Si el mundo fuera plano, el profesor Carlés estaría a punto de lograr un empleo para sus próximos 42 años de vida, más del doble de la edad que tiene hoy. El gobierno que lo propuso estaría ganando, además, un magistrado amigo por ese lapso, que está más allá del futuro, aquello que Octavio Paz definió como tan irreal como la eternidad. Pero lo que está detrás de esta propuesta de un joven brillante, saludado como un profesor estudioso y prolijo –aunque sin experiencia judicial– no es cubrir la vacante que dejó Eugenio Raúl Zaffaroni, sino emprender un torneo político que está en el eje de la estrategia del peronismo que gobierna: darle a la militancia otra oportunidad de mostrar adhesiones y rechazos, un corsé para disciplinar a los propios que tientan en estas horas buscando una querencia que les dé una sobrevida después del 10 de diciembre.
Lo que necesita el gobierno no es un juez de la Corte, sino la batalla por afirmar su posición usando la obligación constitucional de proveer la vacante en ese tribunal dentro de los 30 días después de la baja de Zaffaroni. Si lo necesitase hubiera elegido, quizás no otro nombre pero sí seguramente otro método. El renunciado Zaffaroni, un librepensador entre las fieras, recordó al retirarse que la Constitucíón impone la mayoría especial al acuerdo de un juez de la Corte para que los legisladores acuerden, no para que se peleen o usen ese trámite para mostrarse los dientes.
Si hubiera necesitado una designación efectiva en el tribunal, el gobierno habría hecho una consulta política con los bloques de la oposición y buscar un método pacífico de designación de un nombre también elegido en paz.
En 1983 Raúl Alfonsín, que tampoco tenía los 2/3 de los votos en el Senado, acordó las designaciones del nuevo tribunal con el peronismo que controlaba Vicente Saadi. Necesitaba una Corte y la negoció.
En 1989 Carlos Menem también dijo necesitar una Corte que entendiese la nueva Argentina que había diseñado José Roberto Dromi en las leyes de reforma del Estado.
Buscó el atajo de la ampliación porque la oposición radical se negó a negociar cambios.
El juez Jorge Bacqué definió el método como un copamiento del tribunal por anegamiento. El ingreso del lote menemista y las nuevas designaciones de jueces fue descrito por el entonces ministro León Arslanian como un intento de designar “esperpentos” (lo dijo en un reportaje con Ámbito Financiero, que consagró ese lema).
Ese envión menemista tuvo su freno con el Pacto de Olivos, que transó la renuncia de algunos jueces para que asumieran nombres negociados con el radicalismo como en 1983.
La suerte de ese tribunal navegó durante una década, deshilachando el prestigio de la Corte con la leyenda de la mayoría automática (hay estudios que defienden lo contrario, pero la leyenda se impuso).
Cuando asumió Eduardo Duhalde, el tribunal fue el blanco de los cacerolazos porque se entendía que eran los responsables de la pesificación. Ese gobierno logró reencaminar las protestas de la Plaza de Mayo a la Plaza de Tribunales, pero fue vendido por los jueces de Julio Nazareno. Cuando Duhalde anunció que daría un viernes un discurso pidiéndole a la Corte que diese un paso al costado, le respondieron por lo bajo que si hacía eso voltearían la pesificación de la economía. Ese viernes el dólar llegó a 4 pesos, pero bajó cuando el gobierno se declaró vencido.
Asumido que fue Néstor Kirchner, y siguiendo como en otros temas el legado del antecesor, el peronismo cargó contra la Corte que ese partido había impuesto en la década anterior. Sirvió, como sirve ahora esta pelea que comienza por la designación de Carlés, para amalgamar al peronismo en torno del nuevo presidente. Fue a través del juicio político a algunos de sus miembros en el Congreso, hasta la destitución de Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor, y la renuncia de Guillermo López y Julio Nazareno.
¿Necesitaba Néstor Kirchner una nueva Corte? ¿Hubiera esa Corte que heredó contradicho el programa que se había iniciado con Duhalde y que él prolongó hasta con su propio Gabinete? Seguramente que no, pero sí lo necesitaba para doblegar al peronismo del Senado, forzarlo a votar la destitución de los mismos jueces que ellos habían designado por pedido de Menem. Aquella Corte que era un sueño de Jorge Yoma debía caer con el voto de Jorge Yoma y ese fue el gran triunfo de Kirchner.
Lo que vino es conocido: reducción de miembros y asunción de Zaffaroni, un hombre que había confrontado con los Kirchner hasta el extremo del agravio. Esa incorporación del penalista más encumbrado del país le dio color a la Corte y demostró la eficacia del método de selección de cuadros del kirchnerismo, que se nutre de ex adversarios que fueron doblegados.
La elección de Carlés para esta puja no puede ser más oportuna. No tiene militancia política –tampoco profesional como abogado ni como judicial–, no pertenece a La Cámpora, no adhirió a Justicia Legítima, fue abanderado del colegio, manifiesta fuertes convicciones católicas después de cursar estudios en establecimientos confesionales, fue amigo de esa musa del nacional-catolicismo que fue Alicia Oliveira, que fue quien lo acercó al Papa para que fuera el símbolo del rechazo de Francisco al plan Massa de hacer un plebiscito contra la reforma penal.
Quienes lo vieron trabajar como coordinador de la comisión redactora del proyecto de Código Penal –la mayoría de la oposición– tienen la mejor opinión de él. Es inatacable, salvo porque es el mascarón de una pelea que habrá que preguntarle por qué acepta protagonizar. No es un político pero los políticos harán pasto de él. No por el hombre sino por la faena, se enardecerán contra él los opositores que ya prometieron que no le votarán un juez de la Corte a este gobierno. Estos concentrarán el fuego en el método, el gobierno les responderá con la pulcritud del candidato. Una situación de win-win en la que habrá un solo herido, el profesor Carlés.
A menos que se produzca una nueva vacante en el tribunal en el futuro cercano, según esa leyenda que dice que Ricardo Lorenzetti tiene en el bolsillo la renuncia de Carlos Fayt, que puede presentarla, por decir una fecha, en febrero. Habrá en ese caso dos vacantes y si uno más uno son dos, habrá un juez para cada tribu. Pero como ya están en plena campaña quizá es lo que menos quieran las dos.
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