El gobernador Antonio Bonfatti encabezará hoy a las 11 el acto de puesta en vigencia de la nueva Justicia Penal, donde dará a conocer el decreto que establece como fecha de inicio el 10 de febrero de 2014 y designará a los fiscales y defensores que actuarán en el sistema. La ceremonia tendrá lugar en el Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe.
Tras dar a conocer el decreto de puesta en vigencia de la nueva Justicia Penal, decisión que el gobernador ya había anunciado en septiembre pasado luego de una reunión con la Corte Suprema y el fiscal general de la provincia, Bonfatti designará a los 79 nuevos funcionarios del sistema. Son los fiscales y defensores que rindieron un concurso público previo y que ya cuentan con acuerdo de la Legislatura, porque sus pliegos fueron aprobados en diferentes asambleas legislativas que se vienen llevando a cabo desde el 13 de septiembre de 2012.
Puesta en marcha
En un parte de prensa, el gobierno resaltó que “para poner en marcha este modelo de enjuiciamiento penal fue necesario crear dos instituciones desde cero: el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), órganos autónomos y autárquicos, independientes entre sí y del resto de los órganos judiciales, aunque integran en sentido amplio dicho poder”, y resaltó que estos nuevos funcionarios “son la primera camada que trabajará bajo los lineamientos del modelo acusatorio, oral y público (el régimen anterior se denominaba inquisitivo y era secreto y escrito)”.
Estos nuevos funcionarios desempeñarán sus cargos en distintos distritos de la provincia: Rosario, San Lorenzo, Villa Constitución, Cañada de Gómez, Casilda, Venado Tuerto, Melincué, Santa Fe, San Jorge, San Javier, Tostado, Rafaela, Reconquista, Vera y San Cristóbal.
Los fiscales van a dirigir la investigación, formular acusación, actuar en juicio y formular impugnaciones ante los tribunales correspondientes, en tanto los defensores garantizarán el acceso real al derecho de defensa.
“Debe tenerse en cuenta –aclararon– que la defensa pública es subsidiaria, es decir si el imputado no quiere o no puede pagar un abogado defensor la provincia se encarga de asegurarle ese derecho. La regla sigue siendo que el imputado de cometer un delito elige a su defensor”.
“Un cambio histórico”
En un racconto del proceso que llevó a esta inminente implementación, desde el Ejecutivo provincial dijeron: “El nuevo Código Procesal Penal fue aprobado a finales de 2007 y empezó a regir en parte el 14 de febrero de 2009. Esto quiere decir que su implementación fue progresiva y por materia, de acuerdo a una ley que había sancionado la Legislatura en 2008. En concreto, entraron en vigencia institutos previstos en el nuevo Código que eran factibles de funcionar con las actuales estructuras, como las cuestiones vinculadas al principio de oportunidad, la querella y la asistencia a la víctima. Cada paso que se dio hacia el nuevo sistema de enjuiciamiento representó un avance en términos de poder. A partir del 10 de febrero de 2014, la implementación será total, definitiva y en toda la provincia”.
Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, órgano de implementación de la reforma desde sus inicios, agregaron que “se trata de un cambio histórico que contribuye a una mayor calidad institucional porque implica participación, publicidad, agilidad y transparencia”.
“El nuevo sistema implica diferentes lógicas de pensamiento, rutinas y circuitos de trabajo ya que el modelo acusatorio se basa en audiencias orales a las que pueden acceder todas las partes, los periodistas y la ciudadanía en general”, aclararon.
“La víctima de un delito es escuchada, respetada y atendida, deja de tener un papel pasivo y se vuelve partícipe de todo el proceso. Las víctimas reciben asistencia integral e interdisciplinaria, contención, respuesta, y pueden querellar”, agregaron desde el Ministerio.
