Este miércoles los directivos de la firma Guardati Torti fueron detenidos durante dos allanamientos que se llevaron adelante por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Este jueves Juan Carlos Guardati y Ángel Alberto Torti fueron nuevamente imputados, esta vez por firmar contratos donde se comprometen a pagar a acreedores una suma de dinero de 7 mil dólares en un caso y 65 mil dólares en otro a modo de reparación, pero este pago quedó supeditado a sus votos favorable en el concurso de acreedores. El juez Hernán Postma dictó la prisión preventiva de los empresarios por 3 meses.
La empresa Guardati Torti explota una financiera y una corredora de cereales. Para el jefe de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos y Complejos Sebastián Narvaja, los imputados firmaron a principios de junio un convenio con un acreedor por 65 mil dólares en cuatro cuotas a modo de reparación económica, la que quedaba supeditada a el voto favorable de este en el concurso de acreedores. Lo mismo sucedió con otro acreedor donde el acuerdo firmado fue por 7 mil dólares.
La fiscalía accedió a esta información cuando uno de los acreedores, que fue desapoderado de 17 millones de pesos, se acercó a acompañar el documento y consultar la opinión de la fiscalía en el tema.
Guardati Torti: los directivos seguirán libres y fueron inhibidos mientras avanza la investigación
El miércoles ambos fueron detenidos, uno de ellos en un edificio de Salta al 100 y otro en Mitre al 1300 además se secuestró documentación y celulares. A esta medida le precedió un allanamiento en una escribanía ubicada en el primer piso de la Galería del Rosario, donde se secuestró los documentos firmados del convenio. Este jueves el fiscal imputó a ambos sospechosos por el delito de colusión, es la cuarta imputación que enfrentan.
El inicio del ocaso
El default de Vicentín encendió las alarmas a los ahorristas de Guardati Torti, a lo que le siguió un comunicado con las dificultades económico financieras que atravesaba la empresa y 42 denuncias de ahorristas que vieron vaciadas sus cuentas.
Una prórroga más para la concursada firma Guardati Torti S.A.
El diciembre los directivos Ángel Alberto Torti y Juan Carlos Guardati, Natalia Susana Guardati, Noemí Alicia Ponte, Susana Margarita Alesandrini, Alejandro Damián Giacomino, Juan Martín Guardati y Laura Marcela Torti y el síndico titular Gustavo Ricardo Rossi, fueron imputados por varios delitos vinculados a la falsificación de balances y desmanejos.
En febrero se hizo una segunda imputación por 156 hechos de administración fraudulenta. Los sindicó como “los autores de maniobras ilegales cometidas en violación de los deberes que tenían a su cargo como administradores de la sociedad y responsables de la administración y custodia de fondos de terceros para beneficiarse económicamente con el provecho de una serie de actos desleales de administración de los intereses pecuniarios de los clientes de la firma”.
La tercera imputación llego a fin del mes pasado por el vaciamiento de una cuenta de una empresa de transporte por 19 millones.
Esta vez fueron imputados por el delito de colusión que se produce cuando se hace un convenio que estipula ventajas especiales para el caso de aceptación de un concordato convenio o transacción en el que intervenga un deudor, director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa o persona jurídica de otra índole en estado de quiebra o concurso.
El juez Hernán Postma tuvo por formalizada la audiencia y respecto al pedido de prisión preventiva dijo que no estarían en la audiencia si no se hubiera puesto el párrafo donde se supedita la efectivización del convenio a un voto positivo en el concurso.
El magistrado dijo que el dictado de la libertad con restricciones que se dictó en la audiencia anterior caduca con la comisión de un nuevo delito. Tras lo cual evaluó los requisitos de la prisión preventiva y dijo que en caso de una condena será efectiva, se trata de delitos graves que se cometieron cuando los imputados estaban gozando de una alternativa a la prisión preventiva y dictó un encierro por 90 días.
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