industrial de Sauce Viejo, dispone de una potencia instalada de 280 MW (megavatios). En tanto, las termoeléctricas de Timbúes operan con una potencia conjunta de 1.350 MW.
Por el contrario, se mantendrán ajenas al proceso de “valorización” las represas santacruceñas Cóndor Cliff y Barrancosa, la Central Térmica Río Turbio, el Gasoducto del Noreste Argentino GNEA y la ampliación de tres gasoductos de reciente adjudicación, entre ellos Esperanza/Rafaela/Sunchales.
“Desburocratización”
Desde el gobierno nacional explicaron que las medidas pretenden “generar condiciones para una mayor eficiencia, a tono con el programa de desburocratización del Estado, mediante la reducción de su peso en muchas decisiones económicas pero sin dejar de controlar los procedimiento administrativos”.
El macrismo también cuestionó “la larga historia de Enarsa de falta de transparencia que el gobierno comenzó a modificar en diciembre de 2015 mediante una transición que hoy se completa con esta medida que, además, busca generar las condiciones para que sea un instrumento para la integración interna y con los países vecinos”.
Las principales medidas del decreto contemplan la absorción por parte de Enarsa de la empresa Ebisa, la que tiene por responsabilidad principal la comercialización de la energía entregada por los emprendimientos binacionales y además es el vehículo por la cual el Estado ejerce sus derechos accionarios en la Entidad Nacional Yacyretá, ambas encuadradas bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minería.
Con esta medida, Macri quiere “darle un punto de quiebre al pasado de Enarsa”, la empresa creada en diciembre de 2004 por Néstor Kirchner que tiene bajo su responsabilidad, entre otras funciones, la importación de gas natural desde Bolivia, el intercambio de gas natural con Chile, y las compras de los embarques de GNL.
Cambios de nombres
El decreto presidencial ordena el renombramiento de las centrales hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz. Dejarán de llamarse Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (gobernador de Santa Cruz en los 70) y volverán a tener sus nombres originales: Cóndor Cliff y Barrancosa.
“Intento privatizador”
“Es un intento privatizador”, lanzó ayer el secretario general de Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Botto, al referirse al decreto 882/2017 que se publicó ayer en el Boletín Oficial y que, entre otros puntos, apunta que el Estado se desprenda de su participación en al menos 12 centrales eléctricas del país, entre ellas las termoeléctricas General San Martín y Vuelta de Obligado en Timbúes y Brigadier Estanislao López en Sauce Viejo, para venderla a capitales privados.
“Obviamente que no estamos tranquilos porque ideológicamente estamos en contra de las privatizaciones. Ya estamos hablando con algunos legisladores a nivel nacional para que se proteja el patrimonio de los argentinos. Quieren transferir las acciones al sector privado. Nosotros no acompañamos esa política”, explicó Botto en declaraciones a El Ciudadano.
“Creemos que el Estado tiene que estar presente si queremos que le resuelva los problemas a la gente, no un Estado en retirada como con este gobierno nacional donde lamentablemente la gente va a pagar consecuencias muy duras”, insistió el dirigente gremial.
“Ya sabemos lo que significa desprenderse del patrimonio del Estado, lo vivimos en la década del 90. Así terminamos después. Estamos alertando que con estas políticas nos están conduciendo a una crisis terminal”, denunció el referente de Luz y Fuerza.
“No es que estamos en contra porque se nos ocurre, acá hay una enorme concentración de recursos en pocas manos y cuando se ven perjudicadas las grandes mayorías, es preferible empezar a tomar los recaudos ahora sino después va a ser muy duro remontar esto”, agregó.
Además, Botto pidió “un amplio debate” antes de rematar las propiedades del Estado a través de un decreto presidencial: “Cada uno de este tipo de cuestiones que tienen que ver con el patrimonio nacional, a nuestro criterio se tendría que dar un amplio debate con la sociedad. Con eso salimos airosos”.
De todos modos, el sindicalista indicó que no lo sorprendió esta decisión de Mauricio Macri: “Lo venimos anunciando desde un primer momento. Desde que asumió el gobierno estamos alertando lo que iba a ocurrir con el regreso de las políticas del libre mercado. Para ellos el Estado es mala palabra. Nosotros creemos que el Estado tiene que estar presente, no ser un Estado bobo. Se lo descalificó bastante al Estado y nosotros no creemos que deba ser así”.
Botto anunció que desde el Movimiento Sindical Rosarino y el flamante Movimiento Obrero Santafesino, se van a poner al frente del rechazo a las políticas entreguistas del gobierno de Cambiemos.
