Hay lugar. El Concejo Municipal aprobó ayer por unanimidad un proyecto de ordenanza de autoría de los ediles María Eugenia Schmuck y Jorge Boasso que dispone que las unidades del transporte urbano de pasajeros deberán contar contar con “asientos o butacas especiales para personas con obesidad y/o características antropométricas especiales”. La normativa alcanza a todo el sistema –que ya tiene reservados asientos de cada unidad para personas con discapaciadad– ya sea empresa de capital estatal, mixto o privado.
La iniciativa de los concejales, ambos enrolados en el bloque Radical, contempla también que el numero de butacas especiales, que por obviedad deberán ser diferentes a los “comunes”, estará en relación con el total de asientos que tenga cada unidad. Así, si el ómnibus cuenta con hasta 30 asientos, deberá tener una butaca especial como mínimo, pero si supera el número los asientos especiales deberán ser dos o más.
La ordenanza establece también un plazo para la reglamentación al Ejecutivo, fijado en 90 días. El condicionamiento responde a un sordo malestar entre los ediles –aun del oficialismo– por proyectos aprobados que no se cumplen pero tampoco registran incumplimiento: sencillamente no se reglamentan, y por tanto no entran en vigencia.
Para remediarlo se fijó el plazo de tres meses, a los que se suma un compás de dos años: dentro de ese plazo las unidades del transporte urbano deberán adecuarse a la normativa, instalando las butacas especiales cuyas dimensiones y características técnicas –así como las penalidades ante inclumplimientos– serán determinadas por la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana.
La normativa no establece qué ocurrirá con los colectivos interurbanos, sobre los que no tiene jurisdicción, aunque algunas líneas prestan servicio dentro del ejido urbano de la ciudad. En ese caso la adecuación podría ser por la vía de la negociación: ya en la sesión pasada, el Concejo aprobó un pedido al Ejecutivo para incorporar en el sistema “¿Cuándo Llega?” los servicios del 35/9 que presta la empresa Rosario Bus.
Transporte y trabajadores
Los concejales Schmuck y Boasso, junto a su compañero de bloque Sebastián Chale, presentaron ayer un pedido de informes al Departamento Ejecutivo sobre la bonificación a usuarios del transporte urbano de pasajeros por la carga del equivalente a 40 pasajes. El beneficio fue establecido por la ordenanza 8.498 de 2010, cuando, en abril de ese año, el Legislativo trataba una suba del boleto pedida por el Ejecutivo. A instancias de Boasso, la ordenanza estableció en ese entonces, cuando las tarjetas para el pasaje eran todavía de cartón, la creación de la “tarifa laboral” o “boleto de uso frecuente”, con un descuento del 15 por ciento en la compra de un pack de 5 tarjetas de 8 viajes cada una. Pero sucesivos retoques al precio del boleto fueron achicando la brecha en el boleto urbano, ya con la tarjeta sin contacto reemplazando a las de banda magnética. Actualmente, la máxima carga que admite el sistema es de 150 pesos, con un beneficio de 13,64 pesos extra, lo que equivale a unos 41 viajes y medio. Pero el descuento aplicado allí ya no es del 15 por ciento, sino del 9,1. Y en el proyecto de reajuste de la tarifa urbana girado por el Departamento Ejecutivo –propone un boleto a 4,80 pesos y de 4,40 para el uso frecuente– el beneficio cae a un 8,33 por ciento, es decir poco más de la mitad del descuento original.
Comentarios